por Mario Luis Fuentes
A pesar de la reducción que se ha generado en los últimos años, el promedio para la década precedente ha sido de mil defunciones maternas anuales en todo el país. La razón de mortalidad materna en 2013 se ubicó en 43.2 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, cuando la meta al 2015 es de 22.2. De acuerdo con el CONEVAL, son las mujeres indígenas y las más pobres del ámbito rural, quienes enfrentan mayores vulnerabilidades. Una inaceptable realidad que debe transformarse con urgencia.
La mortalidad materna son todas aquellas defunciones que ocurren durante el parto o como consecuencia del parto. Se trata en la inmensa mayoría de los casos de defunciones que no sólo pudieron, sino que debieron evitarse, porque de acuerdo con la información disponible ocurren como consecuencia de una deficiente o nula atención médica, antes o después del alumbramiento.
Para nuestro país, se trata de un tema de la mayor prioridad, pues continuamos presentando indicadores que no corresponden con el nivel de desarrollo que tiene el país; de hecho, se trata de uno de los indicadores en que México no cumplirá en el marco de las Metas del Milenio, por lo que las estrategias y medidas para su reducción deben revisarse a la brevedad.
CONEVAL: un duro diagnóstico
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), la mortalidad materna sigue siendo un indicador que revela severas condiciones de desigualdad e incumplimiento de los derechos de las mujeres en nuestro país.
Se trata, de acuerdo con el documento titulado “Evaluación estratégica sobre la mortalidad materna, 2010”, elaborado por el CONEVAL, de “un grave problema de salud pública, derechos humanos, desarrollo social, equidad de género y justicia social… Las muertes maternas pueden prevenirse, ya que la mayoría de las complicaciones se pueden resolver con el desarrollo tecnológico existente, siempre que se brinden servicios de atención de calidad y se atiendan oportunamente”.
Esta condición permite ubicar a las muertes maternas en lo que la Secretaría de Salud ha definido como las “muertes en exceso evitables”, lo cual constituye un severo reclamo ético, no sólo al sistema de salud, sino a todo el aparato de protección social del Estado mexicano pues, de acuerdo con el documento citado, la mayoría de las mujeres que pierden la vida durante o como consecuencia del parto, eran pobres o habitaban en el ámbito rural o eran parte e pueblos o comunidades indígenas.
En particular, en el caso de las mujeres indígenas, el CONEVAL destaca que: “Los casos analizados y sus trayectorias muestran que las mujeres más pobres e indígenas, a pesar de estar afiliadas al Seguro Popular (SP), no tienen suficiente capacidad de pago para su traslado a los municipios o localidades donde hay disponibilidad de laboratorios y los servicios básicos de atención prenatal que ofrece el SP. Adicionalmente, estas historias documentan que las mujeres indígenas fallecen en sus hogares, pese a ser beneficiarias del Programa Oportunidades o del SP. En teoría, el Programa Oportunidades abre un espacio de oportunidad para disminuir la mortalidad materna entre las mujeres más pobres. Por otro lado, a las que no están incluidas en algún programa de desarrollo social se les margina —incluyendo a sus familias— de los servicios de atención para población abierta”.
Un lento descenso
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las Metas relativas a la mortalidad materna consisten en lo siguiente: “Reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna; lo cual se traduce en el objetivo de reducir entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes”.
En ese sentido, la meta establecida por nuestro país era, para el año 2015, de 22.2 defunciones de mujeres, por cada 100 mil nacidos vivos; indicador que está muy lejos de ser alcanzado pues de acuerdo con las estadísticas oficiales, el indicador era del doble, es decir, de 43.2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos.
En números absolutos, lo anterior significa que la reducción se ha dado de manera muy gradual y desigual. En efecto, a nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), contabilizó en el año 2002 un total de 1,309 defunciones maternas; para el año 2006 la cifra es de 1,166 casos; para el 2012 de 960 casos, mientras que para el 2013 se contabilizaron 861 defunciones por la causa señalada.
Es importante destacar además una de las conclusiones que obtiene el CONEVAL, y es que un alto porcentaje de muertes maternas ocurren en hospitales de tercer nivel, es decir, de especialidad, pero ´fundamentalmente porque la mayoría de las clínicas de segundo nivel, literalmente las envían a morir ahí.
Lo mismo ocurre, de acuerdo con el diagnóstico, con las clínicas particulares, las cuales refieren, en la mayoría de los casos, a las mujeres que presentan complicaciones severas, a unidades de salud públicas literalmente en un estado de salud que más allá de la necesidad de terapia intensiva, literalmente impide que les sea salvada la vida.
Así las cosas, el Distrito Federal registró el más alto número de defunciones maternas en el año 2013, con un total de 90; en segundo lugar estuvo el Estado de México con 81 casos; en tercer puesto se encuentra Chiapas, con 57 casos y Veracruz con 56; en cuarto sitio se encuentra Guerrero con 45 casos; Chihuahua con 42 y Oaxaca con 41 defunciones maternas.
Otros estados con números elevados son: Guanajuato y Puebla, con 39 casos cada uno de ellos; Jalisco con 37; Michoacán con 33 y Tamaulipas con 25 defunciones maternas.
Una enorme desigualdad
Cuando se revisan los datos disponibles en términos relativos, lo que se encuentra es que las disparidades entre las entidades de la República son notorias. En el año 2013, hubo estados en los que la razón de mortalidad materna presenta valores hasta tres veces o más elevados respecto de la meta trazada por el país para el año 2015.
Por ejemplo, cuando el indicador comprometido para octubre de este año es la ya mencionada razón de 22.2 defunciones maternas por cada 100 mil nacidos vivos, en el estado de Guerrero, el último indicador disponible, que es al cierre del 2013, era de 75.9 por cada 100 mil alumbramientos.
La segunda peor entidad en este indicador fue, en ese año, Oaxaca, con una razón de 65.3 defunciones maternas por cada 100 mil nacidos vivos. Le sigue en ese orden Chiapas con un dato de 60.6; en cuarto sitio se encuentra Tlaxcala, con 59.4; y en quinto sitio Durango, con 52.5.
Con indicadores de más del doble que la meta comprometida al 2015 se encuentran los estados de Puebla, con una razón de 50.6 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos; Quintana Roo prácticamente en el mismo nivel con un indicador de 50.4; y Yucatán con un dato de 50.1.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 31- Marzo- 2015, p.16
Facebook: /mexicosocial
Twitter: @mexicosocialorg
