La Coca-Cola es habitual en la vida de los mexicanos: en sus alimentos de cada día, en sus festejos e, incluso, en los altares para recordar a sus muertos. Después de Estados Unidos, México es el mercado más importante para esta firma refresquera: del volumen total de refrescos destinados a América Latina, un 47 por ciento es comprado en este país.
escrito por: Kennia Velázquez y Elizabeth Rosales
Por eso, la refresquera y sus subsidiarias prestan especial atención a las políticas públicas que se implementan en México. Incluso, en sus informes anuales hacen análisis sobre las medidas que plantean los gobiernos y llevan a cabo estrategias para prevenir, retrasar o debilitar regulaciones que restrinjan sus actividades.
Una investigación de PopLab y CONNECTAS, muestra algunos de sus métodos, como el fichaje de políticos: sumar expresidentes, exsecretarios de Estado y otro tipo de servidores públicos a sus filas con el fin de obtener beneficios gracias a sus relaciones y tener influencia en el ámbito político. Algunos que han tenido un estrecho vínculo con la refresquera y sus embotelladoras son Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Luis Téllez Kuenzler, Genaro Borrego, Roberto Campa Cifrián, entre otros.
El más reciente es Patricio Caso Prado, exfuncionario de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Tres años después de haber terminado su labor como servidor público, se sumó a las filas de The Coca-Cola Company como Senior Director of Government Affairs.
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México “es el país donde las redes entre las élites empresariales están más unidas en el mundo, gracias a asociaciones como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Gracias a iniciativas incluso alentadas por el propio Estado, los grandes empresarios fueron tejiendo redes entre ellos”, explica Julián Cárdenas, investigador de la Universidad de Valencia, quien ha analizado los vínculos entre empresas y servicio público.
La OMS critica estas prácticas. Las define como “determinantes comerciales de la salud”, pues son actividades de la iniciativa privada que afectan el bienestar de la población; en el caso de los refrescos, pueden ser factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y problemas dentales.
Etiquetado con sabor a Coca Cola
Ante el crecimiento de las enfermedades crónicas, el gobierno de Peña Nieto implementó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Al frente se encontraba la entonces secretaria de Salud, Mercedes Juan López, quien había sido presidenta ejecutiva de Funsalud, organización patrocinada por las principales empresas farmacéuticas, hospitalarias, de alimentos y bebidas en México; también había sido consejera de Coca-Cola. Como funcionaria, se opuso a que se estableciera un impuesto a las bebidas azucaradas.
En 2015, Mercedes Juan anunció que implementaría un etiquetado para alimentos y bebidas ultraprocesados. La OMS recomendó que no lo hiciera, porque había “riesgo de mal informar al consumidor”, ya que promovía el consumo de azúcares añadidos. Incluso, ofreció apoyo técnico de especialistas para el diseño de dichas etiquetas. La funcionaria rechazó la propuesta y encargó el diseño del etiquetado a dos abogados y una maestra en ciencias ambientales, todos empleados de la Cofepris, que se encontraba al mando de Mikel Arriola Peñalosa. El principal responsable era Patricio Caso, que en ese momento era asesor jurídico de la dependencia.
Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) también recomendó no seguir adelante con dicho etiquetado. “Les dijimos que era un sistema hecho por la industria, que estaba basado en criterios engañosos”, recuerda Simón Barquera, director del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición de esta institución académica. Ante las críticas, Caso defendió el etiquetado y, en Cofepris, excluyeron a los académicos y únicamente se permitió la participación de gente de la industria refresquera, acusa Barquera.
La intrusión de Coca-Cola en el diseño de ese etiquetado quedó documentada en una serie de correos electrónicos que intercambiaron funcionarios de Cofepris y directivos de la empresa en mayo de 2016. El asunto de esos emails era “amparo vs NOM 051”, es decir, la Norma Oficial Mexicana que establece las especificaciones del etiquetado.
Algunos mensajes fueron enviados por el vicepresidente jurídico de Coca-Cola México, cuyo nombre se encuentra testado, a diferentes personas del área jurídica de Cofepris del sexenio peñista, entre ellos Caso. Se habla de reuniones para discutir la NOM 051 sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.
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Esos no han sido los únicos correos en los que la refresquera ha hecho referencia a las políticas de salud pública en México. En 2014 se aprobó el impuesto de un peso por cada litro de refresco. Para desestimar el gravamen, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas publicó tres estudios realizados en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Colegio de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, los cuales concluían que el consumo de refrescos no era la causa principal de obesidad y que no era efectivo el impuesto.
En un correo electrónico interno, la vocera de The Coca-Cola Company, Kerry Tresler, afirma que investigaciones de esas instituciones fueron realizadas con apoyos económicos de la industria refresquera. Y narra cómo difundió dichos estudios a la prensa internacional para desalentar que más países gravaran ese tipo de bebidas.
