La política social en México enfrenta enormes desafíos. Nuestro país no ha logrado construir una política social que permita generar mayores capacidades en beneficio de las personas, las familias y las comunidades más pobres del territorio nacional
Los indicadores sobre pobreza, distribución del ingreso y vulnerabilidad dan cuenta de ello. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 43.6% de la población nacional vive en condiciones de pobreza, esto es 53.4 millones de personas, de las cuales 9.4 millones se encuentran en pobreza extrema, peor aún, sólo 22.6% de los mexicanos no es pobre ni vulnerable.
Destaca, además, que según cifras del mismo organismo, en 75% de los municipios del país (mil 840) 50% o más de sus habitantes es pobre. Asimismo, en 2 mil 27 municipios (83% del total) el porcentaje de personas en pobreza supera la media nacional.
Adicionalmente, hay 8.6 millones de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por ingreso, es decir, el ingreso que perciben es inferior o igual a la línea de bienestar. Si bien el salario mínimo registró en 2017 un incremento nominal de 9.6% respecto de 2016, su monto nominal mensual de 2,400 pesos, es inferior al precio mensual de línea de bienestar que para diciembre de 2017 fue de 2,980 pesos en las zonas urbanas.
El informe más reciente de Oxfam “México justo: propuestas de políticas públicas para combatir la desigualdad” advierte que la distribución del ingreso en nuestro país es dramática pues las 10 personas mexicanas más ricas tienen la misma riqueza que el 50% más pobre.
A este panorama se incorpora el trabajo en condiciones de informalidad caracterizado por la precariedad y las remuneraciones bajas y estancadas. De acuerdo con cifras del INEGI, a noviembre de 2017, la tasa de informalidad laboral fue de 56.9%, mientras que la Tasa de Ocupación en el Sector Informal fue de 26.8%, en ambos casos, las cifras fueron ligeramente más altas que las registradas en el mes de octubre de ese mismo año.
Frente a estos datos, la fractura del sistema de política social se muestra inminente, y con ello la construcción de una nueva política social de Estado en México resulta impostergable. Al respecto, la doctora Clara Jusidman señala que es imprescindible recuperar el objetivo de mejorar la calidad y el nivel de vida de la población y combatir la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la discriminación; eliminar la subordinación de la política social respecto de la política económica; liberar a los programas sociales de su utilización político electoral, como instrumentos para acceder y mantener el poder; y poner orden y alinear las políticas, los programas y los recursos a partir de una estrategia social compartida.
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