por Isabel Crowley
¿Cuál ha sido el impacto real de la Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN) en la vida diaria de los niños y las niñas? La respuesta merece una reflexión obligada en este importante aniversario 25 de la Convención
Es un hecho incuestionable que a dos décadas y media de haberse aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y habiendo sido ratificada por casi todos los países del mundo, incluido México, la CDN es el instrumento más poderoso con el que la comunidad internacional jamás haya contado para promover y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Es el tratado de derechos humanos más ratificado en la historia de la humanidad y a lo largo de su existencia ha significado una verdadera revolución para la infancia y la adolescencia, logrando importantes mejoras en sus vidas y transformando profundamente la visión que se tiene de ellos. Con la CDN, las niñas y los niños dejan de ser objetos de caridad, mera propiedad de sus padres y simples beneficiarios de los servicios y protección del Estado para convertirse en sujetos plenos de derecho y miembros activos de la sociedad.
Este reconocimiento ha implicado también un cambio profundo a nivel legal y cultural, ya que el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de niñas y niños deja de ser una opción para los países, convirtiéndose en una obligación jurídica. Es decir, la CDN no consiste en compromisos o promesas, sino en obligaciones legales, ya que es el primer instrumento internacional vinculante que obliga a los Estados que la han ratificado a garantizar los derechos de los niños y a rendir cuentas, mediante informes públicos al Comité de los Derechos del Niño, sobre los avances y los retos que enfrentan para su pleno cumplimiento.
Otra característica que define la fuerza y el potencial de la CDN es su capacidad para involucrar a la sociedad en su conjunto. Cumplir con lo establecido en la CDN es obligación de los gobiernos, sí, pero ésta además define las obligaciones y responsabilidades de un amplio abanico de otros actores: padres; familias; maestros; médicos; personal sanitario; trabajadores sociales; y otros funcionarios públicos.
Al firmar la Convención, los países asumieron el compromiso de tomar todas las medidas legislativas y administrativas apropiadas para el cumplimiento de los derechos de los niños y asegurar que las leyes nacionales sean totalmente compatibles con los principios de esta ley internacional. Se comprometieron también a colocar a la infancia en el centro de sus agendas, a través del desarrollo de políticas públicas que permitan que todos los niños puedan tener acceso a servicios de salud y educación de calidad, y a destinar el mayor número de recursos posibles en todos los ámbitos, así como a fortalecer a las instituciones y los mecanismos encargados de velar por su bienestar.
Desafíos complejos y persistentes
Así, la CDN ha traído innumerables progresos para los derechos de la infancia en todo el mundo, pero los desafíos son complejos y persistentes. Millones de niños aún carecen de servicios esenciales que garanticen su supervivencia y reduzcan su vulnerabilidad a las enfermedades y a la desnutrición.
En muchas partes del mundo, las niñas y los niños no disponen de agua potable ni de instalaciones de saneamiento adecuadas. Y son innumerables las niñas y los niños que no se ven beneficiados por una educación de calidad. Muchos carecen del entorno protector que se requiere para estar protegidos en contra de la violencia, el abuso, la explotación y la discriminación.
México fue uno de los impulsores de la Convención y uno de los primeros países en ratificarla. Desde ese momento, el país ha registrado progresos constantes en materia de bienestar y cumplimiento de los derechos de la infancia. Ha armonizado los principios de la Convención a las leyes nacionales, realizando la reforma al Artículo 4to. Constitucional en la que se establece que todos los niños y las niñas en México tienen derechos, y promulgando en el año 2000 la Ley de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta Ley reglamenta la reforma de la Constitución y obliga a los padres de familia y a la sociedad en general a que respeten los derechos de la niñez y al Estado a que garantice el cumplimiento de éstos.
En 2005 se aprobó la reforma al Artículo 18 Constitucional que establece un sistema de justicia especializado para los adolescentes en conflicto con la ley; y en 2007 se logró también sancionar como delitos graves la prostitución, la pornografía, el turismo sexual y la trata con fines de explotación de niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, en 2011 el país elevó a rango constitucional el principio del interés superior de la infancia, situándolo desde entonces como criterio rector de las políticas públicas orientadas a este sector de la población.
