por Nashieli Ramírez
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut, 2012) señala que mientras en 2005 la tasa de fecundidad en adolescentes era de 30 por cada mil mujeres, para 2011 fue de 37. Esta tendencia de incremento en la incidencia de embarazos en mujeres entre los 12 y 19 años de edad se reporta en todos los estudios y registros administrativos mexicanos de los últimos tres lustros, y es, sin duda, evidencia de que estamos fallando en su prevención
El escenario preocupa si consideramos que para 2011 el 23% de los adolescentes de 12 a 19 años de edad habían iniciado su vida sexual –con una proporción mayor en hombres (25.5%) en relación con las mujeres (20.5%)-, cifra superior al 15% registrado en 2005 y el 17% en 1999, según las encuestas nacionales de salud.
El embarazo durante la adolescencia es considerado por la OMS como de riesgo y el artículo 67 de nuestra Ley General de Salud es concordante cuando indica que para disminuir el riesgo reproductivo se debe informar sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años. En América Latina y el Caribe el riesgo de las adolescentes menores de 16 años de morir durante el embarazo, parto y post parto es cuatro veces mayor que en mujeres de veinte (UNFPA, 2008).
Sin embargo, la maternidad adolescente no es exclusivamente un tema de salud, también es social, en la medida en que tiene repercusiones individuales y colectivas derivadas del impacto sobre el proyecto de vida de miles de personas que en muchos casos no alcanzan la mayoría de edad.
En la región, así como en muchos países del mundo, se realizan esfuerzos, la Declaración de Medellín 2011 para implementar el Plan Andino de Prevención del Embarazo Adolescente es un ejemplo. México no participa en esos grupos de trabajo, lo que no sería relevante si contáramos con una política pública integral y direccionada a atender este fenómeno. Sin duda se llevan a cabo acciones desde diferentes sectores, destacando el de salud y educación, pero esta suma no alcanza y los indicadores lo están demostrando. La problemática es compleja y está vinculada a determinantes económicas, psicosociales, educativas, culturales y territoriales, por lo que debe ser abordada desde la integralidad, la transversalidad y la intersectorialdad.
Tenemos problemas, además, en las intervenciones, ya que la gran mayoría se basa en perspectivas que han demostrado su ineficiencia, como son los enfoques de “Prevención del Riesgo”, “Solo abstinencia” y “Biologicista”. Un ejemplo del primero es el desarrollo de programas, por parte de algunos DIF estatales y municipales, basados en el uso de muñecos con chip integrado que simulan a un bebé humano, los cuales no arrojan ninguna evidencia sobre su impacto en la disminución del embarazo adolescente.
El segundo ha demostrado su ineficiencia en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, país que lo promovió como política pública durante la era Bush, invirtiendo 1.7 millones de dólares (entre 2004 y 2008, cinco informes demostraron que los programas basados sólo en la abstinencia no ayudan a los jóvenes a posponer el primer acto sexual, no reducen las conductas de riesgo y frecuentemente incluyen información incorrecta). Finalmente, el tercero corresponde a la visión dominante en la educación sexual al interior del Sistema Educativo Nacional.
Si bien hay consenso en que la maternidad adolescente es poco conveniente, hay complicaciones en el desarrollo de intervenciones, ya que no nada más implica asumir y enfrentar la sexualidad de las y los adolescentes, sino la de todos los que integramos la sociedad, lo que además implica el cuestionamiento de temas religiosos, ideológicos y morales, generando diferencias de opiniones y contraste en las miradas, que conflictúan la generación de políticas públicas eficaces y en algunos casos alcanzan la discusión del papel del Estado como garante de los derechos sexuales y reproductivos.
Las estrategias y modelos para trabajar en la prevención del embarazo adolescente deben no sólo asumir la intervención en esta área, es decir, que las adolescentes no se embaracen, sino que deben enfocarse a un objetivo más amplio, que es educar para la sexualidad, hacer de la sexualidad adolescente un ejercicio constructivo, como parte de sus derechos, dentro de los márgenes de una convivencia sana y de acuerdo con las etapas de desarrollo.
Por lo tanto, partir del hecho de que los embarazos adolescentes no son sólo un problema de falta de información, educación y servicios de salud, sino que también se vinculan con la construcción de la sexualidad que tiene la sociedad y que se trasmite a las niñas, los niños y las y los adolescentes desde las familias, las comunidades y desde los medios de comunicación, así como la emergencia de una sociedad que aporta muy pocas perspectivas futuras a millones de adolescentes de zonas urbano-marginales, que cada día apuestan a la maternidad y a la paternidad como sentido de vida.
Recordemos que en México sólo dos de cada diez madres adolescentes son solteras, es decir, que la mayoría de los nacimientos se dan dentro de una unión, o bien, la primera unión, se presentan en un intervalo de tiempo reducido posterior al nacimiento del primer descendiente (CONAPO 2010).
Adicional a lo anterior, es necesario que prime una visión de Estado de Derecho en cuanto a la prevención del embarazo adolescente y en temas de sexualidad. Pueden ser controversiales para la sociedad y topar con nuestras creencias y subjetividades, pero, más allá de esto, la política pública es desde, para y con las y los ciudadanos y, por lo tanto, necesita estar sustentada no nada más normativamente, sino apoyada en estrategias de prevención basadas en evidencia, es decir, basadas en la investigación y evaluaciones para probar su eficacia.
En general, las investigaciones apuntan hacia intervenciones que comprendan los siguientes enfoques:
• De derechos, entendiendo que los sexuales se refieren especialmente al ejercicio de la sexualidad; enfatizan el respeto mutuo en las relaciones interpersonales y aseguran la capacidad de disfrutar de la sexualidad como una intimidad profunda entre los seres humanos, lo cual es esencial para el bienestar de los individuos, las parejas, las familias y la sociedad.
• De género y sexualidad como construcciones sociales y culturales; una adecuada comprensión de la sexualidad, a través de la educación sexual, puede ayudar a hombres y mujeres a tener una vida más plena, a ser más libres y también más responsables. Esto no se resuelve con explicar los órganos genitales masculino y femenino, es necesario inscribirlo en un marco de valores donde se planteen la igualdad, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia.
Sin duda el punto esencial de partida es el desarrollar de manera urgente una estrategia nacional intersectorial y desde el trabajo conjunto de distintos actores a nivel nacional, en las entidades federativas y los municipios, desde un planteamiento programático, claro, concreto e integral, basado en evidencias y que modifique la ruta de fracaso de la prevención de la maternidad y la paternidad adolescente a la que actualmente nos enfrentamos.•
| Nashieli Ramírez Fundadora y coordinadora general de Ririki Intervención Social, organización que trabaja por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y por el desarrollo de sus familias y comunidades. Cuenta con una especialidad en Investigación Educativa de la UNAM. Actualmente es Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil; de Radio Ciudadana del IMER; y del Observatorio de Políticas Públicas y Derechos Humanos. Ha participado en el diseño, instrumentación y operación de programas y estudios sobre indicadores de infancia, entre los que destaca la Infancia Cuenta en México en sus versiones del 2005 al 2009; formación de profesores; promoción social; organización y participación social; fortalecimiento municipal; programas sociales; desarrollo y microfinanciamiento rural; equidad y género; y derechos humanos, tanto en el ámbito de la administración pública, como en el no gubernamental. |
