por Magdalena Sepúlveda / @Magda_Sepul
No seremos capaces de ganar la batalla contra la pobreza y la desigualdad si las voces de los pobres no son escuchadas. Este es un reto para todos los gobiernos que debe ser abordado con carácter de urgencia
Es habitual que los gobiernos se comprometan en sus discursos políticos a asegurar la participación de los ciudadanos, en especial de los más desventajados, en la toma de decisiones públicas. También es muy común que los planes nacionales de desarrollo y las políticas de reducción de la pobreza coloquen a la participación ciudadana como uno de los pilares fundamentales.
Sin embargo, son pocos los casos en los cuales se habilitan procesos de participación efectiva. Los compromisos con la participación a menudo se traducen en procesos meramente simbólicos, consultas superficiales, llevadas a cabo para dar una apariencia de legitimidad a una política ya predeterminada.
Una participación genuina y efectiva de los sectores más vulnerables requiere desafiar las relaciones de poder existentes en la sociedad para abrir paso a una participación libre, informada y significativa, con una verdadera influencia sobre la decisión o resultado final. Lograr este tipo de participación es un gran desafío no solo para los responsables políticos, sino también para los donantes, las instituciones financieras internacionales, las agencias de la ONU e incluso las organizaciones no gubernamentales.
Los obstáculos que enfrentan quienes viven en pobreza para acceder o ejercer influencia a través de mecanismos de participación son múltiples y variados. Incluyen la falta de ingresos, falta de información, bajos niveles de educación o alfabetización, la discriminación y el estigma, la desconfianza y el temor ante las autoridades, la corrupción e incluso la amenaza de represalias o la violencia por parte de actores más poderosos.
Asimismo, son muy pocos los incentivos que tienen para participar y muchos los impedimentos prácticos. La falta de dinero para pagar el transporte que los lleve al lugar de la reunión, la falta de apoyo para el cuidado de los niños, la imposibilidad de tomar tiempo para acudir (que significa pérdida de ingresos o de descanso) o no hablar el idioma oficial pueden ser determinantes para excluirlos de cualquier proceso participativo.
Las normas sociales o culturales, o las grandes brechas de poder, especialmente en las comunidades patriarcales o muy jerárquica, también pueden impedir que las personas que viven en la pobreza, en particular las mujeres o las minorías, participen activamente en una reunión si no se facilitan las condiciones para hacerlo.
Excluir -de manera directa o indirecta- de los procesos participativos a los más pobres implica negarles un derecho humano inherente, una precondición del disfrute de otros derechos y un elemento esencial para el respeto de su dignidad y la autonomía.
El derecho a participar en la toma de decisiones públicas requiere el respeto a la dignidad, la autonomía y la agencia, asegurar la igualdad y la no discriminación, la transparencia y el acceso a la información.
Estos principios se deben traducir en acciones concretas que busquen apoyar y facilitar la participación de las personas que viven en la pobreza. Permítanme dar algunos breves ejemplos.
Para cumplir con el principio de igualdad y no discriminación, los formuladores de políticas públicas deben diseñar e implementar procesos participativos que tengan en cuenta las dinámicas de poder a nivel social y comunitario, y poner en marcha estrategias específicas que garanticen que las personas que sufren de cualquier tipo de la discriminación por motivos de raza, origen étnico, discapacidad, sexo, edad, orientación sexual u otros motivos estén habilitadas para participar de manera prioritaria.
Se deben tomar acciones concretas que permitan incluir a ciertas categorías de personas que tienen desventajas adicionales, como, por ejemplo, quienes tienen restricciones de movilidad, como un adulto mayor o una persona con discapacidad. Asegurar la participación de las mujeres requerirá, en muchos casos, tomar medidas adicionales que, dependiendo de las circunstancias puede ir desde proporcionar cuidado de niños en el sitio de la reunión hasta crear espacios de participación solo para mujeres.
Los principios de transparencia y acceso a la información implican proporcionar información completa, actualizada y comprensible. La información debe ser proporcionada con suficiente antelación y durante todo el proceso participativo, para que las personas puedan tomar decisiones informadas en cada etapa.
Esta información también debe ser accesible a los más pobres teniendo en cuenta limitaciones como el analfabetismo y las barreras lingüísticas. Los propósitos y alcance del proceso participativo, y el grado de influencia que se puede esperar, deben ser informados a los participantes desde el inicio del proceso.
Facilitar la participación por parte de las personas que viven en la pobreza requiere de compromiso político, tiempo y recursos. La experiencia demuestra que es un reto que vale la pena afrontar; la participación puede tener múltiples importantes beneficios para los individuos, las comunidades y la sociedad en general.
La evidencia muestra que en muchos casos los procesos de participación generan políticas públicas más sostenibles, disminución de la pobreza y exclusión social, aumento de la capacidad de organización y mejoras en los servicios públicos.
Cuando la participación se funda en los derechos humanos, se proporciona una oportunidad para que las personas que viven en la pobreza sean agentes activos de su propio destino, puedan construir capacidades y defenderse de las injusticias, la discriminación y el estigma. Asimismo, se beneficia a la sociedad en su conjunto, a través de la construcción de confianza, la mejora de la solidaridad y la cohesión social.
Asegurar la participación de los más pobres puede contribuir a construir sociedades más abiertas y pluralistas, y aportar nuevos temas y voces en la arena pública.
Magdalena Sepúlveda es la Antigua Relatora de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. En la actualidad es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT). @Magda_Sepul
