por Verónica Montes de Oca / Mirna Hebrero
Queremos resumir la discusión sobre el envejecimiento en dos perspectivas: una mirada cuantitativa y otra cualitativa; en una, estamos agregando más años a la vida, y desde la otra, no necesariamente agregamos más vida a los años. La tensión entre estas dos perspectivas es lo que enriquece el debate sobre el envejecimiento en el mundo y en México
El envejecimiento demográfico es uno de los fenómenos modernos más interesantes por sus repercusiones en la vida económica, social y cultural. México no escapa a este proceso, y lo más relevante es que, dada su propia dinámica e historia demográfica, las características del envejecimiento se dan de manera particular.
Actualmente el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE, División de Población de la CEPAL) considera a México como un país en etapa avanzada de su transición demográfica, con niveles de mortalidad y fecundidad en constante descenso, pero con un crecimiento considerable (Chackiel, 2007). Hoy en México, el porcentaje de la población con 60 años y más representa el 8.96% de la población en general que, para el 2010, era de 112 millones de hombres y mujeres. Esto significa que tenemos en el país poco más de 10 millones de personas que experimentan la vejez de acuerdo a nuestros patrones multiculturales. Este segmento de la población está creciendo a una tasa promedio anual de 4%, por lo que se estima que para 2050 una de cada cuatro personas tendrá 60 años o más (Consejo Nacional de Población, 2006).
Pero el mayor crecimiento de personas en la etapa de vejez también está acompañado de una mayor longevidad, es decir, no sólo alcanzan la vejez más personas, sino que duran en ella más tiempo, llegando a vivir en edades muy avanzadas. De acuerdo con el Censo de 2010, en el país tenemos más de 700 mil personas con 85 años y más (INEGI, 2012); además, actualmente la esperanza de vida de la población mexicana es de 75 años, poco más para las mujeres y menos para los varones. Pero, hoy en día, al llegar al umbral de los 60 años se espera que una persona pueda vivir 22.39 años más (Consejo Nacional de Población, 2002).
La edad mediana y el porcentaje de adultos mayores varían sustancialmente en las diferentes entidades federativas que muestran grados de marginación muy variables. De esta forma, en el grupo con muy alto grado de marginación se encuentran Oaxaca, Guerrero y Chiapas, con las más bajas edades medianas, pero en donde Oaxaca presenta una proporción de población con 60 años y más superior al 10% y Chiapas en el opuesto, con sólo 7.3%. Estas tres entidades presentan desafíos en materia de envejecimiento y también retos para superar la pobreza y marginación en el resto de los grupos de su población.
Otro segmento de entidades federativas es aquel con alto grado de marginación. Aquí lo que se observa es una tendencia similar, si bien es más uniforme la edad mediana, en donde algunos estados como Veracruz tienen un mayor porcentaje de población con 60 años y más (10.5), en contraste se ubica Tabasco, con un porcentaje de 7.5% de personas adultas mayores (Ver gráfica). En el otro extremo se ubican las entidades federativas con el menor grado de marginación, aquí se ubican entidades como el Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila y Baja California. La edad mediana más envejecida de las 32 entidades del país corresponde al DF, así como el mayor porcentaje de personas adultas mayores, con ello, el Distrito Federal continúa siendo la entidad atípica del país, con una transición demográfica más avanzada.
Una mirada cuantitativa
Desde el primer enfoque, los grandes progresos al prolongar la existencia se han adjudicado a la ciencia médica a través de una serie de avances quirúrgicos, fármacos y tratamientos, pero es reciente y limitada la atención preventiva, centrada en el autocuidado de la salud y la promoción de estilos de vida saludables.
Además, no se ha puesto suficiente atención en dotar de un mayor sentido humano a la prolongación de la existencia, lo que significaría producir un cambio en las desventajas sociales que aquejan a la población más pobre del país. Para profundizar la desigualdad, la lógica neoliberal calcula el costo en salud que se requerirá para atender a éste segmento de la población que de acuerdo a su propio envejecimiento y a los determinantes sociales que les tocó vivir, pueden padecer tanto enfermedades transmisibles como no transmisibles como consecuencia del régimen epidemiológico mixto en México (Samper-Ternent, Michaels-Obregon, Wong, Palloni, 2012).
El discurso neoliberal es parcialmente válido, ya que a nivel nacional poco más del 40% de las personas con 60 años o más eran derechohabientes en alguna institución de salud (Conteo General de Población y Vivienda del año 2005), pero lo que sí es cierto es que esta población transitó por cambios en las causas de muerte entre 1980 y 2005, ya que las enfermedades transmisibles que representaban un 32.1% en 1980 pasaron a 13.1% en 2005; las enfermedades no transmisibles de 45.4% a 74.3% respectivamente; y los accidentes y lesiones de 15.8% a 10.7% en el mismo periodo (García y Gloria, 2006).
