La discusión en torno a la cancelación del programa de Estancias Infantiles debe ubicarse en un contexto general mucho más amplio: cómo hacer para construir un sistema de protección integral a la niñez, en el cual los servicios de cuidado, estimulación temprana y educación inicial, sea de sus componentes principales
Desde esta óptica, llama poderosamente la atención que en su discurso público del 8 de febrero sobre este tema, el presidente López Obrador haya sostenido lo siguiente: “Ya se decidió que el apoyo será directo y los papás van a decidir, porque no queremos cargar nosotros, entre otras cosas, con la inseguridad y los riesgos de los niños, eso me preocupa, porque no es libre mercado, no es nada más darle a las guarderías y ya…”.
El problema de esta posición es que se asume que hay un mercado justo y que es una cuestión de acudir al mercado para acceder a servicios oportunos y de calidad. Pero aún más, significa renunciar a la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos de las niñas y los niños, independientemente de que los servicios sean prestados por el sector público o el privado.
En esa lógica, aun cuando hubiese un mercado eficiente, el Estado no puede renunciar a su responsabilidad de cumplir y vigilar el cumplimiento de las normas oficiales en la materia; en ese caso, se necesita partir del incipiente sistema que hoy se tiene y avanzar hacia un esquema de protección social de la niñez que permita abatir las dramáticas condiciones en que viven niñas y niños en la primera infancia, así como mejorar las precarias condiciones que caracterizan a la economía del cuidado que hoy privan en nuestro país.
Asumir que las familias son el mejor espacio para el cuidado infantil, implica desconocer que más del 60% de las niñas y niños reportan maltrato en sus hogares, y que de las víctimas de abuso, maltrato y violencia, una inmensa mayoría alega que el abuso fue cometido por alguno de sus familiares.
Debe decirse que en este tema, a pesar de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de los evidentes casos de corrupción y uso político del programa no debe cancelarse, porque no se trata de una “simple intervención”, se trata de una de las vetas más importantes de la acción pública porque de ello depende nada menos que la posibilidad o no del libre desarrollo de la personalidad de cientos de miles de niñas y niños.
Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido: “El derecho del interés superior del menor… incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas —en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras— deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él…”.
Como se observa, hay una franca contradicción entre lo que sostiene la Presidencia de la República y lo que establece la Constitución y la interpretación que ha hecho la SCJN en materia del principio del interés superior de la niñez, y se confirma que el Estado no puede simplemente renunciar a su responsabilidad de garantizar un amplio estado de bienestar, del cual, un potente sistema de guarderías y políticas de cuidado es indispensable.
En política pública es mucho más eficaz partir de lo que se tiene: rediseñar los modelos de atención, pero no simplemente desarticular un aparato institucional ya en funciones y que, hasta ahora, parcialmente resolvía uno de los mayores problemas asociados a la desigualdad ente mujeres y hombres y todo lo relacionado con la economía del cuidado.
