El multilateralismo representa la mejor opción de la que disponemos para hacer frente a las múltiples facetas del fenómeno de las drogas en el mundo. Ningún país por sí solo podrá resolverlo.
Por Juan Ramón de la Fuente, Representante Permanente de México ante la ONU
Artículo publicado originalmente en El Universal. Se reproduce en México Social con autorización del autor.
Entre los muchos foros organizados en el contexto de la 74 Asamblea General de la ONU, el relativo a revisar las políticas internacionales sobre drogas resultó particularmente relevante para México.
Convocados por Helen Clark, quien fuera Primera Ministra de Nueva Zelandia, y quien posteriormente dirigió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hasta hace un par de años, tuve oportunidad de participar en un diálogo público con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y un selecto grupo de expertos de organizaciones sociales y de otras agencias de la ONU, así como con representantes de países que quieren encontrar nuevas alternativas para atender el problema de una manera más eficiente y racional.
Hubo coincidencias importantes que me parecen alentadoras y que conviene no dejar de advertir, toda vez que nuestro país ha pagado –quizá como ningún otro– un alto precio al empeñarse en una política prohibicionista irracional y en una absurda guerra contra las drogas.
La primera gran conclusión alcanzada, que ha ganado creciente aceptación internacional, es que el multilateralismo representa la mejor opción de la que disponemos para hacer frente a las múltiples facetas del fenómeno de las drogas en el mundo. Ningún país por sí solo podrá resolverlo.
La Comisión Global de Política de Drogas (de la que la propia Helen forma parte junto con varios expresidentes y personalidades tan disímbolas como pueden ser George Schultz o Mario Vargas Llosa), ha pugnado por sembrar la idea de una regulación responsable, contraria a la despenalización indiscriminada. Me parece un acierto. No se trata de promover el consumo de drogas, sino de regularlo, sobre dos grandes vertientes: los derechos humanos y la salud pública. La propuesta es bienvenida.
Partimos del reconocimiento de que durante las últimas décadas se emprendieron esfuerzos sin precedentes, tanto a nivel nacional como internacional, para erradicar cultivos, incautar cargamentos de drogas, destruir laboratorios clandestinos y desarticular organizaciones del narcotráfico. Sin embargo, pese al enorme esfuerzo y los muy altos costos que todo ello ha tenido, el énfasis excesivo en el enfoque punitivo y prohibicionista, generó una espiral de violencia e inseguridad que condujo a una gran descomposición social. Pienso que, en buena medida, es lo que ha ocurrido en México.
De ahí que la necesidad de ampliar el abanico de opciones se haya convertido en una demanda constante en diversos países, el nuestro por supuesto incluido.
Así, en la ONU, desde la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de 1998 y la Declaración de los Principios Rectores sobre Reducción de la Demanda, junto con la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009, y posteriormente con la Sesión Ministerial de la Comisión de Estupefacientes de 2014, se consolidaron tres elementos fundamentales para una más razonable política internacional:
1. Equilibrio. Es necesario recuperar el balance, es decir: dar el mismo valor y el mismo empuje a los compromisos para reducir la oferta que para reducir la demanda.
2. Integralidad. Si algo se ha aprendido en estos años es que de poco o nada sirven las acciones fragmentadas.
3. Responsabilidad global compartida. Tratar de sumar a todos los Estados en la búsqueda de soluciones, más allá del papel que ocupen en la cadena del mercado ilícito de las drogas.
Sobre estas bases evolutivas se explica el documento vigente más importante del que disponemos, derivado de la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de 2016. Es la esencia de una guía de acción para una política internacional más eficiente y racional. El reto radica en pasar del discurso a la instrumentación de las recomendaciones operacionales, para evitar que continúen las políticas que han generado muchos más daños que las sustancias mismas.
Los planteamientos esgrimidos por México, en el contexto de un renovado compromiso multilateral, sin prejuicios ni visiones maniqueas han sido:
La aplicación de penas inhumanas, crueles y desproporcionadas ha derivado en castigos desmedidos y poco efectivos sobre los eslabones más débiles de la cadena que, en muchos casos, están cooptados por la propia delincuencia. Además de ser su única forma de subsistencia.
Ningún instrumento internacional vigente, ningún Tratado o Convención, establece que la cárcel deba ser la respuesta al consumo de drogas. No obstante la realidad muestra, tanto en México como en otros países, que hay una saturación de los sistemas penitenciarios por delitos menores, con altos costos para el Estado, pero sobre todo para resarcir el tejido social y familiar. Una injusticia que se sobrepone, y no es menor, consiste en que las más afectadas son las mujeres. Es urgente pues, avanzar en la elaboración de un catálogo de alternativas a la penalización tradicional.
El número de personas con problemas de abuso de drogas a nivel mundial se ha incrementado, no hay dudas. Además, en varias regiones del mundo se registra una disminución en la edad de inicio del consumo. Estos dos elementos ampliamente comprobados, constituyen la mejor evidencia de que la estrategia internacional no ha dado los resultados esperados. El enfoque de salud pública debe ir más allá de la simple reducción de la demanda. Se requiere un nuevo modelo con mejores intervenciones preventivas y programas de reducción de daños .
Las personas con problemas de abuso de drogas requieren apoyo médico y psicosocial. Es un hecho irrefutable: criminalizar, estigmatizar o encarcelar a los usuarios sí son incentivos, pero no para contrarrestar el problema sino para agravarlo.
No todas las sustancias sometidas al régimen de fiscalización internacional producen los mismos efectos, ni generan los mismos niveles de dependencia. Es necesario por tanto, pensar en políticas de control y de regulación diferenciadas por sustancia, es decir, políticas que reconozcan, sin prejuicios, sus efectos y/o sus cualidades terapéuticas.
Por otro lado y en contraste, resulta inadmisible que las tres cuartas partes de la población mundial mueran con dolor por falta de acceso a los medicamentos opioides.
Regiones enteras del mundo han experimentado un incremento en el número de homicidios violentos. En el caso de México, la violencia como modus operandi de la delincuencia organizada está claramente vinculada con el mercado ilícito de drogas.
La comunidades más vulnerables han sido victimizadas y cooptadas por los diversos brazos de la delincuencia, generando círculos de desintegración y ruptura del tejido social. La respuestas para esas poblaciones, frecuentemente olvidadas e invisibilizadas, no pueden venir solamente desde la fuerza. Requieren de oportunidades, de servicios y de opciones de desarrollo que atiendan las causas estructurales con una visión de largo plazo.
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible ofrece el marco de referencia idóneo para que los esfuerzos en materia de políticas de drogas adquieran una dimensión social, y contribuyan a construir sociedades pacíficas, inclusivas y prósperas.
5. Hacer más coherente y eficiente la cooperación internacional. La cooperación internacional y el multilateralismo son el espacio idóneo para compartir por igual éxitos y fracasos. De ambos se aprende. Ninguna ley o tratado prohíbe formular preguntas o imaginar respuestas que busquen superar los obstáculos que hoy enfrentamos. Los organismos internacionales –y en particular el Sistema de Naciones Unidas– desempeñan un papel central e irremplazable como detonadores de esa cooperación. Partamos de nuevo de la premisa inicial: ningún país podrá solo.
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