El año 2020 será, de acuerdo con los datos del Segundo Informe de Gobierno del presidente López Obrador, el que menor cobertura en la aplicación de vacunas de niñas y niños de un año registre en la última década. Se trata de una situación delicada, pues ello puede traer importantes retrocesos en la salud pública del país, pero, sobre todo, constituye una grave violación de los derechos humanos de las niñas y de los niños de México.
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En efecto, de acuerdo con el informe citado, la cobertura con esquema básico completo de vacunación en menores de un año llegará a solo aproximadamente el 75.3%, lo cual significa que uno de cada cuatro de las niñas y niños en ese segmento de edad no tendrán este año completo su esquema de vacunación.
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Por su parte, la realidad para quienes tienen entre un año no es muy distinta, pues según los indicadores del Ejecutivo federal, la cobertura con esquema completo de vacunación alcanzará sólo al 78.2%; es decir, prácticamente uno de cada cinco niñas y niños de un año en México contarán con el esquema de vacunación completo.
Los datos son muy delicados, sobre todo si se compara lo que se había alcanzado en el año 2006, cuando la cobertura para menores de 1 año llegó a 95.2%, cifra récord desde entonces, y la cifra récord alcanzada para quienes tenían un año en 2015, año en que se alcanzó el 97.2% de cobertura.
Ahora que se está llevando a cabo un esfuerzo extraordinario para implementar la estrategia de vacunación contra el virus del SARS-COV-2, en la que se está capacitando a integrantes del Ejército Mexicano para su aplicación en todo el territorio nacional, es necesario revisar a todo el Programa Nacional de Vacunación, y no desperdiciar la oportunidad del despliegue que se llevará a cabo para aplicar esta vacuna.
Se ha dicho, con razón, que el Programa Nacional de Vacunación, fortalecido y potenciado durante la gestión del Doctor Jesús Kumate cuando fungió como Secretario de Salud, constituye una de las pocas políticas auténticamente de Estado en México, pues ha permitido controlar numerosas enfermedades, y erradicar otras como la polio, y alcanzar altos niveles de control como en el caso del sarampión, el cual, debido a la caída en las coberturas de vacunación, ha tenido peligrosos rebrotes en 2019 y 2020.
Hay otros temas asociados que son de suma relevancia: por ejemplo, la vacunación de niñas y adolescentes para protegerles del virus del papiloma humano, el cual es el principal agente causante del cáncer de cérvix, padecimiento por el cual la mortalidad de mujeres ha crecido significativamente durante los últimos cinco años, y cuya prevención depende de la cobertura universal de vacunación, así como de la implementación de otras campañas y estrategias de prevención de las infecciones de transmisión sexual.
Hasta la semana 49 de 2020, se habían registrado 2,460 casos nuevos de sarampión en el país; cifra que resultó menor a la de 2019, en buena medida debido a las condiciones de aislamiento y distanciamiento social que han sido impuestas por la pandemia; pero, ante el eventual regreso a una cierta normalidad, y ante los bajos niveles de vacunación, el rebrote en 2021 y 2022 podría ser aún mayor.
El anterior argumento aplica en general a todas las enfermedades prevenibles por la aplicación de vacunas, entre las que destacan, por citar solo algunos ejemplos, la tos ferina, la infección causada por neumococo, la influenza, la meningitis o las hepatitis víricas tipo A y B.
Si algo nos ha mostrado la epidemia de la COVID19 es la desarticulación del sistema nacional de salud, el cual, frente a problemáticas como la que aquí se señala, tiene muy pocas capacidades de resiliencia, lo cual se suma a las restricciones presupuestales contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual fue diseñado nuevamente como si no hubiese crisis económica y como si no estuviésemos ante la mayor emergencia sanitaria que quizá, habrá de enfrentarse en décadas.
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Investigador del PUED-UNAM
