De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda, 2020, recientemente presentados por el Instituto Nacional de estadística y Geografía, en el país hay 32.9 millones de personas no afiliadas a ningún sistema de salud. De ellas, 17.06 millones son hombres y 15.93 millones son mujeres.
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También es importante destacar que, en ese universo de personas sin cobertura de ningún servicio de salud público o privado, hay 11.49 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 19 años de edad, de los cuales, 5.66 millones son niños y 5.48 millones son niñas.
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Las cifras son más que preocupantes, pues a las precarias condiciones de salud, tanto física como mental que enfrenta la población, se suma justamente el hecho de no estar cubiertos por ningún sistema de atención a la salud; lo cual evidencia todo lo que no se ha hecho en el tránsito del sistema del Seguro Popular, al nuevo esquema planteado en esta administración bajo la denominación de Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).
Es importante destacar que los rezagos se presentan de manera diferenciada en el territorio nacional, pues mientras que el promedio del país es de 26.2% de personas que no están afiliadas a ningún sistema de salud, hay 12 entidades donde se tienen un indicador superior, siendo los casos más notables el Estado de Hidalgo, con el 30.1% de su población sin cobertura; Tabasco, con 31.4%; Chiapas, con 32.7%; Estado de México con 33.4% y Michoacán de Ocampo, con el 37.6% de sus habitantes en esta condición.
Otro tema a destacar es que, entre la población usuaria de servicios de salud en el país, hay un 13.1% que se atiende en consultorios anexos a farmacias, lo cual es reflejo no sólo de la falta de cobertura, sino de la falta de calidad y oportunidad de los servicios públicos de salud, pues hay millones de personas que prefieren realizar el gasto en servicios privados, que pagar el costo de los tiempos y la falta de atención, aún teniendo afiliación, de los servicios públicos.
Por otra parte, están los reiteradamente señalados problemas de salud crónicos enfrenta nuestra población: hipertensión, diabetes, diferentes tipos de cáncer, enfermedades alcohólicas del hígado, entre otros, que son los principales determinantes de la carga de mortalidad que tenemos en el país, y la cual se ha agravado enormemente en medio de la pandemia de la COVID19.
Desde esta perspectiva, los datos relativos al exceso de mortalidad en México, dados a conocer también de manera reciente por la Secretaría de Salud, muestran que efectivamente la pandemia provocada por el nuevo coronavirus está generando la mayor cantidad de defunciones en México, siendo ya la primera causa de muerte en el país; pero que también las defunciones por diabetes e hipertensión pudieron haberse incrementado hasta en 30% cada una de ellas.
Lo anterior revela la ausencia de una estrategia nacional que, ante la reconversión hospitalaria y la determinación de darle prioridad número uno a la atención de la pandemia, no se tomaron las medidas necesarias para dar seguimiento a la consulta, tratamiento, detección de nuevos casos y tratamiento oportuno de estas enfermedades.
En efecto, los datos con fecha de corte del 15 de marzo del 2021 señalan que entre 2020 y lo que va de este año, se han registrado 417 mil defunciones adicionales a las matemáticamente esperadas; y que el 70% son defunciones que se explican por la COVID19; sin embargo, queda el otro 30%, equivalente a 125,000 decesos, que son atribuibles a otras causas, fundamentalmente las ya señaladas enfermedades del corazón y la diabetes mellitus.
Preocupa sobremanera que, dado que la pandemia y sus perniciosos efectos continuarán, al menos a lo largo del presente año, sepamos muy poco sobre los avances o retos aún por ser superados, para la consolidación del nuevo modelo de atención a la salud; más aún cuando se había prometido que a finales del 2019 estaría listo y en operación.
De manera simultánea, es relevante señalar que ante la catástrofe que estamos enfrentando, las entidades federativas hayan hecho tan poco para enfrentar tanto la crisis sanitaria como la económica. Desde esa perspectiva, es de señalarse que no hay un solo estado de la República que haya generado un modelo local de gestión exitoso, que pudiera ser considerado como una de las “buenas prácticas” a ser replicadas en otras regiones o incluso fuera del país.
Lo que tenemos es aun país semiparalizado en el ámbito sanitario; y en el marco del Día Mundial de la Salud, con un incumplimiento generalizado del derecho consagrado en el artículo 4º de la Constitución, relativo a la universalidad del acceso que deberíamos tener todas y todos al disfrute del nivel máximo posible de salud.
Adicionalmente se encuentra un tema en el que la falta de cobertura de servicios de salud habrá de impactar de manera negativa, y éste es el relativo a la medición multidimensional de la pobreza que deberá presentarse en el mes de julio del presente año.
En efecto, de acuerdo con la medición del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el año 2018 había un 16.9% de personas que o tenían acceso a ningún sistema de salud en el país; indicador equivalente a 21.1 millones de personas.
Frente a ese dato, la cifra estimada por el Censo habrá de impactar severamente en el porcentaje de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por carencia de acceso a algún sistema de cobertura; y dado también el enorme crecimiento de personas que tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza, lo que se percibe es una muy alta probabilidad de que el porcentaje de personas que se encuentran en condiciones de pobreza moderada sea mucho mayor al registrado dos años antes de iniciada la emergencia sanitaria y económica.
Construir un sistema universal de salud, que garantice el nivel de disfrute máximo de salud para la población no es un asunto sencillo; requiere del esfuerzo coordinado de la República; y por ello se necesita de un fino trabajo político que, además, esté acompañado por la reflexión y el análisis de la academia.
Poner en operación un consenso nacional que nos conduzca al tan anhelado sistema universal de seguridad social, que esté en la base de un nuevo Estado de bienestar, es sin embargo posible; pero lo que está haciendo falta es la voluntad política de generar un diálogo público nacional, que más allá de los prejuicios y las descalificaciones, ponga al centro la responsabilidad de revertir las tendencias que hoy nos colocan como un país donde reina la muerte evitable, y donde el dolor y la tristeza se encuentra hoy en más de un millón de familias que han tenido que enfrentar la pérdida de alguno de sus integrantes.
Desde esta perspectiva, resulta decepcionante que, en el marco del proceso electoral que está en marcha, prácticamente no hay ninguna voz, entre las y los miles de candidatos a diputados federales, e incluso a las gubernaturas, que haya planteado poner al centro del debate nacional este tema. Y por lo tanto, lo exigible es que en las próximas semanas, presenten a la ciudadanía las propuestas que tienen para resolver este problema, en el que nos va literalmente la vida a la inmensa mayoría de quienes vivimos en este país.
Investigador del PUED-UNAM
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