¿La violencia se puede frenar? Los hechos de violencia en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, el lunes de la semana pasada, en donde resultaron asesinados los jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora Salazar, indignaron a la población en general no porque sean los únicos sacerdotes que han perdido la vida de forma violenta, en este y otros sexenios (se sabe de más de 35 en los últimos dos), sino por que pudimos conocer de la crueldad y la saña con la que fueron ejecutados.
Escribe: Ruth Zavaleta Salgado
Poco se sabe de los otros casos porque los cuerpos fueron encontrados sin vida y no se conoce ni quién, ni por qué, ni cómo, cometió el delito. Pero estos dos casos fueron diferentes, un tercer jesuita se salvó y pudo relatar el terrible hecho. De esta forma, se tiene que comprender que el origen de la indignación no surge de la noticia, sino del hecho y la forma en que fue perpetrado.
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Lamentablemente, México es uno de los países del mundo en donde mayor violencia se ejerce contra sacerdotes, niños, jóvenes, mujeres y periodistas, pero es tan cotidiano, que pocas veces se suscita una reacción colectiva de indignación como la de esta semana. Además, también es un País en donde ya se normalizó que haya miles de desaparecidos y que su familia solo tenga la esperanza de encontrarlos en fosas clandestinas, si bien les va. Es cierto que hay un mayor porcentaje de personas que después de ser reportadas como desaparecidas, aparecen o son localizadas, pero, también es cierto que, de la gran mayoría, nunca se sabe nada más (del histórico de desaparecidos denunciados desde 1964 a la fecha, han aparecido 138,252 con vida y 10,156 sin vida, pero no se sabe nada de 100,467, más informacion aquí.
Tal vez, si se concluyeran las investigaciones y supiéramos qué pasó con esas personas, nuestro horror pudiera ser mayor que el que se percibe cuando los hechos son explícitos, tal y como sucedió el lunes en Cerocahui, pero también, el viernes en la Ciudad de México, cuando la joven cantante y actriz Yrma Lydya fue víctima de feminicidio a manos de su viejo esposo Jesús Hernández Alcocer, en un famoso restaurante. Aunque en este caso si se logró detener al agresor, en el de la sierra Tarahumara no, por lo que el asesino, José Noriel Portillo alias “el chueco”, sigue prófugo.
En conclusión, a lo que quiero llegar, es que las noticias no son las que indignan, sino los hechos. Esto lo escribo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, reaccionó muy enojado por los cuestionamientos que se realizaron a su gobierno ante la situación de violencia que se vive en diversas regiones del país, pero no debería tomarse las críticas como algo personal, sino como una oportunidad para hacer un cambio radical en la atención de este problema, tal y como lo hizo la Gobernadora de Chihuahua. La reacción de Maru Campos no fue la de culpar al gobierno federal como lo hizo el presidente de la República en su contra, sino, convocó a una reunión urgente a diversos e importantes actores (exgobernadores de esa entidad, representantes sociales y personajes políticos) para analizar el problema y buscar la forma de enfrentarlo.
No es la primera vez que el Estado de Chihuahua se encuentra en la mira por problemas de inseguridad y violencia, recordemos que fue ahí, precisamente, en donde primero se hizo visible el grave problema de feminicidios. A partir de esa problemática y el incremento de violencia en Ciudad Juárez (1993), se implementó una estrategia para frenar y combatir la inseguridad y la violencia. En ese entonces, participaron los tres poderes del Estado mexicano, tanto del ámbito federal como estatal y municipal. Además, se convocó a la sociedad civil, las organizaciones sociales y las empresariales para que participaran en la búsqueda de una solución integral. Incluso, agencias internacionales se vieron involucradas en ese proyecto que terminó siendo un ejemplo de buena práctica internacional.
No fue fácil implementar una estrategia que requirió de la generosidad y nobleza de actores sociales, empresariales, académicos y políticos (no importando a que partido pertenecían), pero finalmente, dio sus frutos. El Plan de Ciudad Juárez, que se convirtió en política pública a mediano plazo, consistió en retomar lo mejor de las estrategias que se implementaron en las ciudades de Palermo, New York, Johannesburgo y Medellín para frenar la violencia que se deriva del crimen organizado.
También existen otras experiencias de éxito, tanto en la Ciudad de México como en Baja California. De hecho, fue en Iztapalapa en el año 2000 cuando se empezó a implementar una estrategia integral para combatir la inseguridad y la violencia. Ese proyecto retomó la experiencia de Palermo que consistió, principalmente, en apostarle a la prevención del delito mediante acciones de reconstrucción del tejido social y participación ciudadana combinada con acciones punitivas de la policía de excelencia (que surgió en ese entonces) y otras instituciones relacionadas en la seguridad: las fiscalías, la policía federal y, coyunturalmente, las de las fuerzas armadas. Después de Iztapalapa, varias delegaciones, ahora alcaldías, retomaron las acciones que mejores resultados produjeron. La estrategia resultó tan exitosa, que, posteriormente, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, siendo jefes de Gobierno, siguieron impulsándola en la mayoría de las demarcaciones territoriales.
Hoy, en la ciudad de México, a pesar de los esfuerzos del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, por mantener el orden, hace falta algo más. Hace falta que la jefa de Gobierno, se concentre en el trabajo de coordinación con todos los Alcaldes y Alcaldesas (no importa que no sean de su partido) y deje de andar trasgrediendo la ley como corcholata (promoviéndose anticipadamente como candidata a la presidencia), emulando al presidente de la República en sus confrontaciones cotidianas con adversarios reales o imaginarios. O, es que Claudia Sheinbaum no se ha dado cuenta de que, en su periodo de gobierno, se están multiplicando exponencialmente las desapariciones forzadas y otros delitos.
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