Para dimensionar la relevancia de lo que estará ocurriendo en los próximos días, es importante decir que solo en las elecciones federales, cuando se elige la presidencia de la República, hay una movilización poblacional tan grande como la que habrá de llevarse a cabo.
El 2 de marzo inició el levantamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. Se trata del 15º Censo que, como tal, se ha construido en la historia independiente de nuestro país, sin contar el que en 1860 intentó levantarse bajo el mandato del presidente Juárez, y de algunos otros ejercicios que quedaron truncos al inicio de la vida independiente de nuestra nación.
Alrededor de 150 mil personas (poco más del 70% de ellas mujeres) están recorriendo el país, vivienda por vivienda, para conocer las características de los hogares, de sus integrantes y de sus entornos. Habremos de tener, pues, un panorama bastante claro de la dimensión demográfica del país, así como de la complejidad de sus características territoriales y de las viviendas en que habitan las personas.
De ahí que, atinadamente, en el marco de la presentación del primer tomo del “Nuevo Ensayo Político-Demográfico de la República Mexicana”, -escrito por Mario Luis Fuente y yo-; Edgar Vielma, Director General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, señalara que el Censo es el mayor ejercicio cívico que se lleva a cabo en las sociedades democráticas en tiempos de paz.
Esta idea, que proviene de la Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas, convoca a pensar que, efectivamente, este es un Censo construido, por un INEGI constitucionalmente autónomo -carácter que tiene desde la reforma constitucional del 2008), y que fundamentalmente está construido por ciudadanas y ciudadanos de todo el país, quienes irán literalmente a preguntarle a sus vecinas y vecinos información estratégica para la toma de decisiones del país.
Desde la perspectiva territorial, es importante destacar que en el Censo se recorrerán aproximadamente 2.4 millones de manzanas en todo el país; y que esto implica estar en alrededor de 40 millones de viviendas, en las que muy probablemente se confirme que habitamos casi 130 millones de personas, lo cual nos coloca, nada menos, que como el 10º país más poblado del planeta.
En esa misma lógica, lo que es esperable es que, una vez más, este Censo dé dimensión de las desigualdades que persisten entre entidades federativas, y al interior de éstas; pero también entre grupos de población, ya sean vistos por segmentos etarios, o por pertenencia étnica.
Hay dos cuestiones adicionales a destacar respecto de este ejercicio: la primera de ellas es que por primera vez incluye una pregunta que permitirá saber cuántas personas forman parte de la comunidad afromexicana, la cual había sido invisibilizada históricamente y respecto de la cual, tendremos un primer dato histórico sobre el conteo demográfico y las características de las localidades en que habitan.
El otro tema a subrayar es el relativo al cambio de las preguntas relativas a la condición de discapacidad. Se trata de una nueva estructura que, por su diseño metodológico no permitirá compararla con las mediciones censales previas (recuérdese que la primera ocasión en que se preguntó por la condición de discapacidad en México, atendiendo recomendaciones de la ONU, fue en el año 2000). Al respecto hay que decir que hay una notable mejoría conceptual, que nos habrá de dar una mayor calidad de información.
En general, la participación de las personas es indispensable para que el Censo nos proporcione información que será, de acuerdo con el Artículo 26 de la Constitución, información oficial con base en la que todos los gobiernos, en todos los órdenes y niveles, deben utilizar como el insumo principalísimo para la toma de decisiones. De ello depende la distribución federal de los recursos públicos; pero más aún, de ello depende que se construyan gobiernos con mayores capacidades de garantizar administraciones de calidad y garantes de los derechos humanos en nuestro país.
@saularellano Investigador del PUED-UNAM
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