La revolución incruenta

por María Elena Chapa

Desde hace décadas, los enormes problemas que enfrentan las mujeres en el mundo han sido puestos en evidencia y estudiados desde la perspectiva de género, la cual hace explícitas y compara las diferencias de trato, oportunidades y acceso a los beneficios del desarrollo para mujeres y hombres, marcando las brechas de desigualdad existentes, de tal forma que sea posible atenderlas y cerrarlas de manera progresiva en un marco garantista de derechos

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Esa categoría de análisis, desarrollada por las movilizaciones feministas de la sociedad civil y apuntalada desde la academia, luego de un largo proceso de debates, disensos y consensos sobre la condición de las mujeres, no tardó en convertirse en una movilización política sin precedentes, una revolución incruenta, como se le ha llamado, que culminó en una serie de tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, signados por México, que ya forman parte de nuestra Constitución desde junio de 2011.

Como bien apuntan Virginia Guzmán y Sonia Montaño en su estudio Políticas públicas e institucionalidad de género en América Latina (1985-2010), ese proceso de institucionalidad representa “la materialización de relaciones políticas, prácticas sociales y visiones del mundo que se legitiman como cosas públicas por medio de procesos precedidos por luchas políticas”.

Como somero recuento histórico sobre el particular, se puede mencionar que el avance de la agenda de las mujeres tiene sus antecedentes más cercanos en la realización en México de la Primera Conferencia Internacional de la Mujer, en 1975, con lo que se dio inicio a la serie de cuatro conferencias (México, Copenhague, Nairobi,  Beijing) que hasta la actualidad han involucrado a la mayor parte de los gobiernos de 189 naciones, en el impulso al desarrollo y el empoderamiento de las mujeres.

En nuestro país, la institucionalización se implementó a partir del Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 (PRONAM), cuyo propósito era normar y coordinar las políticas relacionadas con las mujeres, propiciar una eficiente articulación e integración de programas y acciones gubernamentales, e involucrar a diversas organizaciones sociales, en especial, las que brindaban atención a la población femenina.

En 1997 se instala la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y de Senadores. En 1998, se crea la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer, encargada de establecer las políticas, lineamientos y criterios para la integración, ejecución, seguimiento, supervisión, evaluación y control del PRONAM y su observancia por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal.

Al inicio del siglo XXI, la perspectiva de género empieza a incluirse en los planes y programas nacionales, con sustento en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés, ratificada en 1981); en el marco normativo de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing 1995; y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará);  entre las más importantes a nivel internacional.

A éstas se suman, en el ámbito nacional, los ordenamientos de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres que crea el INMUJERES (2001); la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003); la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006); y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007).

Paralelamente a la creación del INMUJERES se establecieron los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) en los estados y municipios (bajo las figuras de consejo, institutos, y hasta la fecha, cuatro secretarías estatales de la mujeres), que han generado programas y líneas de acción tendientes cada vez más a la institucionalización de la perspectiva de género de manera transversal, lo cual implica que toda acción gubernamental la incluya, integral y obligatoriamente, en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del impacto diferenciado por sexo para conocer, por medio de indicadores precisos su eficacia y eficiencia, lo cual requiere, también, un consecuente cambio de mentalidad en quienes toman esas decisiones.

El avance ha sido lento pero consistente, apoyado en las normativas federal y estatales que amplían el marco de derechos de las mujeres hacia la igualdad sustantiva. Aún así, tal parece que este progreso se queda corto ante una sociedad que se transforma más lentamente de lo que se quisiera, debido a diversos factores estructurales, endémicos o de coyuntura, en materia económica y de política social.

Ante el flagelo de la violencia contra las mujeres, agravada por la violencia social vinculada al crimen organizado en los anteriores seis años, se han redoblado los esfuerzos en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, con la instalación del Sistema Nacional previsto en la ley correspondiente; con la creación de fiscalías especializadas en la investigación de feminicidios; la armonización y homologación de leyes; las reformas a diversos códigos; así como con la sensibilización y capacitación al funcionariado público de los tres niveles y poderes de gobierno.

 En este complejo panorama inciden también la obligación de los países de cumplir con los temas de la agenda de la Plataforma de Beijing, que han sido objeto de sucesivas revisiones a cinco, diez y quince años de su implantación, así como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que no sin grandes dificultades están tratando de cumplir los países de nuestra región, en materia laboral, de salud, educación, pobreza, participación política y empoderamiento y liderazgos femeninos.

