La urgencia de un sistema integral de cuidados

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2020, del tiempo total de trabajo de las mujeres, el 30.9% fue desarrollado en el trabajo para el mercado; 66.6% para el trabajo doméstico no remunerado, y el 2.5% a la producción de bienes exclusivos para el hogar.

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En el agregado, las mujeres trabajan, de forma remunerada y no remunerada, un total de 59.5 horas, mientras que los hombres laboran en total 53.3 horas por semana. Si se piensa en semanas de seis días de trabajo, el promedio para las mujeres es de 9.9 horas por día, mientras que para los hombres el promedio es de 8.88.

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Estos datos permiten dimensionar tanto la división inequitativa de tareas tanto en el mercado como en el hogar, lo cual se expresa en el hecho que, del tiempo de trabajo no remunerado en los hogares, las mujeres reportan un promedio de 12.3 horas a los cuidados directos a otros integrantes del hogar, generando un total de 28.8 horas de cuidados directos y pasivos; en contraste, los hombres dedican en promedio 5.4 horas de cuidados directos, y 12.9 hora incluyendo cuidados pasivos.

Lo que revela esta información del INEGI, por otro lado, es un prácticamente inexistente sistema nacional de cuidados integral, y que preste servicios con estándares de calidad y oportunidad semejantes en todas las dependencias públicas, y en todos los espacios territoriales del país.

Por el contrario, lo que es característico en esta materia es el desorden institucional, y las profundas brechas en infraestructura, recursos humanos, recursos materiales y presupuesto en las 32 entidades federativas, y más aún, entre los más de 2,400 municipios que existen en el país.

Ningún sistema de bienestar puede considerarse como completo, cuando adolece de sistemas de cuidado, de protección y de servicios de rehabilitación y complementarios a los que otorgan otros sistemas (salud y educación emblemáticamente), y que están dirigidos a poblaciones vulnerables o con necesidades especiales como las personas adultas mayores, las niñas y los niños o las personas con alguna discapacidad.

Esta semana, se llevó a cabo el XIV Diálogo Nacional por un México Social, en conmemoración de los 20 años de existencia del Seminario Universitario de la Cuestión Social y el X aniversario del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, ambos de la UNAM. En él, uno de los planteamientos reiterados fue precisamente el relativo a que el diseño de un nuevo modelo de bienestar social, y en general, un nuevo curso de desarrollo, exigen la construcción de un sistema nacional de cuidados.

Lo anterior, porque si en torno de algo se presentó evidencia, es sobre el hecho de que los programas de transferencias de ingresos, si bien permiten paliar algunos de los efectos negativos de una política económica totalmente ineficiente desde hace décadas, no es suficiente para romper con la reproducción histórica de la pobreza, y antes bien, contribuye en el largo plazo a mantener o incluso profundizar las brechas económicas y sociales.

En ese sentido, lo que se destacó es que sólo mediante una política económica capaz de generar empleos dignos para todas y todos, y que tenga nuevas capacidades distributivas, podremos tener margen para la construcción de un proceso de crecimiento económico sostenido, que permita igualar a la sociedad y detonar un círculo virtuoso en el que ese proceso igualador permita crecer aún más.

De igual forma, uno de los consensos que pueden identificarse en las exposiciones de las y los expertos que participaron en este diálogo, es el relativo a que nuestro país no puede permitirse regresar a la “normalidad pre pandémica”; y que si algo es urgente es antes bien construir una nueva lógica incluso de definición de lo que es una normalidad socialmente aceptable, es decir, un curso de desarrollo que esté anclado en el respecto y garantía, lo más amplia posible, de conjunto de los derechos humanos de la población.

La Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, La Cumbre Mundial sobre el Envejecimiento de la década de los años 2000, la Convención de los derechos de las personas adultas mayores y la relativa a los derechos de las personas con discapacidad, todas ratificadas por el Estado mexicano, contienen planteamientos muy claros respecto de todo lo que deberíamos estar haciendo, desde antes de la crisis del 2008-2009; y antes del inicio de la pandemia de la COVID19, y frente a lo cual México tenía severos rezagos e incumplimientos.

En esa medida, lo que es necesario hoy es construir los mecanismos de los que siempre se ha carecido, para impulsar un diálogo serio entre la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación y los poderes instituidos del Estado, para renovar el pacto social, y replantearnos prioridades así como las estrategias que pueden diseñarse para darles cumplimiento.

En esa lógica, lo que debe entenderse es que uno de los pilares del nuevo Estado de bienestar que le urge a México, es precisamente un sistema nacional de cuidados, que supere en un consenso amplio, la idea de que los servicios de asistencia social y cuidado son únicamente permanentes; que se trata de mucho más que de otorgar servicios ambulatorios o apoyos funcionales; y que antes bien, el Estado se hará cargo del cuidado de los más desamparados, por ejemplo, las víctimas de delitos extremos, las y los niños que han perdido a su madre y padre como producto de la violencia armada o la desaparición forzada de personas; entre otros grupos de atención prioritaria.

Si algo queda claro, es que antes estos temas, no se percibe la magnitud de la urgencia de atenderlos con la celeridad que la realidad está marcando. Y más aún, no se ha asumido a cabalidad las consecuencias que mantener las cosas como están, tiene frente al mandato constitucional, no sólo del artículo 1º, sino de todos los derechos humanos que están ahí contenidos, y que determinan los estándares con los que el sistema nacional de cuidados que se plantea debería tener.

Debe insistirse en que no hay más tiempo qué perder. Que la acción que debe tomarse es inmediata; y que la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, no puede omitir este y otros temas urgentes que, de postergarse, habrán de ampliar y profundizar los ya de por sí dramáticos efectos que estamos enfrentando por la pandemia.

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