El derecho a la alimentación fue reconocido como un derecho humano desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, años después el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) anunciaba el derecho de toda persona a estar protegida del hambre teniendo la seguridad alimentaria. Aunque ambos instrumentos, son pilares para la construcción de un nutrido marco jurídico internacional donde se detallan las dimensiones para garantizar este derecho, lejos estamos de acabar con el hambre.
Escrito por: Blanca Elena Gómez
Según el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se entiende por seguridad alimentaria el derecho de toda persona a tener acceso, de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales del consumidor y que garantice una vida libre de angustias, satisfactoria y digna. Para cumplirlo, en palabras de Clara Jusidman-Rapoport, es obligación principal del Estado adoptar las medidas que sean necesarias para lograr el pleno ejercicio del derecho a la alimentación para todas las personas bajo su jurisdicción, pero los Estados enfrentan dos retos sustantivos para cumplir con esta misión, en primer lugar, se encuentran las características oligopólicas del actual sistema agroalimentario global, donde unas pocas empresas transnacionales agroindustriales dirigen la producción con base en las preferencias del mercado y no en la salvaguarda del derecho a la alimentación.
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Las empresas que dominan la producción, las cadenas de suministro y distribución de alimentos son Monsanto, Syngenta y DuPont quienes concentran el 55% del mercado internacional de semillas; el 75% del mercado de las materias primas agrícolas está en manos de Archer Daniels Midland (ADM), Cargill, Bunge y Louis Dreyfus; y el 80% del mercado de producción de alimentos es dominado por Associated British Foods, Coca Cola, Grupo Danone, General Mills, Kellogg´s, Nestlé, PepsiCo, y Unilever.
Según datos de la Fundación Heinrich Böll, la producción actual de alimentos garantiza el acceso a una dieta de 4000 calorías diarias a cada una de las personas del mundo, sin embargo, no todos los alimentos están a disposición del consumo, algunos productos agrícolas son usados para otros fines como la producción de biocombustibles, maquillajes, forrajes, etc. Aunado a lo anterior, los altos precios de los alimentos restringen el acceso a los mismos. Por ejemplo, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha tenido implicaciones severas para la seguridad alimentaria en el mundo derivado de que ambos países son productores y exportadores de insumos estratégicos como trigo, aceite de semilla de girasol, cebada, centeno, fertilizantes agroindustriales, y energéticos. De esta forma, el hambre parece ser un tema más de gestión de la producción y venta de insumos que de escasez. Naciones Unidas dio a conocer que al final del 2021, el número de personas que padecían hambre en el mundo alcanzaba los 828 millones de personas.
En segundo lugar, el sistema alimentario enfrenta los retos que el cambio climático trae consigo: sequías o inundaciones, degradación y perdida de ecosistemas, cambios que sin lugar a duda afectan el rendimiento de cultivos o la destrucción de siembras, temperaturas extremas que provocan la propagación acelerada de plagas y enfermedades devastadoras en el sector agropecuario.
Ambos retos ponen en el centro de las reflexiones la necesidad de generar una gobernanza que garantice el acceso a los bienes públicos globales necesarios para asegurar la provisión de derechos como el de la alimentación. En este escenario, México apuesta por una política que garantice la suficiencia alimentaria básica, un gran acierto de la actual administración, pero cómo lograrlo cuando nuestro país enfrenta problemas tales como la grave crisis hídrica que aqueja a la mayor parte del territorio nacional, o cuando nuestro país depende en gran medida de las cadenas de provisión y suministro de alimentos internacionales.
Las estrategias y acciones en favor de una gobernanza alimentaria donde la justicia sea el eje transversal en la arquitectura de relaciones entre los múltiples actores implicados en la materia, son difusas en torno a la fijación de metas a alcanzar, lo que impide garantizar a cabalidad el derecho humano a la alimentación en el largo plazo. Por ello, resulta urgente que el gobierno federal fije una agenda clara al respecto.
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