El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el principal instrumento de política económica del país. Eso es cierto en un sentido técnico. Pero también es cierto que la estructura, prioridades y objetivos que lo sustentan revelan la noción del pacto social que tiene una administración, así como la posición política que asume, más allá de la retórica y del discurso público.
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Las líneas estratégicas del PEF permiten conocer cuáles son las perspectivas esperables para la economía de un país; y en ese sentido, se trata de un “brazo” insustituible del Estado para promover el crecimiento, para distribuir la riqueza con mayores criterios de equidad social, y para incentivar y promover la inversión pública y privada.
La magnitud de nuestro presupuesto, dado el tamaño de nuestra economía, resulta a todas luces modesta e insuficiente para enfrentar integralmente el mandato constitucional de garantizar universalmente los derechos humanos.
El monto estimado para el próximo año es de alrededor de 6.2 billones de pesos. De esa suma debe descontarse: el pago del gasto corriente del aparato del Estado, los compromisos ineludibles de servicios por pago de deuda pública, así como gastos fijos en pensiones y los nuevos programas de cobertura universal de esta administración, entre los que destaca el relativo a la llamada “pensión para adultos mayores”.
El PEF 2019 apostó por la transferencia directa de recursos y se orientó a financiar a la nueva “cartera de programas” del gobierno de la República. Sin embargo, en el planteamiento hecho para el 2020, ni siquiera esos programas contarán con los recursos necesarios para su óptima operación, con el delicado asunto de que, por citar sólo un ejemplo, el Instituto de Salud para el Bienestar no tendrá lo indispensable para arrancar operaciones en una de las áreas más sensibles de la administración pública federal, pues de su desempeño depende la vida de millones de seres humanos.
Lo que es claro, tras más de un año de gobierno, es que ni el combate a la corrupción, ni el adelgazamiento del aparato burocrático, ni la reducción de salarios son suficientes para resolver la insuficiencia de los recursos públicos.
Sin duda, el mayor reto que se tiene en el país es terminar con la anemia fiscal del Estado. Por ello es ineludible, como se planteó en el XII Diálogo Nacional por un México Social, realizado en la UNAM, iniciar una discusión pública nacional para redefinir el pacto político y social, y establecer rutas para consensar por dónde debe comenzarse y cuáles son los nuevos ejes fiscales para salir del estancamiento económico y de la polarización económica que nos ha caracterizado desde hace más de 30 años.
Gobernar implica generar una estrategia que permita atender y resolver las contingencias, y con base en ello, modificar las perspectivas, objetivos y hasta estilos de hacer las cosas, en aras de alcanzar objetivos mayores. Implica la audacia y, a la vez, la humildad, de corregir sobre la marcha y relanzar proyectos y hasta modificar los compromisos de campaña.
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