De acuerdo con el CONAPO[1], en México existen 204 municipios con un grado de marginación catalogado como muy alto; los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Yucatán son las mas marginadas presentando los mayores índices. Estos mismos estados son los que registran mayor número de declaratorias de desastre; durante 2020, los más afectados fueron Oaxaca, con 22 declaratorias por emergencia y 8 por desastre, seguido de Chiapas y Veracruz 24 y 15 declaratorias respectivamente, según lo documentado por el CENAPRED[2]. Recordemos que, además, las declaratorias responden no sólo a la exposición, sino a la valoración de que la amenaza rebasa su capacidad de respuesta.
Escrito por: Laura Sánchez de Jesús
La clave está entonces en el fortalecimiento de las capacidades, especialmente en los órdenes de gobierno en donde hay más carencia de ellas. ¿Población vulnerable o vulnerada? Como apunta Francisco Rey[3], definir que alguien es vulnerable es algo delicado, porque referirse a un grupo únicamente con ese término alimenta la idea de que ser vulnerable es inevitable y que no hay responsabilidades en la generación de esa condición de desventaja. Sin embargo, esas responsabilidades son difusas y dependen de muchas condiciones estructurales, por lo cual no es fácil identificarlas.
Definir que alguien es vulnerable, como si esto fuera una característica intrínseca, podría restarle la capacidad de identificarse como un agente de cambio. Dependiendo de las circunstancias, podría incluso restarle el poder de exigir y reclamar derechos y optar mayores oportunidades. Por eso, es importante entender las condiciones en las cuales una etiqueta de “vulnerable” asume a la persona como una víctima de las circunstancias, por el momento, por el lugar y por el contexto en el que nació.
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Es por ello que los análisis más recientes sobre vulnerabilidad cambian la expresión a “grupos vulnerados”, más que “vulnerables”. Son vulnerados por autoridades, órganos e instituciones a quienes les corresponde garantizar y favorecer igualdad de derechos, o por grupos que se benefician de las desigualdades, directa o indirectamente. Y en el caso de las personas con mayor susceptibilidad a daños y pérdidas mayores por los desastres, son vulneradas por la falta de políticas preventivas y por las deficiencias en la recuperación; ambos son aspectos contemplados desde los derechos humanos y, por lo tanto, son materia de responsabilidad patrimonial del Estado.
¿Se puede hacer algo para disminuir las vulnerabilidades de estas comunidades marginadas? El fortalecimiento de capacidades y estrategias de coordinación que fortalezcan la prospectiva es fundamental; y, sobre todo, conocer el origen de las debilidades y afianzar las fortalezas de cada comunidad son parte de la vía para encontrar la ruta correcta.
El CENAPRED, órgano estratégico encargado de la prevención de desastres es una dependencia cuyo personal, planes e incluso instalaciones han quedado limitadas para toda la demanda de riesgos que se generan en el país. Aunque sus investigaciones y publicaciones han estado a la vanguardia, las vulnerabilidades que se gestan en el territorio, especialmente a través del desarrollo urbano y de la degradación y uso inadecuado de los recursos, los instrumentos, planes e instituciones encargadas de gestionar el riesgo no logran revertir la exposición y la susceptibilidad que estos diferentes sectores sociales incrementan al no contar con adecuadas condiciones de vida.
Esto se acrecienta cuando no existen las condiciones entre las comunidades para problematizar los vínculos entre marginación y el riesgo de desastres. Por ejemplo, en un estudio de percepción del riesgo en comunidades con un grado muy alto de marginación y expuestas a amenazas en el estado de Veracruz, el 48% opina que los daños por desastres son debido a causas naturales, mientras que el 16% se lo atribuye a una voluntad divina, porcentajes menores corresponden a basura, cambio climático, falta de organización, entre otras causas[4].
Es decir, aunque estas personas son conscientes del riesgo, no lo son de las causas que subyacen realmente a su susceptibilidad a daños. Esto, aunado al asistencialismo que regula diversas dimensiones de la vida social en estas comunidades, con oportunidades limitadas de tener una educación de calidad, da como resultado una vida con escaso ejercicio de derechos y llena de riesgos.
¿A quién le corresponde mejorar las condiciones de estas comunidades? Principalmente a los sistemas que, a través de diferentes mecanismos de coordinación interinstitucional, son encargados de garantizar sus derechos económicos, sociales y ambientales. Y, en cuanto al riesgo, a los entes que constituyen el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Nos corresponde como sociedad exigir que se actúe de manera preventiva y no reactiva; y en conjunto, exigir desde la misma posición una igualdad de derechos.
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[1] Consejo Nacional de Población ⦋CONAPO⦌ (2021). Base de datos por municipio 2020 ⦋Archivo CSV⦌. https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372
[2] Centro Nacional de Prevención de Desastres ⦋CENAPRED⦌ (2021). Impacto Socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México en el año 2020 ⦋Archivo PDF⦌. Recuperado de: https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/482-IMPACTO_SOCIOECONOMICO_2020.PDF
[3] Rey, F. (2020). ¿Grupos vulnerables o vulnerados? El país. 12 abril 2020. https://elpais.com/elpais/2020/04/09/planeta_futuro/1586425616_757834.html
[4] Sánchez de Jesús (2022). El papel de la percepción del riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos en el diseño de un taller en una comunidad de alta marginación. ⦋Tesis de maestría. Universidad Nacional Autónoma de México⦌. https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/U7RBIGB38RE1657M2SKM99A1JYDSB54MXLD1SAJ67TNYSAEVU5-43659?func=full-set-set&set_number=919616&set_entry=000003&format=999
