A pesar de que México pudo experimentar la alternancia Presidencial hasta el año 2000, las reglas de la aprobación de reformas o adiciones a la Constitución cambiaron desde 1988, después de la sospecha de fraude electoral. La manifestación de pluralidad política que se expresó, primero, en las marchas de apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas y, posteriormente, con la conformación plural del Congreso de la Unión, obligó a que cada presidente de la República en turno, acuerde con los partidos políticos la aprobación de las iniciativas que le interese presentar.
Escrito por: Ruth Zavaleta
En ese contexto, a partir de esa fecha, la cantidad de Reformas constitucionales que se aprueban en cada sexenio están profundamente relacionadas con la capacidad de construcción de acuerdos del titular del Poder Ejecutivo o, con la extraordinaria posibilidad de tener dos terceras partes de los votos en cada una de las Cámaras que forman el Congreso de la Unión y, la mayoría absoluta de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México (17 artículos).
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Curiosamente, desde 1988 hasta la fecha, fue en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) en el que menos reformas constitucionales se produjeron: 31 artículos. El PAN, no tuvo mayoría absoluta de legisladores en ninguna de las dos cámaras: 207 Diputados y 47 Senadores; y, solo gobernaba 8 Estados de la República contra 19 del PRI. Además, desde el principio del sexenio, Fox, no logró construir acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, por el contrario, mantuvo una relación tan confrontada con el Poder Legislativo que, culminó en la controversia 109/2004, que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por diferencias respecto al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
En número de reformas, le siguió el sexenio de Carlos Salinas de Gortari: 55 artículos y, Ernesto Zedillo Ponce de León: 78 artículos. Paradójicamente, y quizás por la falta de legitimidad política, por la sospecha del fraude electoral de 1988, en el primer caso y, por el asesinato del primer candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, las reformas que se aprobaron en esos dos sexenios, fueron ampliamente debatidas no solo al interior del Poder Legislativo, sino con la participación activa de varios sectores de la sociedad civil. Precisamente, fue en la década de los años noventa que se votaron las reformas más importantes que fortalecieron el actual régimen político democrático: la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), ahora, Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal de Justicia Electoral y la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Posteriormente, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se dieron un gran número de reformas: 110 artículos. Pero, éstas, no respondieron a la construcción de acuerdos del Presidente, sino de un fenómeno político que se reprodujo al interior del Poder Legislativo (ya había sucedido en 1997 cuando se conformó el G-4). Como consecuencia de la confrontación poselectoral entre el candidato perdedor y el titular del Poder Ejecutivo, los acuerdos para reformar o adicionar la Constitución se construyeron, principalmente, en las mesas de los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados y de Senadores.
Cosa contraria sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los acuerdos legislativos se signaron en el “Pacto por México” entre el Presidente de la República y los presidentes de los partidos políticos mayoritarios (PAN, PRI, PRD y PVEM). El resultado fue: 155 cambios constitucionales y un gran número de reformas a leyes secundarias y creación de otras nuevas.
Algunas de esas reformas pueden ser evaluadas desde los resultados tangibles que produjeron, por ejemplo, la de competencia económica; otras, no pudieron evaluarse porque fueron desechadas al principio del sexenio, por ejemplo, la reforma educativa. Pero, otras reformas, a pesar de que cambiaron radicalmente la conformación de las instituciones, buscaron fortalecer la legitimidad de la representación política, tal es el caso de la reforma electoral que transformó al IFE en INE y, modificó la forma de constituir los organismos electorales locales. No obstante la profunda transformación que ocasionaron (puede analizarse en el artículo 41), la legitimidad política de los representantes populares que han sido electos después de la Reforma, no se ha puesto en duda.
Es decir, el arbitro (INE) ha funcionado muy bien y así lo evalúan la gran mayoría de los ciudadanos. Para muestra de ello, están las elecciones del 2018 y del 2021. En la primera, fue electo el actual Presidente de la República; y, en la segunda, Morena ganó la mayoría de las gubernaturas en disputa.
Regresando a las reformas y adiciones constitucionales, cabe aclarar que el artículo 135 de la Constitución establece que tienen que ser votadas por las dos terceras partes de los individuos presentes. Es decir, para lograr quorum en la Cámara de Diputados o el Senado de la República se requiere el 50% más 1 de los legisladores, entonces, podría suceder que, dos terceras partes de la mitad de ellos aprueben reformas constitucionales, por esa razón, es fundamental que, cuando de trate de un dictamen de reforma constitucional, todos los legisladores (500 en la de diputados y 128 en el Senado) se encuentren presentes y voten en las asambleas plenarias. En algunas legislaturas, se ha dado el caso de que, algunos legisladores, pactan no presentarse a la sesión, con ello, están aprobando la reforma o adición sin votar y quizás, con ello, estén siendo desleales a su partido.
De ahí se deriva el reconocimiento a la cohesión que lograron los grupos parlamentarios opositores (PRI, PAN, MC y PRD) en la coyuntura de la discusión de la Reforma Eléctrica. Y, de ahí, también, se deriva la necesidad de señalar su actual responsabilidad respecto a la Iniciativa de Reforma Electoral presidencial presentada el 28 de abril con la que el titular del Poder Ejecutivo pretende desaparecer al INE. En otra aportación hablaremos ampliamente sobre el contenido de la Iniciativa si ésta llega a discutirse como Dictamen.
Mientras tanto, no omitimos mencionar que, la democracia como orden político puede debilitarse o fortalecerse a partir de las acciones de los actores que ejercen el poder, en ese orden de ideas, y siguiendo la teoría de Ferdinand Lasalle, las reformas constitucionales son el producto de los factores reales de poder, por lo tanto, al no tener la mayoría calificada y al no querer construir acuerdos políticos, las iniciativas del presidente, no deben ser legisladas, mucho menos cuando quiere modificar las reglas del juego democrático de forma constitutiva para fines de sentar las bases legales del autoritarismo.
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