Los retos de la repatriación

Las recientes políticas anunciadas a través de las Órdenes Ejecutivas de Donald Trump, respecto a la deportación y repatriación de personas en situación migratoria irregular, en particular aquellas procesadas por diversos delitos plantean serios desafíos para México. Estas acciones afectan a ciudadanos mexicanos, pero también a personas de otras nacionalidades que transitan o permanecen en México.

Escribe Mario Luis Fuentes

El anuncio de priorizar la deportación de personas que han sido procesadas por delitos en Estados Unidos genera una preocupación directa para México. Estas deportaciones pueden incluir desde infracciones menores hasta crímenes graves, lo que plantea un problema de seguridad pública para los municipios receptores en la frontera.

Por otro lado, la devolución de personas trabajadoras en situación migratoria irregular a México incrementará la presión en los municipios fronterizos, como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa. Muchas de estas personas, al no tener vínculos directos con esas regiones, podrían decidir quedarse temporalmente con la intención de regresar a Estados Unidos. Este fenómeno genera una mayor demanda en los servicios públicos locales, desde albergues y atención sanitaria hasta empleo informal, afectando tanto a la población migrante como a las comunidades locales que ya viven en condiciones críticas.

Debe considerarse que muchas de las personas deportadas salieron de México huyendo de condiciones de pobreza extrema y violencia. Regresar a sus comunidades de origen no siempre es una opción viable, ya que las causas que las llevaron a emigrar persisten o incluso se han agravado.

Esto plantea preguntas fundamentales para el Estado mexicano pues se enfrenta el reto d facilitar su reincorporación a sus comunidades de origen, a la par de trabajar intensamente en aquellas regiones que reciban más repatriaciones, para construir zonas más seguras y con más oportunidades socioeconómicas.  

Debe reconocerse que, en el corto plazo, será muy difícil crear nuevos y efectivos programas integrales de reintegración, para la realización de capacitaciones laborales, acceso a vivienda digna o redes de apoyo social, lo que expone a estas personas al riesgo de ser más vulnerables, buscar alternativas migratorias de mayor riesgo o incluso a vincularse a actividades de los grupos delincuenciales que predominan en las ciudades o regiones a donde sean regresados.

Asimismo, la llegada de personas deportadas a albergues en la frontera pone en evidencia la falta de infraestructura y recursos adecuados para atender a esta población. Los espacios existentes son, improvisados y no cuentan con las capacidades necesarias para ofrecer refugio permanente. Esto es particularmente grave en el caso de poblaciones vulnerables, como niñas, niños y adolescentes no acompañados, pues la saturación aumenta los riesgos de explotación, violencia y trata de personas.

El panorama expuesto demuestra los enormes retos que enfrenta el Estado mexicano. En efecto, las recientes medidas de la administración de Trump contra Colombia, como la imposición de aranceles y la cancelación de visas a funcionarios, envían una señal preocupante para México. Estas acciones evidencian la capacidad del gobierno estadounidense para utilizar unilateralmente herramientas económicas y diplomáticas como presión política.

Nuestro país enfrenta desde ya enormes retos sobre todo en las zonas de mayor intensidad migratoria, donde podrían reducirse también los flujos de remesas, las que, como es sabido, son una fuente vital de ingreso para millones de familias mexicanas.

Otro factor preocupante es la amenaza norteamericana de intervenir militarmente en México en contra de los cárteles de la droga. Esta posibilidad representa una amenaza a la soberanía nacional, pero también podría intensificar la violencia y la inestabilidad en las regiones afectadas.

En este contexto, urge que el Gobierno de la república diseñe una estrategia de acompañamiento a los gobiernos estatales y municipales en la operación cotidiana, pero también en la generación de capacidades de prestación de servicios y creación de empleos ante crecimientos demográficos que podrían ser de enorme magnitud en periodos muy cortos.

México está sin duda ante un panorama sumamente incierto, lo que obliga a una capacidad de adaptación acelerada a un contexto regional que, por lo visto en los primeros días del gobierno de Trump, ha dado un giro enorme.

Investigador del PUED-UNAM