Las campañas políticas generan en México un periodo que está caracterizado por la propia perversidad implícita del sistema electoral: La administración pública se ve cuestionada en todos sus órdenes y niveles, y el Congreso pierde, por decirlo de alguna manera, su calidad, pues un gran número de sus integrantes dejan sus curules para ir en busca de nuevas posiciones
Así las cosas, el Senado de la República tiene ya, en lugar de 128 senadores, 126, pues dos de sus curules perdieron ya, no sólo a sus ocupantes “propietarios”, sino también a sus suplentes. En la Cámara de Diputados las cosas no son distintas, lo cual coloca al Poder Legislativo en una posición de franca fragilidad de cara al cierre de la presente legislatura.
En esta realidad, el contexto nacional e internacional, no dejan ningún margen para la irresponsabilidad: La inflación del año 2017 ya erosionó lo que se había ganado entre 2014 y 2016 en materia de reducción relativa de la pobreza, mientras que los datos del Coneval muestran cómo el poder adquisitivo de los trabajadores se ubica todavía por debajo del año 2008; es decir, estamos una vez más ante una nueva década perdida en materia de recuperación salarial.
2016 y 2017 son dos años tremendamente sangrientos; y el inicio de 2018 fue, de manera trágica, más violento que el arranque de 2017; con el añadido de que ahora también se han registrado eventos adicionales de violencia política, con asesinatos y atentados en contra de personajes políticos locales en distintos estados de la República.
En este 2018, debe decirse, se va a llevar a cabo la elección más “extensa” de la historia democrática de México, en lo que al número de cargos se refiere; en efecto, estarán en juego poco más de tres mil espacios de representación popular, lo que nos ubica ante el riesgo de pasar, de lo que algunos hemos llamado “la feria de las propuestas” a la “feria de los dispendios”.
No sería, desde esa perspectiva, la primera vez que en diciembre estemos ante la terrible realidad de municipios o incluso estados, literalmente quebrados, en los cuales no haya recursos ni para pagar los salarios de sus funcionarios, debido al mal uso de los recursos de los presupuestos.
La ciudadanía está ante un reto doble: Por un lado, exigir a sus gobernantes pulcritud y honestidad respecto del desarrollo de las campañas; y por el otro, una actitud de completa responsabilidad ante el cierre de sus respectivos gobiernos, pues lo que viene es, de acuerdo con lo que señalan diversas encuestas, un escenario de varias alternancias en gobiernos estatales; numerosas alternancias en varios de los principales municipios del país; así como una composición mucho más plural en el Congreso.
En el mismo sentido, es importante decir que, gane quien gane la Presidencia de la República, el actual gobierno tiene la responsabilidad de garantizar un proceso ordenado de cierre y entrega de éste; mantener una administración activa y eficiente durante el proceso electoral; y sobre todo, asumir el liderazgo y una conducta ética irreprochable que permita exigir lo mismo, tanto a los gobiernos estatales como municipales.
En este escenario, no es aceptable que tengamos instituciones clave para el desarrollo democrático sin titulares; así, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción, y el pospuesto debate en torno al nuevo fiscal general de la República.
En esta elección está en juego mucho más que los cargos en disputa; en el fondo, nos jugamos la posibilidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en la democracia y sus instituciones.
En esa lógica, quien gane va a enfrentar el reto de reconstruir a un sistema institucional frágil; de reconducir un proceso democratizador de la esfera pública; y de reconciliar, con base en el diálogo y la tolerancia, al país. Eso es lo que está en disputa, y de esa magnitud es la responsabilidad que tenemos.
@MarioLFuentes1 Barack Obama presentó su último “discurso a la nación” el pasado marte
