Es difícil dimensionar los datos relativos a la violencia homicida en México. Lo es, en primer lugar, porque cada número corresponde a un cadáver, a una familia que pierde a uno de sus integrantes; también, en segundo lugar, porque la mayoría de quienes pierden la vida de manera violenta son personas jóvenes; y lo es, en tercer término, porque la magnitud y la crueldad que caracteriza a la mortandad violenta que recorre al país, no tienen precedentes.
Los datos son fríamente aterradores: del 2010 al 2018 han fallecido por homicidio 235 mil 347 personas, es decir, un promedio anual de 26 mil 149 personas, o bien, 72 homicidios diarios en el periodo señalado. De esa suma, más del 52% tenía menos de 35 años al momento de su fallecimiento. Y que conste que en estos datos no se incluyen las decenas de miles de personas consideradas como “desaparecidas o no localizadas”, muchas de las cuales yacen en fosas clandestinas o simplemente han sido literalmente desaparecidas de la faz de la tierra vía la disolución de cuerpos en ácido o bien, la incineración de cadáveres.
La situación, sin embargo, ha empeorado en los últimos tres años, en los cuales se han cometido 92 mil 602 homicidios, siendo el 2018 el más violento de la historia con 35 mil 964 asesinatos, es decir, 98.5 casos por día.
Esto ha llevado a que, en los últimos dos años, los homicidios desplazaran a los accidentes como principal causa de muerte entre la población joven. Esto ya había ocurrido en los años 2011 y 2012, los más violentos del mandato de Felipe Calderón, y en los cuales se rebasó de manera relevante el número de jóvenes asesinados respecto de aquellos que perdieron la vida en eventos accidentales.
Por otro lado, la muerte sigue acechando a niñas y niños y los números absolutos de asesinatos de quienes tienen menos de 14 años en el país no se han reducido de manera significativa. En ese sentido, debe señalarse que del 2010 al 2018, se han contabilizado 595 homicidios intencionales de menores de un año; es decir, un caso cada seis días. Para algunos la cifra pudiera parecer baja; pero esa percepción palidece cuando se pone enfrente la cuestión relativa a que nada, absolutamente nada, puede justificar el hecho monstruoso de asesinar a niñas y niños totalmente indefensos, seres humanos que apenas deben estar aprendiendo a caminar y cuyas primeras palabras apenas se están articulando.
Respecto de las niñas y niños de uno a cuatro años, las cifras son igualmente pavorosas: 956 casos en nueve años, es decir, 106 casos por año o uno cada 3.4 días. La cifra desciende en el grupo de cinco a nueve años de edad a 687 casos en el periodo señalado, dato equivalente a un caso cada 4.8 días.
En contraste, al incrementarse la edad se incrementa igualmente la violencia, y en el grupo de 10 a 14 años de edad, la cifra es de 1,772 asesinatos en los últimos nueve años; esto implica un promedio de 199 casos por año, y de un caso cada 1.8 días. La cifra crece astronómicamente en el grupo de 15 a 19 años, en el que del 2010 al 2019 se han contabilizado 2 mil 070 casos por año, lo cual hace una suma de 18 mil 632, o bien, casi seis casos por día.
Hasta aquí los datos, los cuales son de suma relevancia para un mejor diseño de políticas públicas de prevención, y de persecución y sanción de los delitos. Pero en términos sociales, si estas cifras estuvieran, por ejemplo, a la mitad, ¿sería por ello menos grave y preocupante? Por supuesto que no. Continuaríamos siendo un país sumamente violento y amenazante de la niñez y la juventud.
Por ello es importante repetirlo todas las veces que sea necesario: un gobierno auténticamente progresista es aquel capaz de construir un país apropiado para la niñez. No hay, no puede haber una agenda de mayor prioridad para el gobierno en todos sus órdenes y niveles. Y en eso, la actual administración todavía se encuentra en falta.
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