En las democracias representativas, las jornadas electorales constituyen un de los pilares centrales del orden institucional. Garantizan, por una parte, la disputa ordenada y pacífica por el poder, pero también la oportunidad de la ciudadanía de establecer límites y controles a quienes ocupan cargos de elección popular.
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Es cierto que el sistema no deja de ser problemático y enfrenta severos retos. Quizá uno de los más importantes se encuentra en cómo, a partir del proceso electoral democrático, se puede llegar a la construcción de gobiernos de calidad; lo cual pasa por la cuestión relativa a cómo la ciudadanía puede exigir efectivamente a los partidos políticos, que postulen a las mejores mujeres y hombres a los cargos de gobierno o espacios legislativos que se disputan en periodos determinados.
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En esa lógica es importante decir que un gobierno de calidad es aquel que se aproxima de mejor manera al cumplimiento ideal del orden constitucional y legal; lo cual, en el caso mexicano, implicaría el diseño de una arquitectura gubernamental capaz de materializar el mandato de la Carta Magna relativo al cumplimiento integral, universal y progresivo de los derechos humanos.
Hay sistemas electorales en los cuales se han establecido algunos blindajes adicionales: uno de ellos es la determinación de efectos jurídicos de los votos anulados; y esto es relevante porque en esas democracias, la ciudadanía cuenta con un dispositivo para evitar que dos o más partidos políticos se coaliguen para expoliar sistemáticamente a la población.
Lo anterior significa entonces que hay regímenes y sistemas electorales, en los que determinado porcentaje de votos nulos, implica la anulación también de la elección, y en los cuales existe la posibilidad de demandar a los partidos políticos la postulación de personas que cumplan con criterios de idoneidad, y no como ocurre en México donde, literalmente, la mayoría de las ocasiones la ciudadanía se enfrenta al dilema de -dicho coloquialmente-, votar por la o el “menos peor”.
Estos temas son relevantes en nuestro país, porque se ha pospuesto una y otra vez una reforma político electoral, que esté pensada más allá de las coyunturas electorales y con el ánimo de dar ventajas a los grupos que temporalmente tienen mayoría en el Congreso y que han accedido al control de la Presidencia de la República.
En tal escenario, la democracia mexicana lleva varios años sin ser capaz de superar la crisis de representatividad de los partidos políticos y de los representantes que resultan elegidos en todos los signos partidistas. No sorprende, desde esta óptica, que de acuerdo con la encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, los propios partidos y las y los diputados y senadores que les representan, gocen del mismo nivel de desprestigio que los cuerpos policiacos del país. En ese sentido es importante destacar al menos cinco razones relevantes por las que es importante salir a votar el próximo 6 de junio:
En primer lugar, la ciudadanía tiene la responsabilidad de tomar en sus manos el destino el país, y determinar cuál es el modelo de gobierno, pero también de práctica parlamentaria desde la que se quiere que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales tengan o no viabilidad de cumplirse con base en los criterios y mandatos del orden jurídico nacional. Los perfiles de personas o partidos que se elijan serán indefectiblemente, los que tomarán las decisiones más relevantes para el país, en un horizonte de al menos tres años más.
En segundo término, es relevante salir a votar porque la opción de anular al voto termina beneficiando a los llamados “partidos franquicia”. Es decir, menos votos válidos reduce la magnitud de la votación, y por lo tanto, el efecto porcentual de la votación beneficia a los institutos políticos que obtienen menos sufragios de la ciudadanía, dándole no solo posibilidad de mantenerse activos por más tiempo, sino sobre todo, que esto ocurre con cargo al erario público, del cual obtienen cientos de millones de pesos.
En tercer término, la emisión del sufragio le permite a las y los ciudadanos tener mayor fuerza y solidez en la demanda de cumplimiento de las plataformas político-electorales que están registradas ante el Instituto Nacional Electoral. Y esto es tanto en el caso de triunfen o no las o los candidatos de nuestras preferencias.
La cuarta razón para salir a votar el próximo 6 de junio se encuentra en el hecho de que en nuestro sistema electoral, los procesos intermedios tienen un efecto “semi plebiscitario”; es decir, como nos encontramos a la mitad de una administración federal, es el momento para que la ciudadanía señale, con el sentido de su voto, si ratifica o si rechaza, o incluso, si pretende advertir al gobierno que no está del todo de acuerdo con la lógica de gobierno y el entramado de políticas públicas y acciones de gobierno.
Y finalmente, la quinta razón es que, a mayor participación ciudadana en el proceso electoral, menor es la probabilidad de que se cometan o se intente cometer fraudes electorales, compra de votos, o manipulación de los resultados al momento del conteo o recuento de los sufragios emitidos.
Además de todo lo anterior, es preciso reconocer que la emisión del sufragio es el cimiento fundamental del adecuado funcionamiento democrático; pero también que la democracia no puede quedarse o reducirse a ello; que aún falta traducir la voluntad popular en un sistema de gobierno que, como lo establece el texto constitucional, el democrático, sea un sistema de gobierno que permite el mejoramiento material y espiritual de la población; es decir, un sistema de vida en el que hay plenas libertades, pero también plena garantía de los derechos reconocidos en el orden jurídico nacional.
Si algo adeudan los partidos políticos hasta la fecha, es la construcción de un régimen democrático con adecuados controles y equilibrios que, en el marco de la División de Poderes, permitan la generación de consensos, diálogos fructíferos para ampliar las condiciones de bienestar de todas y todos; así como la formación de gobiernos que respondan a la pluralidad y diversidad legítimas que existen en nuestro país.
El voto libre y secreto es un ejercicio que debe ser entendido como un nuevo punto de partido para exigir a los partidos políticos que contribuyan a la generación de una nueva y permanente pedagogía democrática de diálogo, entendimiento y capacidad de tolerancia, para evitar lo que algunos llamas la tiranía de las mayorías, así como la nulificación de minorías que pueden transportar representaciones mayores.
La decisión ciudadana del próximo 6 de junio debe resultar a tal medida ejemplar para los partidos políticos, que no tengan más opción que serenar los ánimos, acercar posiciones y generar una ruta de diálogo que nos permita salir de las peligrosas arenas movedizas que, como la pobreza, la desigualdad y la violencia, amenazan con derruir los cimientos de nuestra permanentemente frágil e inacabada estructura democrática.
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