La tragedia y el desorden del Gobierno

México va de tragedia en tragedia, sin que el siempre doloroso y masivo número de víctimas sea motivo suficiente para llevar a cabo una revisión del calado que se necesita para reestructurar a la administración pública y dotarla de las capacidades y recursos para cumplir con los mandatos y atribuciones legales y constitucionales que le son asignados.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

La muerte de, hasta el momento de escribir esto, 39 personas, como producto del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua, se asocia directamente con el desorden, falta de coordinación y ausencia de capacidades estructurales del gobierno para dar cumplimiento al mandato de la Constitución de garantizar de manera universal, integral y progresiva los derechos humanos de toda persona que se encuentre en el territorio nacional, sin excepción alguna.

Cuando ocurrió el criminal incendio de la Guardería ABC que llevó a la muerte a 49 niñas y niños, el ministro Arturo Saldívar concluyó, luego de un profundo análisis, que ese evento fue resultado del desorden generalizado de la administración pública pues no había una adecuada línea de responsabilidad y seguimiento en el cumplimiento de los deberes institucionales, por lo que no podía evitarse la conclusión de que se trataba de una falla estructural del Estado.

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Ahora estamos ante un escenario similar. Las excusas han salido a relucir en todas partes; y los responsables han decidido escudarse detrás de un cuestionable acuerdo administrativo que, en su narrativa, les releva de funciones y responsabilidades; y en la peor versión, se afirma simplemente que se trata de un problema de una empresa subrogada (igual que en el caso de la Guardería ABC), y que es la empresa la única responsable del asunto, como si el Estado no fuese responsable de su contratación, supervisión y exigencia de cumplimiento de normas, criterios operativos y calidad en la prestación de los servicios.

Este horrendo episodio recuerda lo que ya se ha planteado en otros momentos: la urgencia de garantizar la adecuada operación del Poder Ejecutivo, porque de ello depende la vida y bienestar de quienes habitamos o transitamos por este país. Y por ello es pertinente preguntar una vez más, ¿cuál es el estado que guarda la administración pública federal en lo que se refiere a sus procesos y protocolos de actuación en lo cotidiano?

Dado que no hay información pública suficiente sobre este tema para llevar a cabo una evaluación o diagnóstico con la seriedad requerida, lo que parece es que este gobierno ha tomado decisiones sustantivas más allá de los procedimientos jurídicos establecidos; es decir, se ha recurrido a la instrucción verbal y a la comisión de tareas fuera de la normatividad, lo que en el futuro próximo puede entorpecer severamente al gobierno e incluso, si las cosas son de la magnitud que se percibe, a una semi parálisis de varias dependencias del gobierno, que pueden a su vez imponer severas restricciones a quien sea la o el próximo presidente de la República.

Sería importante saber, por ejemplo, cuántos recursos están por resolverse en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por actos impugnados en lo que respecta a su fundamentación legal; cuándos amparos o recursos se encuentran en el Poder Judicial; y cuántos de ellos implican erogaciones y compromisos presupuestales de relevancia, así como cuántos más podrían afectar el funcionamiento institucional si el resultado de los tribunales es adverso a las instituciones del Estado.

En un país donde el Estado de Derecho es violentado recurrentemente, es el Gobierno, en todos sus niveles, el primer responsable de cumplir con la Ley que le da legitimidad a su autoridad y, como lo establece el texto Constitucional, permite motivar y fundar sus decisiones ejecutivas.

La muerte de las 39 personas que fueron víctimas en el incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, es responsabilidad directa del Estado; porque al estar dentro de una institución pública, es deber de la autoridad la protección y salvaguarda de la seguridad e integridad de quienes están detenidos allí.

Por eso urge encontrar respuesta a la cuestión relativa de cuál es el estado de operatividad de todas las instancias y dependencias que tienen bajo su cuidado y responsabilidad a personas que no tienen otro espacio a dónde acudir: albergues temporales, guarderías, casas de día y de cuidado, casas hogar, etc. Al respecto, México no tiene siquiera un censo actualizado de centros asistenciales porque esa política pública simplemente se abandonó en esta administración.

Ya concluyó el primer trimestre del 2023. Y quedan solo 18 meses para que esta administración finalice y solamente un año para que comiencen formalmente las campañas presidenciales de 2024.

Es evidente que el presidente de la República no va a modificar su estilo de gobierno tragedia y seguirá tomando decisiones con base en lo que piensa que es la mejor y más eficaz forma de hacerlo. Pero eso no obsta para que, quien aspire a sucederlo, en todos los partidos políticos, tengan claridad de que llegarán a un Poder Ejecutivo con muy amplios márgenes de desorden y desaseo en su funcionamiento interno.

Por ello el otro diagnóstico urgente es el que debe construirse desde la Secretaría de la Función Pública, la cual debe fungir como garante del buen funcionamiento del gobierno de la República y de la rectificación, corrección o sanción, cuando así sea el caso, de quienes hayan incumplido con sus responsabilidades administrativas.

Así, al igual que con la Guardería ABC, con el asesinato de migrantes en San Fernando; con el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa; lo ocurrido en Ciudad Juárez también permite decir que “fue el Estado”, por acciones y omisiones que han costado decenas de vidas y cuyo número podría aún crecer. Y dado que así son las cosas, lo que es imprescindible es no sólo la reparación del daño, sino ante todo y de una vez por todas, la garantía de la no repetición, la cual depende en buena medida de lo que aquí se ha planteado: revisar, evaluar, corregir y reorientar el actuar del entramado institucional, cuyo desorden y errores de diseño y operación de la política pública, desembocó en una tragedia espantosa.

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Investigador del PUED-UNAM