En México, los desastres están muy presentes en la vida pública nacional. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, tan solo en el 2020, los daños y pérdidas relacionados con este tipo de procesos sumaron 31,862 millones de pesos y 398 defunciones. Poco más de 850 mil personas fueron afectadas[1]; y cerca de 25 mil personas tuvieron que migrar de manera forzosa derivado de las pérdidas que vivieron a partir de los desastres acaecidos entre 2015 y 2020[2].
Autora Dra. Naxhelli Ruíz Rivera.
Las consecuencias visibles de los desastres son muy diversas, desde las afectaciones económicas por daños en la infraestructura, la pérdida de vidas humanas, la destrucción de medios de vida, o el desplazamiento interno, entre otras. Estos impactos se asocian tanto a amenazas socio naturales súbitas (como los huracanes y los sismos), como a sequías y otras amenazas no súbitas.
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Las cifras arriba señaladas representan las manifestaciones más visibles y extremas de las consecuencias de los desastres en México. Las estadísticas oficiales sobre los impactos de los desastres aún no reflejan las profundas afectaciones sociales, psicológicas y económicas de las personas que se ven forzadas a cambiar radicalmente el curso de sus vidas al perder su patrimonio familiar, emigrar de manera forzada, o al experimentar secuelas permanentes derivadas de la circunstancia traumática de sus pérdidas.
A pesar de su importancia social, los desastres continúan considerándose como eventos puntuales extraordinarios, derivados directamente de la ocurrencia de fenómenos peligrosos vistos como poco controlables. El discurso técnico e incluso jurídico, los desastres aún se consideran “naturales”, y son causados por un fenómeno externo a la sociedad, al que nuestra ley identifica como “perturbador”. Esta forma de encarar los desastres tiende a desestimar el papel que juegan las vulnerabilidades sociales en producir los impactos de los desastres, y difumina la necesaria discusión pública sobre el papel que juega el Estado, las políticas públicas y el mercado en la construcción de esas vulnerabilidades.
La sociedad mexicana se encuentra aún lejos de implementar un enfoque de gobernanza efectivamente orientado a la reducción del riesgo de desastres. A partir del cambio de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación hacia la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en noviembre de 2018, hemos visto un viraje crecientemente orientado a la atención a la fase de respuesta, a través de estrategias militaristas, clientelares y centralizadas. Eso implica que en los últimos años hemos perdido terreno en entender y atender las causas de los desastres como un problema de gobernanza, en el cual intervienen actores de muchos sectores y diferentes ámbitos de acción. En particular, hemos perdido de foco el gran papel que deben tener los gobiernos locales y la sociedad civil organizada en cuanto a la prevención, respuesta y recuperación.
En ese sentido, nuestra tarea como sociedad debería enfocarse en fortalecer y regular la colaboración entre actores en áreas estratégicas como las herramientas financieras de prevención y respuesta basadas en la cooperación entre gobiernos locales; la evaluación científica de riesgo y de planeación territorial; la participación social y comunitaria en un marco de derechos humanos; y la definición de los protocolos y necesidades locales o regionales en contextos de desastre.
Los desastres representan procesos fallidos de desarrollo que nos hacen visibles nuestros puntos de quiebre como sociedades vulnerables. La experiencia nos muestra que no hay una relación lineal entre la magnitud de una amenaza socionatural y sus impactos; por el contrario, la vulnerabilidad y la exposición son los aspectos mucho más determinantes para entender estos. Un ejemplo de ello nos lo dan los datos de la última Encuesta Nacional de Vivienda (2020), según la cual, un 40.8% de las viviendas particulares habitadas del país presentan grietas o cuarteaduras; 1 de cada 10 presenta fracturas o deformación en elementos estructurales; y 1 de cada 4 tiene más de 30 años de antigüedad[3].
Estas condiciones de las viviendas mexicanas las hacen extremadamente susceptibles al daño cuando se materializan las amenazas. La fragilidad actual del parque habitacional de nuestro país, tanto urbano como rural, es producto de muchos años de políticas públicas muy limitadas en materia de vivienda y las dinámicas derivadas de un mercado inmobiliario y de suelo cada vez más excluyente en las ciudades mexicanas. Este es sólo uno de los muchos ejemplos de cómo los desastres representan puntos críticos de las trayectorias de desarrollo a largo plazo.
Las amenazas socionaturales siempre estarán presentes en el territorio mexicano; lo que está en nuestras manos es adoptar una perspectiva de reducción de riesgo de desastres que está íntimamente ligada a aspectos de justicia redistributiva y al diseño de políticas públicas orientadas a garantizar derechos humanos. Las herramientas de la gestión integral del riesgo pueden convertirse en uno de nuestros principales mecanismos para auditar el cumplimiento efectivo de los deberes de cuidado y diligencia del Estado en materias como finanzas públicas, desarrollo urbano y protección ambiental; y puede servirnos para evaluar los puntos de quiebre de los modelos de desarrollo social que adoptamos. De nuestra capacidad como sociedad para reducir los impactos de los desastres, depende la construcción de más y mejores espacios de protección a la vida, bienestar y estabilidad para las y los mexicanos.
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Dra. Naxhelli Ruíz Rivera. Es Investigadora Titular del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Es Doctora en Estudios del Desarrollo (University of East Anglia). desarrollándose como docente y tutora de los Programas de Posgrado en Geografía y Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil y Coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socio Ambientales. Sus trabajos se enfocan en entender la vulnerabilidad social; las políticas públicas en torno a la reducción del riesgo de desastre: la planeación territorial y los Atlas de Riesgos.
[1] CENAPRED (2021) Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México. Resumen ejecutivo 2020. Disponible en: http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/455-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2020.PDF
[2] INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, Tabulados por Cuestionario Básico, Migración. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/tabulados/cpv2020_b_eum_04_migracion.xlsx
[3] INEGI (Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020. Tabulados básicos. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/tabulados/cpv2020_b_eum_04_migracion.xlsx
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