Comienza 2022 con varias noticias que implican a niñas, niños y adolescentes en situaciones preocupantes. La REDIM hizo público su Balance Anual 2021 “Discriminación y violencia contra la niñez durante la sindemia poniendo de manifiesto que 2021 presentó cifras terribles respecto a la violencia que enfrentan niñas, niños y adolescentes en diferentes modalidades.
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Por ejemplo, 12, 918 casos atendidos en hospitales a causa de violencia familiar y 6, 814 víctimas de violencia sexual. En temas de infancia, desafortunadamente, las estadísticas nunca parecen lejanas, basta con mirar alrededor o prestar atención a los noticieros locales para darse cuenta de que, efectivamente, muchas niñas y niños atraviesan los años de su infancia en condición de víctimas.
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El 11 de enero de 2022 algunos portales noticiosos de Puebla dieron a conocer que en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de San Miguel, ubicado en la capital del estado, se encontró el cadáver de un bebé. Desechado al interior de un contenedor de basura y con una incisión abdominal, el pequeño cuerpo fue hallado por un interno. Frente a un hecho como este, el lector común puede experimentar emociones encontradas de tristeza y rabia; las autoridades frecuentemente titubean, pues un hecho así, con el análisis adecuado, pone de manifiesto grandes falencias en el funcionamiento de las instituciones.
Las organizaciones de la sociedad civil se vuelven actores clave en la comprensión y en el procesamiento comunitario y político de este tipo de hechos, que componen crímenes especialmente complejos. A poco menos de diez días del hallazgo del joven cadáver, algunas voces se han pronunciado para evitar que la muerte de este niño no pase desapercibida.
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Reinserta AC, una organización que trabaja directamente con niñas, niños y adolescentes en contacto con el sistema penitenciario, ha emitido dos comunicados y ha abierto una petición en el portal change.org para demandar no sólo que se investigue y se resuelva este caso en particular, sino que en todas las entidades se tomen medidas para garantizar que en los reclusorios existan condiciones seguras para niñas, niños y adolescentes, ya que, según datos de la misma organización, a nivel nacional alrededor de 500 mil niñas y niños tienen padres y madres en la cárcel y en los últimos diez años han nacido 10 mil niñas y niños en prisión.
Es decir, las cárceles son lugares en donde hay una presencia infantil importante y, como lo evidencia el caso que se presentó recientemente en Puebla, tal es una realidad que no se visibiliza y a la que no se le da importancia, de modo que un bebé puede aparecer muerto sin que se tenga registro de su ingreso y sin que las autoridades tengan idea de cómo ocurrió el deceso.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado el 15 de enero de 2022, en el que repudia los hechos e insta a la Fiscalía General del Estado a “realizar una investigación seria, comprometida, diligente y eficaz que permita el esclarecimiento de los hechos y determine las responsabilidades correspondientes”, mientras que a las autoridades del gobierno de Puebla les hace un llamado a “reforzar los controles de vigilancia, revisión e ingreso en dicho CERESO y en todos los centros de este estado a fin de evitar que hechos como estos se repitan”.
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Tanto la CNDH como Reinserta, aluden a graves irregularidades presentes en el funcionamiento del CERESO de San Miguel detectadas durante las visitas de supervisión realizadas por la misma CNDH. Por último, organizaciones civiles basadas en Puebla, como Fundación Regala Vida, ODENNAP, Tegus Cartonera, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la IBERO Puebla y la Clínica jurídica “Minerva Calderón” de esa misma universidad, también emitieron un posicionamiento en el que exigen una investigación pronta y exhaustiva del caso para esclarecer las causas de la muerte de este niño.
De frente a todo esto, el gobernador del estado de Puebla ha declarado que la muerte del pequeño hallado en el basurero del penal va a investigarse y que todas las personas implicadas recibirán una sanción.
Sin duda, son demasiadas las preguntas por responder alrededor de una tragedia como esta. A nivel institucional, familiar, legal, individual y comunitario ¿Cuáles son las correcciones y sanciones por aplicar? ¿Cuáles son las heridas que hay que sanar para que niñas y niños puedan nacer y vivir en paz?.
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