De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la seguridad alimentaria: “existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”
Además, el Artículo 4º constitucional reconoce el derecho a la alimentación, estableciendo que el Estado es el responsable de su garantía. En efecto, el texto íntegro relativo a este derecho dice que: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.
De manera preocupante, en nuestro país existen condiciones elevadas de inseguridad alimentaria, lo cual implica severos efectos para la salud de las personas, particularmente las niñas y los niños, quienes enfrentan un fenómeno doble: la anemia y la desnutrición por un lado, y por el otro la obesidad y el sobrepeso.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de medio camino, 2016, en México 69.5% de los hogares mexicanos tiene algún tipo de inseguridad alimentaria: 40.1% se clasificó con inseguridad alimentaria leve, 18.4% con inseguridad alimentaria moderada y 11.1% con inseguridad alimentaria severa. Esto significa que casi 22 millones de hogares padecen algún tipo de inseguridad alimentaria en el país.
Asimismo, las localidades rurales tienen una menor proporción de hogares en seguridad alimentaria en comparación con las urbanas (32.8% y 22.0%, respectivamente). Además, la región Sur del país tiene la mayor proporción de inseguridad alimentaria moderada (23.0%) respecto de las regiones Norte (13.3%) y centro (17.0%).
En síntesis, México enfrenta la paradoja de contar con la producción y disponibilidad suficiente de alimentos para toda la población, y al mismo tiempo tener, de acuerdo con la medición de 2016 de Coneval, a más de 24 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación.
A ello se le suma, que en nuestro país, 38.5% de las personas ocupadas tienen ingresos laborales que no son suficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria.
Sin duda, México se encuentra en medio de un enorme desafío que urge resolver: “lograr la seguridad alimentaria a través del acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, a la alimentación sana, nutritiva y suficiente”. Ello a fin de convertirnos, en el menor tiempo posible, en un país con equidad, justicia y dignidad para todos, lo cual implica el pleno y universal cumplimiento de los derechos humanos.
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