 A pesar de las disposiciones de CEDAW y los instrumentos jurídicos en materia de igualdad de derechos que ya se crearon, en todas las sociedades y ámbitos persiste la discriminación contra las mujeres, lo cual “atenta contra la dignidad humana y obstaculiza el bienestar de las mujeres, sus familias y la sociedad”, como señala en su preámbulo dicha Convención desde hace 30 años.

Aparecen en el escenario formas de violencia que agravan este panorama de suyo complicado, como la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, la pornografía infantil, favorecida por el incremento en el acceso a las nuevas tecnologías, y la problemática asociada a la migración, en la que hay un número creciente de mujeres.

Otro de los retos es la defensa de los derechos políticos. La participación de mujeres en los congresos federal y  estatales, así como en los puestos de toma de decisión en las administraciones públicas, se ha mantenido en los límites de la precariedad. Ha sido necesario que grupos plurales de mujeres, feministas, académicas y políticas de diversa procedencia ideológica se organizaran para dar la batalla ante el Tribunal Electoral de la Federación, para que finalmente, en un hecho histórico, en las elecciones de 2012 pudiera llegar un 40% de mujeres al Congreso de la Unión, gracias a la resolución TEPJF 12-6-24.

Hace falta un esfuerzo para alcanzar la paridad representativa y, de la misma forma, se logre ésta en las administraciones municipales donde el rezago es evidente. Respecto a la participación ciudadana, la Plataforma de Acción de Beijing indica que los gobiernos deberán: “Proteger y promover la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres en materia de participación en actividades políticas y libertad de asociación, incluida su afiliación a partidos políticos y sindicatos”.

Los avances no son permanentes e incluso existen retrocesos, como lo hemos visto con preocupación en el caso de España, donde no sólo se han eliminado algunas instancias de la mujer, se ha llegado a solicitar la desaparición de la representación de ONU Mujeres y la paridad que hubo en el gabinete, también se ha desvanecido.

Esa preocupación se ha plasmado también en el entorno latinoamericano, según informa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) cuyo órgano subsidiario es la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la cual han realizado once reuniones en torno a la integración de la mujer en el desarrollo económico y social.

En el último Informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe se afirma que los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) se encuentran en un punto de inflexión entre la consolidación de sus logros y la incertidumbre de los nuevos desafíos globales surgidos por el cambio climático, el desarrollo tecnológico, la crisis económico-financiera, los cambios geopolíticos y sus consecuencias para la democracia y la igualdad de género (CEPAL, 2011). Unos de los acuerdos de la X Conferencia fueron:

 “i) Adoptar medidas en todos los ámbitos necesarios, incluidas medidas legislativas, presupuestarias y reformas institucionales, para reforzar la capacidad técnica y de incidencia política de los mecanismos gubernamentales para el adelanto de las mujeres, así como garantizar que alcancen el más alto nivel jerárquico en la estructura del Estado y se fortalezca la institucionalidad de género en su conjunto, a fin de que puedan cumplir sus mandatos; ii) … garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local, como objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas”.

Todo ello obliga a replantear, en el caso mexicano, el fortalecimiento de las instituciones que existen para el adelanto de las mujeres. No es posible recomenzar de nuevo toda la tarea realizada al vaivén de nuevas decisiones políticas; la experiencia acumulada y los programas mantienen su vigencia. A ello se añade la urgente necesidad de ampliar y consolidar la importancia de los mecanismos, manteniendo su preponderancia en el más alto nivel de toma de decisiones, como órganos rectores de la políticas de igualdad en sus respectivos ámbitos de influencia. 

Son 104 países en el mundo los que cuentan con Secretarías de Estado, Ministerios o Institutos dependientes de las Presidencias de la República (al más alto nivel del Ejecutivo) a fin de generar políticas públicas de igualdad y no discriminación hacia las mujeres.

El siguiente reto será la trascendencia del Instituto Nacional de las Mujeres a una Secretaría para las Políticas de Igualdad, como cabeza de sector para la inclusión de mujeres y hombres en un marco transversal de impacto en toda la política pública.

En declaración de Michelle Bachelet, presidenta ejecutiva de ONU Mujeres, hay 139 países que han garantizado la igualdad. México no puede quedarse atrás en esa tendencia igualitaria que beneficiará a su población, ni perder el protagonismo ganado a nivel internacional en la defensa de los derechos de las mujeres.

Avanzar en la supresión de toda forma de discriminación de las mujeres en la vida política y pública de país; incidir en la modificación de patrones socioculturales de conducta que impiden el desarrollo, el acceso a sus beneficios y el ejercicio pleno de los derechos para todos y todas, es una obligación.