Otra de las estrategias comerciales de Coca-Cola ha sido tratar de convencer a la población de que sus bebidas azucaradas no perjudican la salud; incluso, que el refresco es una buena opción para hidratarse y que la obesidad se combate principalmente con “activación física” para tener balance energético.
Académicos e instituciones han señalado la falacia en ello, pero las críticas a este discurso irritan a directivos de la firma refresquera. Así lo demuestra un mail de 2014, escrito por Rhona Applebaum, entonces vicepresidenta de la oficina de Ciencia y Salud de Coca-Cola: “No dejaremos que nos detengan los bastardos y la minoría que empujan su agenda”, escribió. “¡No te rindas… sigue en la lucha Coca-Cola!”, les dijo a sus colaboradores en una serie de correos internos.
Un estudio publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health analiza cómo The Coca-Cola Company ha patrocinado conferencias científicas para “moldear la política y la opinión públicas a su favor”. En 2012, el INSP fue invitado a colaborar en un estudio patrocinado por Coca-Cola; sin embargo, los investigadores se negaron a participar. Enojada por el rechazo, Applebaum escribió un correo electrónico dirigido a investigadores, donde cuestiona: “Y si científicos buenos toman dinero de Coca, ¿qué? ¿Son corruptos? ¿A pesar de que están promoviendo el bien común? Como puedes ver, mi opinión sobre esta gente es muy mala, porque son egoístas”.
Camarilla de la información privilegiada
En febrero de 2016, Arriola Peñalosa dejó la Cofepris para irse a trabajar como director general del IMSS y se postuló como candidato del Partido Revolucionario Institucional para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en las elecciones de 2018. Patricio Caso le siguió fielmente en todas sus encomiendas.
Al perder la elección y fuera ya del servicio público, Caso formó seis empresas, todas con un amplio objeto social que incluye servicios de gestoría en temas regulatorios de salud y alimentos. En dos de estas, Caso se asoció con su exjefe Arriola Peñalosa. También lo hizo con excompañeros de Cofepris: Antonio Grimaldo Monroy, Aldo Heladio Verver y Vargas Duarte, así como Álvaro Israel Pérez Vega.
En diciembre de 2021, en un comunicado, la Cofepris alertó sobre los servicios de exfuncionarios para agilizar trámites. No mencionaba nombres, pero decía que se trataba de “personas” que “llevan casi tres años fuera de la institución y, pese a lo que prometen, carecen de atribuciones para proporcionar los bienes y servicios que ofrecen y no tienen acceso a las instalaciones”, señalaba el documento. Un trabajo periodístico había denunciado presuntas extorsiones de una red de corrupción de exfuncionarios y gestores que ofrecían realizar trámites ante la Cofepris a cambio de dinero. Entre ellos, menciona a Caso, Grimaldo Monroy, Pérez Vega, Verver y Vargas Duarte, además de Carlos Lizardi Álvarez y Gibrán Alejandro de la Torre.
Dos de los socios de Caso –Álvaro Pérez Vega, así como Aldo Verver y Vargas Duarte– también aparecen como destinatarios en la serie de correos sobre el amparo contra la NOM 051 entre funcionarios del órgano regulador y empleados de Coca Cola, en mayo de 2016.
Para este trabajo periodístico, se les intentó contactar por teléfono y redes sociales. Solo Caso respondió, negando “cualquier conflicto de intereses o investigación” sobre su persona.
Caso, además, aparece como representante legal de Xebra Brands, empresa canadiense que busca comercializar bebidas infusionadas con cannabis. Para esa misma empresa, Grimaldo también ha realizado trámites en calidad de director. Esta compañía, asimismo, tiene una subsidiaria mexicana, la empresa Desart MX, en la cual Aldo Verver y Vargas es administrador único desde 2018; luego en octubre de 2019 se sumaron como socios Arriola, Caso y Grimaldo, pero en 2020 dejaron de fungir como apoderados.
Como funcionario de Cofepris, Patricio Caso había participado en las audiencias públicas para regularizar la marihuana en México, tema que consideraba “de la mayor relevancia”.
En diciembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a DesartMx para poder sembrar, cultivar y cosechar cannabis con fines industriales. En un comunicado de prensa, Xebra Brands destaca que DesartMX es “controlada por un ex grupo de altos funcionarios de la COFEPRIS”, el cual “identificó una oportunidad para impugnar la constitución de México por una orden judicial para comercializar cannabinoides derivados del cáñamo como CBD y CBG”.
Para Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor; hay un “claro conflicto de interés”, dado que para varios exfuncionarios de Cofepris existió la posibilidad de obtener un beneficio personal o económico a raíz de los conocimientos, relaciones y responsabilidades que desempeñaron.
Sobre la contratación de exfuncionarios, The Coca-Cola Company aseguró que una de sus políticas de empleo globales es “impulsar el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades, sin importar quiénes sean o de dónde vengan”. Cofepris, en cambio, no respondió a diversas solicitudes de entrevista.
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Este trabajo fue realizado por Kennia Velázquez y Elizabeth Rosales para PopLab y CONNECTAS, dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.
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