En estos últimos 25 años, el país ha logrado avances significativos en materia de bienestar de la niñez, México tiene uno de los esquemas de vacunación más completos de América Latina, lo que ha reducido de manera importante la mortalidad infantil en el país. La mortalidad en menores de 5 años se ha reducido en más de la mitad a nivel nacional: de 41 casos por cada mil nacidos vivos en 1990 a 16.1 en 2012. De igual manera ha logrado que la cobertura de la educación primaria sea casi universal.
Sin embargo, todavía un gran número de niñas, niños y adolescentes en México aún no tienen sus derechos garantizados y viven en situaciones de pobreza, sin cuidados adecuados, sin protección jurídica, sin acceso a la educación y a la salud, y afectados por enfermedades prevenibles, la violencia y la explotación. Aún queda mucho por hacer para superar las disparidades que persisten en el país y garantizar para todos y cada uno de los niños, las niñas y las y los adolescentes el acceso a una educación de calidad; la protección frente al trabajo infantil; la erradicación de la violencia; y lograr que todos los niños y niñas inicien sus vidas en condiciones de igualdad.
En materia de combate a la pobreza es importante reconocer que el país ha realizado inversiones y estrategias importantes para reducirla y para apoyar que los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza asistan a la escuela y se mantengan saludables, pero los esfuerzos necesitan redoblarse, ya que la pobreza sigue afectando a poco más de la mitad de la población infantil y adolescente.
La mortalidad materna es todavía un importante desafío para el país a pesar de los esfuerzos realizados y de los avances logrados. La razón de mortalidad materna por cada 100 mil niños nacidos vivos en 2012 era de 42.3, cuando en 1990 era de 88.7. Chiapas y Oaxaca presentan todavía muy altos índices de mortalidad materna, a pesar de haber tenido avances en los últimos 22 años:
60.6 muertes por cada 100 mil niños nacidos vivos y 65.3 en el mismo año, lo que impide que México alcance la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Mejorar la salud materna para 2015.
Entre otras de las principales asignaturas pendientes en el país se encuentran la inclusión y la calidad educativas, especialmente para los niños de comunidades rurales e indígenas. En 2010 todavía existían más de 6 millones de niñas y niños entre 3 y 17 años fuera de la escuela. El combate al trabajo infantil es otro reto pendiente, ya que todavía poco más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan, de los cuales cuatro de cada diez no asisten a la escuela; además de la erradicación de la violencia, la cual afecta de manera profunda y duradera a los niños en sus casas, sus escuelas y comunidades.
Exigir y restituir sus derechos
Asimismo, es necesario que el país avance en la construcción acelerada de un sistema integral de garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, que cuente también con un sistema de protección especial mediante el cual sean exigibles y restituibles los derechos que no se cumplan. Dicho sistema de protección especial debe priorizar, entre otras cosas, la protección contra la violencia y la explotación de niños y niñas, además del registro de nacimiento universal y gratuito durante el primer año de vida, la protección a niños que migran solos y se encuentran en una situación de vulnerabilidad y a los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley.
En este contexto la celebración del vigésimo quinto aniversario de la CDN es un momento adecuado para hacer un llamado a redoblar esfuerzos y sumar voluntades para enfrentar los desafíos persistentes y colocar a los niños en el centro de todo el quehacer público. Es un llamado a renovar el compromiso por la infancia y a unir esfuerzos para construir un México apropiado para todos los niños, las niñas y las y los adolescentes.
Garantizar plenamente los derechos de la niñez no solamente significa cumplir con un tratado internacional de derechos humanos como es la CDN, sino que significa invertir en el futuro económico y social de un país, significa mejores sociedades, más democráticas, más inclusivas, más justas y más en paz.•
| Isabel Crowley Representante de UNICEF en México. Auditora de profesión, tiene una licenciatura en Marketing, Finanzas y Administración por el Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Lisboa, y un Diploma en Comercio por la Escuela de Comercio de Maputo, Mozambique. Asesora Senior para Relaciones con Gobierno dentro del Sector de Alianzas y Movilización de Recursos de UNICEF en Nueva York. Trabajó en la División del sector privado para la recaudación de fondos en la oficina de UNICEF Ginebra. En 1986 fue Oficial de Proyecto para el desarrollo comunitario y servicios básicos urbanos en Nepal, en donde ocupó también el puesto de Jefa de Relaciones Externas. |
