Estrategia de coordinación de la política social y sus resultados

Cada vez que empieza una administración es recurrente que los gobernantes señalen como prioridad la coordinación entre secretarías para la atención de los problemas sociales. Ya sea a través de una estrategia (como un conjunto de programas) o como la atención a grupos específicos de personas; es una bandera que desde la campaña presidencial suele permanecer en los discursos. A mitad del sexenio, vale preguntar si los resultados planteados por la estrategia de coordinación se están logrando, o al menos si existen elementos que se perfilen hacia la orientación de resultados de la política social.

Escrito por: Thania de la Garza y  Alonso de Erice

La efectividad de las estrategias descansa sobre diversos factores. En términos del diseño de la intervención, uno de los factores a considerar es que sea parte de la idea de que las problemáticas que se desean resolver son multifactoriales y por ende es necesaria la participación de diversas secretarías.

Otros factores decisivos tienen que ver con la implementación, que sea congruente con el diseño, flexible a la heterogeneidad de los contextos, con procesos para la identificación, selección, atención y seguimiento de la población objetivo y con un sistema de monitoreo que permita corregir en tiempo real los contratiempos. Por último, contar con un esquema de evaluación que identifique las preguntas relevantes, las responda oportunamente y facilite la mejora continua es un factor que repercutirá en la efectividad de la estrategia.

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Es posible desdoblar cada uno de estos factores en elementos para analizar su contribución en la efectividad. Sin duda, los procesos para la identificación de la población y la estrategia de atención de dicha población, que no es más que la manera en que se desplegará la acción gubernamental en el territorio, y sus consideraciones (criterios de priorización y/o focalización, estrategia de recolección de información, definición de centros de gestión y distribución de responsabilidades de los cuerpos operativos) moldea la política y por tanto es crucial para entender y vislumbrar sus resultados.

En el sexenio foxista la Estrategia Microrregiones (EM) definió como unidad básica “microrregiones” en las que convergían criterios establecidos^[1] para detonar el desarrollo económico de la región. En las microrregiones se establecieron los Centros Económicos Comunitarios (CEC) como espacios de atención, gestión y promoción comunitaria del desarrollo. El resultado de esta estrategia, identificado a partir de una evaluación externa, es que a nivel de localidades el componente porcentaje de viviendas con piso de tierra en las localidades CEC, fue en el que la estrategia tuvo el impacto más importante y significativo. Sin embargo, la evaluación concluyó que el impacto de la Estrategia fue poco favorable, encontrando pocas o nulas diferencias en el desarrollo entre las localidades dentro y fuera de las microrregiones[2].

Durante la administración de Calderón se buscó la integralidad de la política social a partir de la definición de 100 localidades para ser atendidas en 100 días. La Estrategia 100×100 era una estrategia de coordinación del gobierno federal a partir de la identificación de necesidades en las poblaciones y de la atención conjunta de diversas secretarías para mejorar las condiciones de los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano y mayores niveles de pobreza y marginación en el país. La Estrategia logró mejoras en los indicadores analizados y reducir las brechas en algunos de ellos[3]

La Cruzada Nacional contra el Hambre fue la estrategia de política social de la administración pasada. A partir de la identificación de los municipios con mayor porcentaje de pobreza extrema y con carencia alimentaria, se desarrolló la coordinación de los tres órdenes de gobierno a partir del mapeo de la oferta gubernamental con las carencias asociadas a la condición de pobreza para determinar las instituciones y acciones necesarias para disminuir el número de carencias en el municipio, así como el número de hogares en pobreza extrema con carencia alimentaria. De acuerdo con el CONEVAL “los resultados obtenidos sugieren un efecto significativo de dos puntos porcentuales en la incidencia de pobreza extrema. Sin embargo, no se observa efecto alguno en el indicador de carencia por acceso a la alimentación.”[4]

En 2019, el actual gobierno definió en el Plan Nacional de Desarrollo “un modelo de desarrollo con enfoque territorial sensible a las singularidades económicas regionales y locales; consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país; orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, y a respetar el hábitat y sus habitantes, la diversidad cultural y el ambiente natural” (CONEVAL, 2021). Para lo anterior, se creó la Coordinación General de Programas para el Desarrollo que sería la encargada, junto con la Secretaría de Bienestar, de la coordinación de los programas integrales del bienestar (17 de los cuales son de nueva creación^[5]) a partir de las delegaciones estatales, las coordinaciones regionales y los servidores de la nación. De acuerdo con la estrategia, se prioriza a los municipios de alta marginación, con mayor incidencia de población indígena y con altos niveles de violencia. Para analizar el despliegue operativo vis a vis los criterios de priorización, se solicitó los criterios operativos a la SEBIEN por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, pero nuestras solicitudes fueron denegadas[6]. Rafael Hernández Estrada (2019) realizó una investigación sobre la atención territorial de los programas para el desarrollo, en la que encontró una coincidencia general entre la división de las Coordinaciones Regionales de Programas para el Desarrollo (regiones de los servidores de la nación) y los distritos electorales federales de 97%[7].

Es pronto para hablar del impacto, o la ausencia de impacto, de la estrategia de política social propuesta por el actual gobierno, sin embargo, es momento de cuestionar el diseño y la estrategia de focalización para poder hacer las correcciones necesarias, además de establecer la relevancia de medir su impacto en los próximos años. Especial énfasis se deberá poner en la estrategia territorial y su coherencia con el diseño de las intervenciones y los objetivos planteados; mas allá de su posible contribución a objetivos y resultados electorales para los que, según sugiere la cobertura y distribución de operadores, parece haber sido diseñada.

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