Hay territorios en México, donde nadie está a salvo por la violencia, en ningún lugar, a ninguna hora. Las recientes matanzas en Zacatecas, y el fin de semana que concluyó, en Guanajuato, son una muestra clara de lo que esto significa. En el municipio de Cortázar, Guanajuato, los testimonios son desoladores: un grupo de alrededor de 20 sicarios irrumpió en un balneario de la localidad y asesinó a tiros a siete personas, una de ellas menor de edad, y dejó al menos a otras cinco heridas.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Pero el terror que vivieron las y los asistentes, muchos de ellos niños y niñas; y el que se esparce en la localidad y en los municipios vecinos es palpable. Ese se queda ahí y es un escenario de peligro que provoca una permanente sensación de que una bala perdida, un error en la ejecución de los malhechores, puede acabar con la vida propia o con la de alguno de los seres queridos.
El contexto de Guanajuato constituye una alerta mayúscula para el Estado mexicano. Se trata de una de las entidades que más aporta al PIB nacional; y que mayor cantidad de remesas familiares recibe año con año. Su potencia económica es tan evidente como el fracaso del estilo de desarrollo que se ha implementado en esa entidad, y que es similar al de otras entidades vecinas, que igualmente han vivido ya largos periodos de violencia y una lucha sangrienta entre cárteles de la droga: así en Michoacán y en Jalisco.
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El caso de Guanajuato obliga al planteamiento de numerosas preguntas, ante las cuales es evidente que no se tienen respuestas apropiadas; y muchas de las cuáles es necesario todavía construir. La primera es por qué, luego de casi cinco años de ser el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país, el titular del Ejecutivo del estado decidió mantener en el cargo al equipo con peores resultados en la historia reciente de México: hasta ahora, en el mandato del actual gobernador de la entidad, se han perpetrado más de 18 mil homicidios intencionales y han desaparecido más de dos mil personas. Es una de las entidades con mayor número de extorsiones, secuestros, trata de personas y una larga lista de delitos que, como en todo el país, quedan en su mayoría impunes.
La segunda, ligada a lo anterior, es cómo puede ocurrir que en la entidad se haya generado la fosa clandestina con el mayor número de cuerpos exhumados en los últimos 10 años; que es el caso de Salvatierra, donde se localizaron 81 cadáveres y cuya identificación plena apenas llega a 51 casos. Pero al mismo tiempo, es una de las tres entidades con más hallazgos de fosas de este tipo; convirtiéndola en uno de los principales territorios de lo siniestro.
Hay otras preguntas que se ubican más allá de este tipo de hechos concretos, y que de suyo constituyen escándalos de calibre internacional. Pero una de ellas es ¿cómo puede explicarse la coexistencia de una de las economías más robustas del país, con uno de los escenarios de terror y violencia más oscuros del planeta tierra, porque en el estado hay municipios donde la tasa de homicidio intencional superar en tres o más veces el promedio nacional, que es uno de los más altos del orbe?
¿Cómo explicar que, en medio de tanta muerte, dolor, tristeza y pérdida de expectativas de cientos de miles de familias, no haya surgido aún una opción política alternativa a la de Acción Nacional? y ¿cómo explicar la ausencia de un reclamo ético desde la Universidad de Guanajuato, desde la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, e incluso en los principales medios de comunicación del estado, donde salvo honrosas excepciones y esfuerzos independientes, el silencio es auténticamente ominoso?
De manera preocupante y peligrosa, México se aparta cada vez más de la vigencia auténtica de un Estado social de Derecho; y se aproxima, a veces da la sensación de que vertiginosamente, hacia el imperio de la violencia y del caos. Y ante tanta incertidumbre y tantas preguntas, hacen falta muchas respuestas.
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Investigador del PUED-UNAM
