por Ernesto Enríquez Rubio
Es común en el ser humano culpar a otros de lo que en sí es su responsabilidad; esto también ocurre con frecuencia en los gobiernos. El caso del campo mexicano es una clara muestra de lo anterior
En efecto, las cifras de incremento de la productividad y del volumen de la producción que han utilizado los gobiernos en los últimos 12 años para justificar lo innecesario de contar con una política pública en materia de seguridad alimentaria omiten señalar que los mejores rendimientos se obtuvieron al sembrar maíz, fundamentalmente en los distritos y unidades de riego, lo que aparejó, por otro lado, la caída de la superficie sembrada de temporal y la dependencia creciente de importaciones para el consumo nacional de oleaginosas (87% del total) y trigo, en el que no sólo éramos autosuficientes, sino que exportábamos y que hoy requerimos traer del exterior 42% del consumo aparente; situación que es también aplicable al sorgo (25%), al arroz (74%) o al frijol (10%); esto, sin contar la inaceptable concentración de los apoyos en los productores más afluentes y la dependencia del exterior que nos ha llevado a una proporción cercana al 50%, cuando la FAO recomienda no superar el 25%.
Por lo tanto, no debe sorprendernos que el impacto de los precios internacionales –sólo por citar dos ejemplos: durante los últimos dos meses, la cotización de maíz de los EUA subió 50% y la de la soya en 20%–, adicionados a los de la carne de res, 20%, y la del huevo, incrementó la canasta básica en 11% en los doce últimos meses y aumentó, de acuerdo con el CONEVAL, en 5% adicional el número de mexicanos en pobreza extrema: de 13.8 millones a 20.8 de 2006 a 2010.
En el mismo sentido se utilizan los presupuestos asignados anualmente al campo, argumentando cada año que son “los más altos de la historia”, pero al deflactar los montos se pone de manifiesto que, por ejemplo, el de este año en pesos constantes, es 10% inferior al de 1994.
Lo mismo sucede cuando el Gobierno Federal plantea que los niveles de pobreza han disminuido, pero sin mencionar la contribución determinante que han tenido para este “logro” las remesas de los mexicanos que trabajan en el extranjero y los cerca de 400 mil mujeres y hombres del campo que emigraron hasta 2011, cada año, a los EEUU; tanto las remesas como la emigración se localizan, mayoritariamente, en los municipios más pobres del país.
Tampoco se menciona nada respecto a los costos sociales del fenómeno, tales como: fractura del núcleo familiar y, por lo tanto, el incremento de la vulnerabilidad de los más jóvenes, una de las causas del aumento preocupante de la criminalidad; número creciente de madres jefas de familia; envejecimiento de los ejidos y comunidades; e “importación” de comportamientos y enfermedades totalmente ajenos, hasta hace muy pocos años, al agro mexicano. Esto, sin contabilizar también, internamente, los efectos de la crisis de 2009 y la inaceptable pérdida de vidas, más de 40,000 a la fecha, que se tienen registradas desde 2007 –30% de jóvenes del medio rural–, cuando se inició la hoy negada “guerra contra el narcotráfico”.
Asimismo, se han disfrazado como apoyos al campo, en especial en los últimos 9 años, decisiones de política que tienen otros propósitos, como lo fueron: la ilegal expropiación de ingenios, del gobierno de Fox, que, con el pretexto de garantizar el pago de liquidaciones a los cañeros, encubrió un negocio para unos cuantos comercializadores de azúcar a costa del erario nacional.
En esta misma línea de las medias verdades tenemos también a aquellos que quieren hacer al TLCAN culpable de todos los males, no obstante la evidencia consistente en que el valor de la producción agropecuaria –fundamentalmente por las exportaciones de productos hortícolas– no disminuyó; además de observarse un efecto anti-cíclico en el ritmo de crecimiento del sector; si bien es palpable la concentración del ingreso en los productores tecnificados, con superficies superiores al promedio nacional y con infraestructura hidroagrícola que no se encuentra en las áreas de temporal y pastoreo con bajos niveles de precipitación o en las sierras y montañas, que es en donde viven los más pobres de los pobres.
Otro ejemplo lo constituyen las cifras de aumento del PIB agropecuario durante los últimos dos gobiernos panistas, que se utilizan como indicador del repunte del sector, cuando realmente ocultan que el 22% del mismo proviene de los subsidios, y que programas tan amplios que ahora se integran al de “Para Vivir Mejor” del Presidente Calderón, representan un ingreso real para el productor beneficiado de no más de 100 dólares anuales. La asignación de recursos para disminuir la pobreza apenas representó el 1% del PIB y el gasto en pesos constantes, para el sector rural, ha caído a la mitad en los últimos 10 años.
