Los comicios de 2021 serán recordados no sólo por el histórico número de cargos en contienda o por su organización bajo condiciones de pandemia sanitaria. Lo serán también por haber estado enmarcados en un constante diferendo entre la autoridad electoral nacional y el presidente de México.
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La relación compleja no es nueva
Sin embargo, hay que decir que la compleja relación entre López Obrador y las autoridades electorales no es reciente. Como candidato presidencial en la elección de 2006, esta relación alcanzó su punto más álgido con las acusaciones de fraude electoral que le habría dado el triunfo al candidato Felipe Calderón.
A pesar de diversas reformas político- electorales cuyos puntos medulares han sido impulsados desde la izquierda, con la intención de dotar al sistema electoral de un talante cada vez más democrático e independiente, éstas han sido insuficientes para desterrar las acusaciones de parcialidad hacia el árbitro electoral, por parte del titular del Ejecutivo.
Y es que aún antes del arranque formal del proceso electoral 2021 que todavía no concluye, el presidente expresó una severa crítica a los consejeros del INE, derivado tanto de su falta de compromiso con la austeridad republicana como por su aparente sumisión a los poderes conservadores.
Sin embargo, con el arranque del proceso electoral, en septiembre de 2020, la relación entre el Ejecutivo y el órgano electoral autónomo entró en un proceso de tensión aún mayor, influido por algunas decisiones del árbitro electoral y confirmadas por el Tribunal Electoral.
Las decisiones del desencuentro
Uno de los puntos a destacar de la elección de 2021 es la serie de criterios aprobados por el Consejo General del INE que representan un viraje importante en las posturas adoptadas por el Consejo en procesos electorales previos.
En el mes de marzo el INE tomó una polémica decisión sobre la designación de diputaciones por el principio de representación proporcional (RP) a nivel federal. Una mayoría de consejeros y consejeras electorales consideraron necesario introducir medidas adicionales para fortalecer el principio de representatividad en la Cámara de Diputados.
Tomando como punto de referencia la sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados luego de la elección de 2018, el INE cambió el criterio adoptado en aquel año para la asignación de diputaciones de RP y modificó una regla electoral fundamental en pleno proceso electoral, en términos de la futura asignación de estas curules.
A pesar del énfasis del consejero Presidente del INE de señalar que tal medida no tenía una dedicatoria a ningún partido, tal cambio en la interpretación de la Constitución en lo que se refiere a la asignación de diputados por el mencionado principio, fue una medida que previsiblemente afectaría al posible ganador del voto popular de las elecciones intermedias a nivel federal: el partido Morena y con ello, la disputa por la mayoría calificada en el Congreso y, a su vez, del avance de la llamada Cuarta Transformación.
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la confirmación del TEPJF
El TEPJF confirmó por unanimidad el acuerdo del INE para la asignación de plurinominales en la Cámara de Diputados “para evitar prácticas que pretendan evadir los límites constitucionales de sobrerrepresentación de los partidos”.
Cabe también recordar que, con esta decisión, el Tribunal Electoral también cambia de postura sobre un tema similar. Ya en 2018, luego de la asignación de diputaciones de RP por parte del INE, el TEPJF había determinado “que el límite de la sobrerrepresentación está referido a los partidos políticos en lo individual, en función del origen de los candidatos y del grupo parlamentario al que pertenecerán de resultar electos y, no así a todos los partidos políticos que conforman la coalición”[1].
No menos controvertida fue la decisión del árbitro electoral de cancelar el registro a las candidaturas a distintos cargos de elección popular por parte Morena y algunos candidatos independientes, por la omisión en la entrega de informes de precampaña. Con una votación mayoritaria de los consejeros electorales nacionales, se canceló el registro de Félix Salgado como candidato al gobierno de Guerrero, un caso fuertemente mediático derivado de los señalamientos de abusos sexuales que dividió no solamente a la opinión pública sino al interior de Morena.
