El pasado domingo 17 de abril, la Cámara de Diputados frenó la reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La llamada Reforma Eléctrica buscaba modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y tenía como objetivo limitar la participación privada en el sector energético para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Escrito por: Alexandro Méndez González
Con 275 votos en contra y 223 a favor, la decisión se ha convertido en un parteaguas para medir los contrapesos que existen actualmente en el Congreso y constituye la primera gran derrota de Morena frente a los legisladores del PRI, PAN, PRD y MC. Tras darse a conocer el resultado, el presidente López Obrador, aun cuando ha declarado que el revés a la reforma fue una “traición a la patria”, también reconoció en su conferencia matutina del lunes 18 de abril que el proceso puede ser considerado como un “triunfo de la democracia” que demostró “que vivimos en un auténtico Estado de derecho”.
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Pero, más allá de las celebraciones y los cuestionamientos sobre el proceso, ahora las miradas deben centrarse en lo más importante: el futuro del sector energético en nuestro país, sus retos y sus escenarios.
En este sentido, cabe destacar la declaratoria de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada también por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en el Congreso por Morena. Aunque entró en vigor el 10 de marzo de 2021, senadores de la oposición promovieron una acción de inconstitucionalidad frente a la SCJN y solicitaron su invalidez. No obstante, el pasado 7 de abril, la Corte finalmente avaló los cambios, al señalar que no implican la vulneración de la libre competencia: “el objetivo de las normas impugnadas no es que el Estado se constituya como único generador y comercializador de energía, sino establecer medidas específicas para el beneficio del interés colectivo y garantizar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”.
Las reformas a la LIE coinciden en muchos cambios que se estipulaban en la reforma constitucional recientemente desechada en el Congreso, sobre todo en lo relacionado con el prometido fortalecimiento de la CFE. Así, se estableció que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) diera prioridad a las centrales hidroeléctricas de la CFE, así como a sus plantas termoeléctricas, nucleares, geotérmicas y de ciclo combinado, por encima de cualquier otra planta de energía solar o eólica, pues se considera que las productoras de energías limpias y renovables actualmente no pueden satisfacer la demanda eléctrica del país.
Al respecto, López Obrador celebró el hecho de que la CFE podrá generar el 55% de la energía a nivel nacional, en contraste con el 38% que maneja actualmente, y que también estará en condiciones de usar la totalidad de sus plantas. Además, se eliminará la obligación de CFE de comprar energía mediante subastas del Cenace, por lo que será posible la celebración de contratos con las centrales eléctricas de CFE fuera de subasta.
También se facultará a la CRE para revocar los permisos de autoabastecimiento, así como para revisar, modificar o terminar contratos con productores independientes que no sean rentables para el gobierno federal. Cabe señalar que, pese al aval de la SCJN, las reformas no serán aplicables de forma inmediata debido a las suspensiones y amparos presentados por el sector privado y organizaciones ambientalistas, por lo que de momento significará el inicio un largo proceso de judicialización en el sector que deberá resolverse caso por caso en la Corte.
En este contexto, no puede dejarse de lado la incertidumbre que deja la atribución a la CRE para cancelar o modificar contratos con el sector privado, facultad que repercutiría en indemnizaciones de decenas de miles de millones de dólares. Asimismo, aún no es posible descartar los efectos de la tensión que se ha generado en la relación bilateral con el gobierno de Estados Unidos, el cual ha exigido al gobierno mexicano asegurar los derechos de sus inversionistas y exportadores.
De esta manera, resulta necesario permitir que exista apertura a la inversión privada y extranjera con pleno respeto a la ley y mayor certeza jurídica. Para ello, deberá apostarse por el fortalecimiento de estrategias que promuevan una sinergia entre el gobierno y la iniciativa privada, al tiempo que impulsen la competitividad y la sostenibilidad de la CFE y puedan garantizar un mejor Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Por último, uno de los temas que ha creado mayor controversia en los últimos días es el de la nacionalización del litio. Aquí cabe destacar que el litio es uno de los minerales con mayor auge a nivel mundial en el sector y se ha convertido en la estrella del discurso sobre el futuro energético del país del presidente, quien, apoyado por el Congreso, nacionalizó este mineral, que ahora es considerado como patrimonio del Estado. Con ello, México tendrá el derecho exclusivo de su exploración y explotación.
La explotación del litio en México implicará sin duda una fuerte inversión estatal, calculada en varios billones de dólares, aunque es importante recordar que el país tardará al menos 10 años en poder hacerlo, pues aún no existe ningún yacimiento de litio en el territorio. Según dio a conocer desde 2021 la Secretaría de Economía, actualmente hay algunos estados donde se ha comenzado apenas la etapa de exploración, tales como Jalisco, Puebla, Sonora, Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas. Sin inversión extranjera y con tanto trabajo por hacer, lo fructífero de esta inversión podría estar en riesgo muy rápidamente.
Como puede observarse, pese al triunfo democrático que significó en el Congreso el freno a la Reforma Eléctrica, aún persisten los retos y las incertidumbres en torno a temas como la inversión extranjera y los efectos de la visión nacionalista del gobierno federal. Habrá que seguir observando muy de cerca los procesos y las decisiones que siguen para exigir soluciones reales que contribuyan a fortalecer el sector energético nacional.
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Alexandro Méndez es doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte y profesor de asignatura en la maestría en Administración Pública de la Universidad Tecnológica de México.
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