La mayor presencia de enfermedades no transmisibles de larga duración nos alerta sobre la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas en tanto nutrición y atención médica preventiva universal, lo que representaría un cambio sustancial en los determinantes sociales de la salud en México. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la atención médica preventiva en el primer nivel de atención es mucho más económica y eficaz que los grandes tratamientos curativos y poco eficaces.
Otro aspecto importante es el tema de las pensiones y las alarmantes estimaciones que se han hecho sobre el costo financiero que implicarán a razón de la mayor longevidad de los pensionados. Esta afirmación también es parcialmente válida ya que en México sólo el 25 % de las personas con 60 años o más cuentan con pensión y dentro de ellos hay regímenes privilegiados que gastan la mayor parte de los recursos financieros (Ham y Ramírez, 2011). La gran mayoría de los pensionados sólo cuenta con ingresos mínimos provenientes del IMSS o del ISSSTE.
En los organismos internacionales cada vez hay más consenso sobre la pertinencia de la pensión universal en la vejez, no sólo porque es el mecanismo más eficiente para enfrentar el proceso de envejecimiento en las sociedades sino porque permite a los individuos ahorrar y prevenir enfermedades no sólo en ellos, sino también en sus familias. La pobreza en la vejez es inadmisible en un país con riqueza humana, social y natural. Hoy ante la crisis financiera que enfrentan los países europeos, las generaciones más jóvenes se han visto protegidos y apoyados por las pensiones de los mayores.
En nuestro país el acceso a una pensión descansa en la más absoluta desigualdad, derivado de los diferentes niveles de desarrollo económico del país (servicios, industrial o agrícola) y de la calidad en administración pública en materia de seguridad social en ciertas regiones del país, pero también de la ausencia de un Estado de derecho que proteja a las personas de las desigualdades del desarrollo económico.
Por ejemplo, para el año 2000, en Nuevo León el porcentaje de personas adultas mayores con pensión era de 35%, mientras que en Chiapas era del 5% (Garay y Montes de Oca, 2011). La participación económica de los mayores en el mercado de trabajo, con respecto a este panorama, tiene un comportamiento inverso a la presencia de pensiones por seguridad social. Es decir, uno observará mayores tasas de participación económica en la vejez cuando más desprotección en materia de seguridad social exista.
El comportamiento es preocupante, porque el país sufre un paulatino desmantelamiento de los sistemas de seguridad social y los ahorros de los trabajadores se han transferido al sector privado, lo cual no garantiza la exención de lucro en los servicios y la pérdida de los ahorros de los trabajadores para alcanzar una pensión mínima. Además, el sector formal de la economía es débil ante el crecimiento del mercado informal donde las personas no pueden ahorrar, no pueden cotizar para tener una pensión y tampoco pueden atender en su totalidad sus necesidades en materia de salud sin que ello implique un gasto de su propio bolsillo.
Darle más vida a los años
Si pensamos ahora en esta segunda perspectiva, tendríamos que cambiar los determinantes sociales que producen muertes prematuras por enfermedades transmisibles, accidentes y muertes violentas, y concientizar a la población sobre asumir el autocuidado de la salud y la adopción de estilos de vida saludables, y atención preventiva y curativa para atender todas las necesidades de salud, lo cual implica una cobertura efectiva universal en salud y no sólo atención básica a través del seguro popular.
Tendríamos que mejorar y ampliar los sistemas de educación hasta edades avanzadas que doten de sentido la nueva trayectoria de vida de las personas mayores, a fin de que la longevidad pueda vivirse con calidad de vida. Igualmente, implica darle más atención a la vida con un mayor uso del tiempo en aspectos culturales y de aprendizaje donde los propios mayores sean partícipes de ese desenvolvimiento, pues su experiencia acumulada es central en este proceso.
Darle más vida a los años significa contar con ingresos suficientes, y una perspectiva de género que disminuya la inequidad entre ser hombre y mujer en la vejez. Requiere también comenzar a orientar a las jóvenes generaciones de este proceso y de que existen amplias probabilidades de una mayor sobrevivencia en edades avanzadas a fin de procurar planeación en su curso de vida.
Una existencia con más vida atraviesa la necesidad de crear empleos que de manera directa e indirecta den satisfacción, autocontrol, protección al trabajador y sus familias, y mejoren sus ingresos sin llegar a la inútil acumulación. Nuevos mecanismos de solidaridad deben ser instrumentados desde las organizaciones de la sociedad civil, a fin de que acciones colectivas acompañen los procesos de cambio social y demográfico.
Para un país donde las familias son el motor central de la existencia es necesario fortalecer las relaciones intergeneracionales, y dotar de sentido y responsabilidad la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos que permitan mayor calidad en los servicios sociales y de salud que atienden a todos los grupos de la población. Una sociedad que dignifica a la vejez es una sociedad que asegura la dignidad de su futuro.•
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