De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2019), presentada el mes de junio de 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay muy altas tasas de percepción sobre prácticas de corrupción en las ventanillas de trámites y servicios en los gobiernos locales.
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Controlar este tema, especialmente durante y después de la emergencia sanitaria y la crisis económica provocada por la COVID19, resulta fundamental para lograr un menor cierre de negocios y la recuperación más rápida posible en el momento en que puedan retomarse las actividades económicas.
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De acuerdo con los datos de la ENCIG, 2019, en el país hay una tasa de 15,732 actos de corrupción (por cada 100 mil habitantes) experimentados por personas mayores de 18 años, en al menos uno de los trámites que realizaron. La tasa es sumamente elevada, pues es relativa únicamente a las personas que realizaron algún trámite, lo cual evidencia la condición generalizada de la corrupción en el país, sobre todo en los ámbitos estatales y municipales.
Las entidades que registran las mayores tasas son: Durango, con 25,389 actos de corrupción experimentados, por cada 100 mil habitantes. Le siguen Ciudad de México, con una tasa de 20,690; Estado de México, 20,683; Quintana Roo, 19,946; Morelos, 16,396; Guanajuato, 16,200; Jalisco, 16,100; Oaxaca, 15,897; y Guerrero, 15,808.
Los datos del INEGI muestran que la tasa de usuarios “que tienen algún conocido que les refirió actos de corrupción en los trámites que realizaron”, es de 44,199 personas por cada 100 mil habitantes. Como se observa, la corrupción percibida, respecto de lo que se sabe y escucha de otros usuarios de servicios públicos es mucho más generalizada que al declarada por quienes experimentaron algún evento de corrupción.
Los estados que registran las tasas más elevadas en este ítem son: Quintana Roo con 56,193 casos por cada 100 mil habitantes; en Morelos es de 54,068; en Jalisco, 51,282; Durango registra una tasa de 50,559; puebla, de 49,674; Michoacán, 49,178; Sinaloa, 49,178; Sinaloa, 49,032; Coahuila, 48,083; Estado de México, 47,553; y Yucatán, 47,231.
Los tabulados de la ENCIG, 2019 presentan el indicador relativo a la tasa de usuarios que creen o han escuchado que existe corrupción en los trámites que realizaron. En este ítem, el promedio nacional es de 62,084 casos por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años. Este indicador es relevante porque permite mostrar el nivel de impacto que tienen los actos de corrupción efectivamente experimentados por quienes llevaron a cabo trámites ante autoridades locales o relativos a servicios públicos esenciales.
Las entidades que registran las peores percepciones de sus ciudadanías respecto de esta tasa son: Quintana Roo, con una tasa de 72,348 por cada 100 mil habitantes, Michoacán, 72,159; Morelos, 71,485; Puebla, 70,755; Aguascalientes, 68,925; Sinaloa, 68,901; Jalisco, 68,811; Guerrero, 66,034; y Oaxaca, 65,988.
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