En la década de los 70 y 80 del siglo pasado, John Rawls y Robert Nozick debatieron intensamente en torno a cómo se puede garantizar mayor justicia en el marco de los Estados democráticos contemporáneos. Rawls proponía entender a la justicia como equidad, lo cual requiere de la intervención del Estado en diferentes ámbitos de la vida pública y privada.
Escrito por: Saúl Arellano
Por su parte, Nozick, quizá el más prominente de los llamados “libertarianos”, quienes fueron de los más férreos defensores del neoliberalismo económico. Para esa corriente de pensamiento, cualquier intervención del Estado en las esferas de vida de los individuos debe considerarse como una intromisión inaceptable que vulnera la libertad, y distorsiona a los mercados.
Varias feministas, entre ellas Nancy Fraser, criticaron la obra de Rawls pues en su esquema de justicia y equidad, mantuvo el modelo “tradicional” de organización familiar, donde el varón es considerado como “jefe de familia”, y donde las mujeres, niñas y niños son relegados a un segundo plano de dominación y obediencia.
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Frente a esos grandes esquemas de pensamiento de lo social, es interesante observar que el Ejecutivo Federal en México representa la peor combinación de ambos: por un lado, sería partidario de Rawls en el sentido de mantener estructuras tradicionales de familia; pero por el otro, se muestra como un ferviente defensor de Nozick, al plantear que las familias son espacios donde nadie debe intervenir y que, de hecho, son las responsables incluso de la actitud o las prácticas delincuenciales de algunos de sus integrantes.
En varias ocasiones, el presidente de la República ha sostenido varias ideas que, por decir lo menos, constituyen equívocos inconmensurables: “como la familia mexicana no hay dos”; “la familia mexicana es la principal institución de seguridad social del país”; “le vamos a pedir a las familias que cuiden a sus nietos”, y una larga lista de despropósitos del mismo calibre.
Esta férrea postura neoliberal y conservadora del titular del Ejecutivo Federal le ha llevado a un abandono explícito de agendas y políticas que son no sólo necesarias, sino urgentes para el país; entre otras, la política educativa, la política de asistencia social y desarrollo integral de las familias, y la política de protección integral de niñas, niños y adolescentes.
La pandemia permitió confirmar no solo problemas estructurales del sector salud, de la economía o del ámbito educativo, sino también otros de alcance cultural como la condición generalizada de vulnerabilidad de las familias mexicanas ante el fenómeno de la violencia en todas sus formas y manifestaciones.
Los datos no dejan lugar a duda. De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre de 2019 se registraron 121,780 carpetas de investigación por los distintos delitos que se cometen en contra de las familias en todo el país; este dato implica un promedio diario, en ese periodo, de 667 carpetas de investigación abiertas cada día, es decir, prácticamente 28 cada minuto.
Para el primer semestre del año 2020, el año del confinamiento obligado, la cifra se redujo ligeramente a 119,328 casos, lo cual podría resultar aparentemente paradójico; sin embargo, debe recordarse que en ese periodo las oficinas de los ministerios públicos y de los juzgados familiares estuvieron cerradas, lo cual podría explicar en buena medida la señalada reducción, la cual significó, a pesar de todo, un promedio diario de 27.1 casos por hora.
Lo anterior se confirma al observar los datos del primer semestre de 2021, cuando el número de carpetas de investigación por delitos contra las familias ascendió a 149,660, es decir, un promedio diario de 817 carpetas de investigación diarias, o bien, una media de 34 investigaciones abiertas cada hora.
Para el primer semestre de 2022 la cifra tuvo un nuevo incremento, al haber llegado a 157,173 carpetas de investigación; esa cifra equivale a un promedio diario de 858.5 casos por día, lo que es lo mismo que 35.7 carpetas de investigación por hora.
Finalmente, en el primer semestre de este 2023 los datos indican que se han iniciado 169,678 carpetas de investigación por los delitos mencionados, cifra que equivale a 927.3 casos por día; lo que es igual a 38.6 casos por hora. Todo esto constituye un nuevo récord nacional que fundamenta un reclamo justo ante la equívoca política que se ha seguido en esta materia.
En la época explícitamente neoliberal se llegó a expresar que “la mejor política de fomento industrial es que no hubiera política en la materia”; ahora, en la época del neoliberalismo y el conservadurismo moral soterrados, pareciera que la idea en esta materia es que: “la mejor política de atención y acompañamiento a las familias es que no haya tal política”.
Los datos que se presentan no pueden explicarse bajo la retórica simplona de que “ahora se denuncia más”. En realidad, la información y la tendencia mostrada sugiere que hay una condición generalizada de violencia al interior de las familias, y que lamentablemente se encuentra en una tendencia de expansión acelerada.
El perfil y postura ideológica de los gobiernos se conoce no por su retórica; ni siquiera por el contenido o aparente sentido de algunos programas; en realidad se les conoce por los supuestos en los que fundamentan su acción; y en el caso de nuestro actual gobierno, el supuesto es que la familia es una y que el Estado no debe intervenir en su cuidado porque en sus estructuras internas se generan, como en los mercados, equilibrios y armonía perfectas.
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Investigador del PUED-UNAM
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