El conjunto de reformas constitucionales que se han planteado por la presente administración implican un profundo cambio en la estructura orgánica del poder judicial, uno de los poderes constitucionales cuya existencia obedece al principio de separación de poderes que caracteriza a las repúblicas democráticas modernas y en particular que ha estado en la base del espíritu de la estructura orgánica del estado mexicano al menos desde la constitución de 1857 ratificado además en la constitución de 1917.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Adicionalmente la reforma ha propuesto eliminar un conjunto de organismos autónomos de rango constitucional que fueron diseñados para garantizar el adecuado cumplimiento de derechos humanos contenidos en nuestra carta magna tal como el derecho a la información el derecho a la protección de los datos personales, y otras instancias como el CONEVAL cuya función principal es la medición multidimensional de la pobreza la que a su vez constituye uno de los elementos más relevantes en el sistema de planeación democrática del país.
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Ante la magnitud de los cambios propuestos hay quienes proponen que estamos ante un nuevo régimen, o al menos ante la intención de generar una nueva estructura de gobierno que parte del predominio de un partido hegemónico que además controla o tiene establecidas alianzas muy poderosas con lo que puede denominarse ya partidos satélites cuya posición y sentido de voto en el congreso, así como en los estados y municipios en que son gobierno, es definida fundamentalmente por un criterio de rentabilidad y sumas y restas.
La construcción con legitimidad democrática de esta nueva visión del gobierno y funcionamiento institucional es totalmente inédita en la historia del país; esto es así porque a diferencia de lo que ocurrió en el siglo XX, en este momento no existen partidos que puedan considerarse de auténtica oposición, o bien partidos con la fuerza suficiente y legitimidad suficiente para disputar la presidencia de la república o la formación de mayorías parlamentarias.
Lo que podría ocurrir en el peor escenario que puede configurarse a partir del aplastante triunfo de morena en 2024 es la formación de un sistema político en el cual la ciudadanía no tenga enfrente opciones reales de proyecto de país, lo cual derivaría en la posibilidad de la imposición de una visión única o un discurso único en torno a la presidencia de la república y en torno a la formación de un partido movimiento sustentado en múltiples y diversos movimientos sociales y grupos de poder, frente a lo cual no se dispondría de los instrumentos institucionales para evitar la exclusión de las minorías e incluso el intento de su supresión.
No queda claro todavía como es que se podría lograr la generación de una nueva lógica de partidos competitivos, si del otro lado, quienes han sido los responsables de la derrota electoral siguen al frente de las opciones que vivieron el rotundo rechazo ciudadano, no solo en términos de las candidaturas que presentaron en lo nacional y lo estatal, sino también la carencia de una visión y un proyecto de país alternativo, pero viable y atractivo para las y los votantes.
Desde esta perspectiva uno de los grandes pendientes para la democracia mexicana sigue siendo la articulación de un sistema competitivo de partidos, controlados y regulados para evitar la monopolización facciosa de las candidaturas, y por lo tanto, la presentación de opciones que auténticamente sean portadoras de los anhelos, valores, y causas de preocupación ciudadana, a la par de planteamientos sólidos respecto de cómo dar cumplimiento a los mandatos constitucionales en materia de derechos humanos los cuales debe subrayarse, incluyen a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.
La otra cuestión a resolver será como está nueva forma de ejercicio del poder establecerá, o no, puentes y mecanismos de interlocución con la sociedad civil organizada, con la academia, con los organismos empresariales, con sindicatos y organizaciones de productores, por citar solo algunos casos. Y enseguida, el tema central es si esos mecanismos tendrán como objetivo su fortalecimiento y autonomía, o bien se intentará cooptarlos, controlarlos o incluso, su desaparición en aras de concentrar mayor poder.
Dependemos entonces en este momento de la mensura y la capacidad de autocontención tanto de la presidenta de la República como de las y los integrantes de su gabinete, quienes tendrán la enorme responsabilidad de construir este nuevo proyecto de país, y de garantizarnos que nuestros principales valores y procedimientos democráticos habrán de fortalecerse con el propósito mayor, de que la enorme pluralidad y diversidad que hay en el país pueda expresarse y pueda tener voz y voto en las principales determinaciones del Estado mexicano.
Al respecto no debe y no puede soslayarse el contexto de enorme violencia que se vive en el país, y en ese sentido, de la amenaza permanente que enfrentan los gobiernos locales, pero también, en su despliegue territorial, las instituciones federales de seguridad pública así como las fuerzas armadas las que, con mayor recurrencia, son confrontadas por los grupos delincuenciales los que tienen cada vez más capacidad de fuego, entrenamiento, y armamento, con lo cual siembran el terror entre la población coma pues al mostrar su decisión de enfrentarse directamente con las fuerzas armadas, envían la señal de su poderío al igual que de su impunidad y capacidad de presencia en el territorio.
Con un régimen de partidos debilitado, en un contexto de violencia generalizada, con instituciones débiles y otras más en proceso de creación, en un contexto social de enormes desigualdades y pobreza, la nueva administración se enfrentará a severas restricciones que imponen o al menos deberían imponer, un profundo sentido de urgencia para convocar a todas las fuerzas y visiones del país, a reconstituir el pacto social buscando más democracia a la par de una nueva lógica de crecimiento para distribuir mejor y distribuir mejor para crecer de manera sostenida y sostenible.
Los dilemas que enfrentamos como país son mayúsculos y es el momento de que puedan articulo parce nuevos y grandes consensos nacionales, con criterios incluyente, diálogo tolerante y fructífero y una voluntad democrática que lleve al país a una nueva lógica de prosperidad y de bienestar generalizado.
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Investigador del PUED-UNAM
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