El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer los resultados de la medición multidimensional de la pobreza para los municipios de México. En esta ocasión, el CONEVAL cuenta ya con una serie de 10 años, que permite comparar, con tres cortes temporales (2010, 2015 y 2020) la magnitud y presencia territorial de la pobreza en nuestro país.
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Hay tres conclusiones que se pueden extraer en un análisis preliminar de los datos que presentó el CONEVAL: 1) que los municipios más pobres son prácticamente los mismos que hace 10 años; 2) que las desigualdades y brechas se mantienen entre entidades, pero también entre los municipios que las conforman; y, 3) que la pobreza urbana no se ha reducido; y que en los municipios más poblados la pobreza es ampliamente extendida.
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Estos resultados permiten sostener que el curso del desarrollo debe modificarse urgentemente. Que las políticas de desarrollo regional y municipal siguen desarticuladas y son muy poco eficaces; y que, en la presente administración, como en las pasadas, poco se va a lograr en la reducción de las brechas, de las carencias y de la insuficiencia de ingreso en los hogares para garantizar apropiadamente los derechos de sus integrantes.
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Sorprende, por ejemplo, el caso de León, Guanajuato, municipio que ha sido presentado desde la década de los 90, por los gobiernos locales, como “ejemplo de crecimiento y desarrollo”. Sin embargo, es, desde al menos el 2015, el municipio con mayor número absoluto de personas en pobreza en el país. Es cierto que se encuentra entre los más poblados, pero un municipio con amplio desarrollo no debería tener 816,934 personas en condición de pobreza, que equivalen al 45% de sus habitantes. De esa cifra 105,943 personas están en pobreza extrema (6.5% de su población).
Su situación contrasta, por ejemplo, con la de Ciudad Juárez, donde el porcentaje de personas en pobreza es de 23.7%; o con Guadalajara, donde el porcentaje de personas en pobreza es de 24.8%; siendo municipios que rebasan, cada uno de ellos, el millón de habitantes.
La fractura del curso de desarrollo de México también se muestra en el hecho de que, de los 2,466 municipios para los que el CONEVAL tiene datos, únicamente 60 tienen porcentajes de población de pobreza por debajo del 20%. En contraste, hay 629 municipios con más del 80% de población en pobreza, y 706 en los que el porcentaje se ubica entre 60 y 80%. En resumen, en 1,699 municipios, es decir, el 68.8% del total del país, el 50% o más de su población es considerada en pobreza multidimensional.
La política de fortalecimiento del federalismo en México era equívoca, en las administraciones previas, y en la actual es simplemente inexistente. Esto, a la par de la renuncia a tener una política integral de desarrollo regional ha profundizado la fragilidad de los municipios, lo cual se complejiza aún más en un contexto de extrema violencia y ocupación territorial del crimen organizado.
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Desde esta perspectiva, la ecuación consistente en mayor desigualdad, mayor pobreza y mayor violencia, es un caldo de cultivo muy peligroso para la democracia; sobre todo en el contexto de militarización de amplias franjas del gobierno y no se diga en su despliegue operativo en el territorio nacional.
Contar con municipios fuertes es una condición necesaria para recuperar la paz; sobre todo en los ámbitos que no se relacionan directamente con el crimen organizado, como es el caso de la violencia de género, la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, o la violencia motivada por el odio como el caso del racismo y la xenofobia.
Desatar el nudo de la pobreza municipal debe ser considerado estratégico rumbo al cierre de la administración, y con ello conducir a los municipios de México hacia la formación de renovadas capacidades de gobierno, administrativas y de gestión para la garantía integral de los derechos humanos. De otro modo, ni la democracia ni el Estado de bienestar tendrán viabilidad.
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