El INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, 2022. Es la fuente con base en la cual el CONEVAL lleva a cabo la medición multidimensional de la pobreza, la cual es la medición oficial considerada en la Ley General de Desarrollo Social, así como en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
La medición de la pobreza y la metodología para realizarla han sido motivo de debate desde la década de 1990; y más allá de ser una preocupación conceptual, en realidad el debate se dio en el terreno político para evitar que los gobiernos utilizaran los datos a su conveniencia y para garantizar niveles mínimos de confiabilidad en torno a los resultados de las políticas públicas en la materia. Dicho de otro modo, la exigencia de los partidos políticos de oposición en aquel momento, era que las cifras de pobreza no se utilizaran como parte de la propaganda político-electoral para beneficiar al partido en el poder.
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Para ello se creó, en la década de los años 2000 el Comité Técnico de Medición de la Pobreza, el cual era parte orgánica de la entonces Secretaría de Desarrollo Social; para posteriormente, gracias a la reforma constitucional de 2008, crearse el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, como organismo público autónomo del Estado mexicano.
Al respecto hay tres temas que se han discutido desde ese entonces: 1) en primer lugar, que el debate en torno a la pobreza y su medición depende directamente de la perspectiva conceptual que se asume. Y en la lógica de pensamiento imperante de las últimas décadas, se ha pensado predominantemente que la pobreza está vinculada a la insuficiencia de ingresos para adquirir lo necesario para vivir.
Al respecto, a partir del año 2011 surgió una nueva discusión, pues a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y con ello, la edificación de un nuevo paradigma interpretativo de la Carta Magna, debió modificarse radicalmente la medición de la pobreza para enmarcarla en este paradigma amplio de interpretación de la Carta Magna, pero también de todo el sistema convencional del que México forma parte.
El tercer tema, vinculado con lo anterior, está relacionado con los parámetros y umbrales que se utilizan para medir la pobreza. Por ejemplo, en la medición se considera la afiliación a servicios de salud, pero o el acceso efectivo a los servicios públicos. Esto implica una cuestión de enorme relevancia porque ocurre en México que, a pesar de que la mayoría de la población tiene afiliación a servicios de salud, en realidad también una inmensa mayoría se atiende en consultorios privados, y mayoritariamente, en los adyacentes a farmacias.
Se incluyen indicadores relativos a servicios disponibles en las viviendas, pero no otros que indiquen que efectivamente se accede a los mismos: agua potable, drenaje, alcantarillado, etc.
Por eso el CONEVAL debe iniciar un proceso de reflexión y debate con universidades, centros de investigación y la sociedad civil, porque los umbrales y parámetros de medición no responden de ningún modo a la complejidad y amplitud que debe tener la medición de la pobreza, si se piensa frente al citado paradigma de derechos humanos.
Y también frente a lo anterior, es que debe señalarse el despropósito de considerar que hay una buena marcha del gobierno y un diseño apropiado de políticas públicas, sin llevar a cabo un análisis de la complejidad, a partir no sólo de los indicadores de la ENIGH, sino a partir de una lectura e interpretación sistemática del amplio marco de encuestas de que dispone el INEGI.
Por ejemplo, en los resultados dados a conocer, se encuentra que los hogares mexicanos gastaron más en alimentos respecto de lo que ocurrió en 2018. Aparentemente esa debería ser considerada en automático como una “buena noticia”; sin embargo, si el dato se cruza con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), lo que se encuentra es que lo que está consumiendo la sociedad mexicana son cada vez más alimentos de mala calidad, en tanto que contienen grasas polisaturadas; es decir, calorías de mala calidad que están profundizando la epidemia de obesidad y sobre peso que aquejan a todo el país.
La ENIGH registra un mayor número de personas trabajando, pero lo están haciendo en jornadas laborales cada vez más extenuantes y en condiciones de informalidad laboral. Sin duda es preferible que las personas ganen más dinero; pero la pregunta es si esto puede festejarse cuando es a costa del su bienestar psicobiológico; de la pérdida de tiempo de convivencia familiar; y de la agudización de las condiciones de trabajo doméstico no remunerado para las mujeres.
Los indicadores de la ENIGH muestran que se redujo la desigualdad entre deciles de ingresos; pero se incrementó la desigualdad de ingresos entre mujeres y hombres; y si se cruzan nuevamente esos datos con los de las Encuestas sobre discriminación, y la encuesta nacional de los hogares, lo que se puede encontrar es que la depresión y en general la salud mental de las personas se ha deteriorado gravemente.
El país desperdició la oportunidad de reformar la Ley General de Desarrollo Social para modificar los umbrales y parámetros con base en los cuales medimos la pobreza. Y por eso es relevante abrir nuevamente la discusión en torno a cómo procesamos mejor la complejidad; cómo generamos una medición con base en estándares de derechos humanos; y cómo logramos que estos datos se utilicen prioritariamente para mejorar la calidad del gobierno, y no sólo o prioritariamente para legitimar una narrativa política.
Si mantenemos una medición referida prioritariamente al ingreso, y no al amplio catálogo de derechos que nos reconoce la Constitución, continuaremos, en primer lugar, con diagnósticos limitados o incompletos; y en segundo término, en la incapacidad de diseñar y poner en marcha una nueva generación de políticas públicas dirigidas a enfrentar de mejor manera la compleja realidad social que tenemos, y respecto de la cual no pueden seguir ignorándose, en esta medición, cuestiones tan cruciales como el cambio climático, la violencia, el acceso a la justicia, entre otras complejas agendas.
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Investigador del PUED-UNAM