Otras sanciones
Junto con la cancelación de los registros a la gubernatura de Salgado Macedonio y de Raúl Morón, en Michoacán, otros 49 candidatos morenistas también serían sancionados en los mismos términos, a pesar de los alegatos de ese partido de haber omitido registrar a sus aspirantes como precandidatos, en virtud de su método de designación por encuestas, por lo que sus candidatos no habían realizado actos de precampañas y por lo tanto no había gastos e ingresos que reportar.
Estas decisiones fueron recurridas ante el TEPJF, quien en un primer momento ordenó al INE “una nueva determinación en la que reindividualice la sanción”, el cual reafirmó su decisión de cancelación de las candidaturas. Finalmente, el Tribunal, con el tema otra vez en su cancha, confirmó la cancelación de los registros de Félix Salgado y Raúl Morón, al considerar que la gravedad de la sanción pretendía consolidar el modelo de fiscalización y de rendición de cuentas.
El que ningún otro partido haya sufrido una penalización de tal calado por parte del INE, lo que puede explicarse por diversos motivos, fue un punto de desencuentro adicional que elevó el tono del discurso presidencial hasta señalar que tales decisiones representaban un “atentado a la democracia”.
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El INE luego del 6 de junio
Junto con el elevado número de cargos en competencia, más de 21 mil, la maquinaria electoral se enfrentó también a un fenómeno de violencia política ya observado desde 2018, un clima político altamente polarizado, así como una constante tensión con el titular del Ejecutivo, tal como se ha reseñado en párrafos anteriores. A este cuadro, hay que añadir los retos que ha traído la pandemia de COVID-19 para la organización de elecciones alrededor del mundo.
Los datos del día de la jornada electoral son contundentes sobre la eficacia de la organización electoral: más de 162 mil casillas (99.73%) se instalaron y en un porcentaje similar, funcionaron con tranquilidad. Participaron casi un millón y medio de funcionarios de casilla, así como 19 mil observadores electorales y poco más de 500 visitantes extranjeros. Otro dato que destaca es el nivel de participación ciudadana que se estima fue entre el 51.7% y 52.5%, el cual estaría notablemente por encima del 47.7% registrado en la elección intermedia de 2015, o el 44.7% de 2009.
Sin embargo, a pesar de estos y otros datos que dan cuenta de la eficacia del INE para organizar elecciones, persiste en el horizonte la posibilidad de una reforma electoral.
La relación que sigue
A pesar de que en la próxima integración de la Cámara de Diputados, Morena, PT y PVEM no alcanza la mayoría absoluta, eso no significa que se ha cerrado la puerta a las reformas constitucionales. Lo que podría implicar la futura composición legislativa es que el costo de los cambios al texto constitucional se eleve, tanto por los números de curules que alcanza la Alianza opositora integrada por el PRI, PAN y PRD como porque desde ahora, en el cálculo de los actores políticos está la elección presidencial de 2024.
Una posible reforma electoral requiere al menos 334 votos en la Cámara de Diputados, con la ventaja aritmética de que Morena junto con sus aliados contará, según los datos disponibles, con la mayoría legislativa en 19 congresos estatales. Desde la perspectiva de lo deseable, una reforma electoral tendría que ser el resultado de un amplio consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, así como de un diagnóstico riguroso del modelo electoral nacional impulsado desde la última reforma de 2014.
Por último, llama la atención las expresiones del presidente sobre la jornada electoral del pasado 6 de junio, al felicitar la organización de los comicios, no así la imparcialidad de la autoridad electoral. Lo anterior, apunta a los dilemas cada vez más evidentes de la naturaleza “dual” del INE, por un lado, una estructura técnica y altamente profesionalizada, y por el otro, un espacio eminentemente político donde se toman decisiones con la participación de distintos actores. Una próxima reforma está obligada a proteger y fortalecer la experiencia técnica de los órganos electorales para organizar comicios de calidad, como un aspecto que genera confianza en la ciudadanía para participar en las elecciones.
[1] “El TEPJF confirma la asignación de diputaciones de representación proporcional realizada por el Consejo General del INE”, 28 de agosto de 2018. Disponible en: https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/3378/0
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