A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos realizada en junio de 2011, la política social no puede ser vista sólo como el conjunto de programas gubernamentales dirigidos a combatir la pobreza, sino como el conjunto de decisiones que el Estado debe tomar para garantizar plenamente los derechos humanos consagrados en la Constitución
Bajo esta lógica, la política social del nuevo gobierno federal no debería tener otro eje de articulación sino el de la construcción de un modelo de bienestar en el que por fin pueda romperse la disociación que prevalece entre lo establecido en nuestro texto constitucional y la realidad en la que viven millones de mexicanos.
El reto es mayor si se considera que en nuestro país viven más de 53 millones de personas en pobreza, 1.9 millones sin empleo y otros 30.6 millones laborando en la informalidad, así como 32.9 millones con vulnerabilidad por carencias sociales, entre las que se encuentra el acceso a los servicios básicos de educación, salud y vivienda.
En efecto, el Estado mexicano aún se encuentra muy lejos de garantizar el bienestar y la justicia social a toda su población. Por ello, y frente a la política de austeridad en el gasto público impulsada por el ejecutivo federal en turno, urge una mayor y mejor inversión en lo social.
Al respecto, destaca que el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019, destinó el 50.4% del presupuesto total al gasto social, lo que representa 6% más de lo aprobado para la función Desarrollo Social en el año 2018 y que no obstante a que los recursos destinados a la protección social, la vivienda, la salud y la educación también aumentaron respecto de lo aprobado para el año pasado, estos incrementos no son significativos ni están acompañados por un cambio estructural.
Sin duda, el nuevo gobierno enfrenta el desafío de que los recursos asignados a su política social efectivamente se traduzcan en el desarrollo y el bienestar de la población.
Lo anterior, exige de un cambio institucional de gran calado que permita construir una auténtica nueva generación de políticas públicas a fin de transitar del modelo imperante hasta ahora, el cual pone el énfasis en la prestación de servicios sociales básicos, a otra que dé pleno cumplimiento, apegándose a los principios de universalidad, integralidad y progresividad establecidos en nuestra Carta Magna.
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