Capítulo aparte merecen los incrementos a los precios al productor que, en los últimos 10 años han presionado sus costos: 74.2%, gasolina; diesel, 125.7%; fertilizantes, 179.9%; así como la brecha digital o disparidad en el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación que tienen la mayoría de los productores del campo, quienes carecen de toda herramienta de información para su desarrollo personal, educativo y profesional. En efecto, entre los países de la OCDE el promedio de hogares con internet es de 62% y México se encuentra en el penúltimo lugar con 18.4%. La Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información 2010, que levantó el INEGI, dimensiona la brecha digital en nuestro país: 32.8 millones son usuarios de internet, y de esa cantidad, sólo 5 millones pertenecen al medio rural.
Un Estado eficaz para el campo
Para el logro de este objetivo se requiere de una nueva modernización integral y de fondo de la estructura y funciones de la administración pública mexicana, a fin de que opere con mayores índices de eficacia, eficiencia, congruencia, transparencia y probidad en beneficio de los productores del campo mexicano, de su productividad, innovación y desarrollo e capacidades. El Estado y su administración pública no pueden eludir más su responsabilidad de definir políticas públicas, impulsar programas que ejecuten los productores y verificar su cumplimiento, ofreciendo certeza y calidad en los servicios que ofrece a los ciudadanos.
Se trata de una reforma post burocrática, no de una mera simplificación tecnocrática de la estructura gubernamental. El Estado eficaz no es un concepto en abstracto, sino una concepción novedosa de equilibrio entre el “Estado y el mercado”, como los dos principales motores del desarrollo del campo.
En este contexto debe de retomarse la esencia o misión de la Secretaría hoy llamada de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En efecto, desde sus orígenes en 1853 como Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio; en 1861 de Fomento; y a partir de 1914 como de Agricultura, hasta la fecha; esta dependencia ha tenido bajo su responsabilidad el impulso a la producción. En 1976 se pretendió integrarle todos los elementos para cumplir con su misión: agua, tierra, organización y capacitación, tecnología, insumos, financiamiento, transformación y comercialización. En 1995 se le quitan las funciones de rectoría y manejo del agua, y posteriormente, la de los bosques, selvas y matorrales. A partir de diciembre de 2000 se le adicionan las atribuciones de pesca y alimentación y se le incluye en el gabinete social en vez de en el económico.
Por lo tanto, parece pertinente, entre otras medidas:
A) Fortalecer la función de fomento de la Secretaría de Agricultura. Su integración al gabinete económico y creación del Consejo Económico y Social
B) Redistribuir la competencia en materia de pesca y, asimismo, crear un Departamento de Pesca
C) Resectorizar CONAGUA y CONAFOR
D) Participación activa de la Secretaría de Agricultura en el diseño del nuevo sistema financiero y de administración de riesgos para el campo
E) Modernizar las atribuciones exclusivas de la Secretaría de Agricultura en materia sanitaria: animal, vegetal y forestal
F) Reforzar la coordinación interinstitucional con la SSA para asegurar la inocuidad alimentaria
G) Rediseñar la coordinación interinstitucional con SEMARNAT y la SSA para el equilibrio ecológico y la sustentabilidad
H) Actualizar el Sistema de Investigación, Innovación y Extensión Agrícola
J) Llevar a cabo una revisión de PROCAMPO, PROGAN Y PROÁRBOL
I) Relanzar las vertientes obligatoria, coordinada e indicativa y rediseñar las reglas de operación
En síntesis, parece urgente dentro de la reforma para alcanzar un Estado eficaz, que el equipo del futuro Presidente de México, el Lic. Enrique Peña Nieto, trabaje en preparar una nueva etapa en el rediseño de la administración pública mexicana, como en los sesenta lo hizo exitosamente la entonces Comisión de Administración Pública, para alcanzar no un mero ejercicio de simplificación tecnocrática, sino un nuevo y urgente equilibrio entre el “Estado y el Mercado”, y fundamentalmente para lograr en el próximo sexenio que la producción nacional de maíz, arroz y trigo para consumo humano; frijol, cárnicos y huevo sea suficiente para abastecer la demanda nacional y disminuir la importación de leche en 30%, además de mantener nuestras exportaciones de hortofrutícolas y productos industrializados.
Sin duda, metas factibles de obtener con el acompañamiento del Estado como factor de equilibrio entre éste y el mercado, con el objetivo de recuperar la seguridad alimentaria, base de nuestra soberanía. •
