“Otro mes más, otro día sin saber de ti, las horas corriendo sin dar respuesta alguna de cómo y dónde te encontrarás, 8 meses han transcurrido…” dice un mensaje en redes sociales de la familia de Ulises en uno de sus tantos esfuerzos por encontrarlo. Publicaciones como esta aumentan día a día en Guanajuato, imágenes de hombres o mujeres jóvenes que no volvieron del trabajo, adolescentes, niños o niñas que salieron a la tienda y nadie les volvió a ver.
Lee el artículo: Guanajuato: tres años de homicidios y fosas clandestinas
Durante las dos últimas administraciones estatales, las autoridades se han negado a reconocer que en Guanajuato la gente está desapareciendo, aún cuando cada vez hay más familias denunciando desapariciones. El hallazgo de dos fosas entre el 28 y el 30 de octubre pasados le dieron al estado una bofetada de realidad sobre la magnitud de la violencia: al menos 100 personas torturadas y ejecutadas yacían en los entierros clandestinos ubicados en las ciudades de Salvatierra y Cortazar.
Los hallazgos no sólo muestran cuerpos violentados, sino la persistencia de una política de negación, tanto de las personas desaparecidas, como de la existencia de fosas. Con la evidencia a la vista, la Secretaria Ejecutiva de Seguridad, Sophia Huett, dijo que no es que se negara la presencia de entierros clandestinos, sino que “no había confirmación técnica” para llamarlos por su nombre. Llámense como se llamen, hay registros de 109 sepulturas clandestinas, de las cuales se han exhumado 268 cuerpos de personas en 29 de los 46 municipios de Guanajuato, entre 2009 y julio de 2020.
Las sepulturas recién descubiertas se encuentran a menos de 40 minutos una de la otra, en zonas habitadas y de fácil acceso de dos pequeñas ciudades, antes apacibles. Nadie se explica cómo en la de Salvatierra se depositaron más de 60 personas y 40 (según información extraoficial) en la de Cortázar, sin que alguien se enterara.
La administración estatal encabezada por el derechista Partido Acción Nacional (PAN), que gobernó entre 2012 y 2018, se resistía a llamarlas personas desaparecidas. La entonces Procuraduría Estatal de Justicia se refería a ellas como “no localizadas” o “ausentes”. Cuando en 2017 ya había alarma porque las desapariciones se duplicaron, el entonces gobernador Miguel Márquez, en su tono dicharachero habitual dijo que no tenían nada que ver con la incipiente violencia en Guanajuato sino con que “la gran mayoría se fueron con la novia, se fueron con el novio, otros se fueron a Estados Unidos y ya no avisaron”. Y aseguró que todos los casos eran atendidos por una mesa especializada. Sin embargo, tal mesa no trabajó al menos durante tres años.
Las autoridades, además de no priorizar la búsqueda de personas desaparecidas con vida, han revictimizado a los familiares; dejaron de ser personas que escaparon con su pareja para convertirse en gente que “anda en malos pasos”. Eso le dijeron en la fiscalía de Irapuato a Bibiana, quien está buscando a su hermano. Ella atinadamente respondió: “Si a usted le consta que mi hermano es un delincuente, búsquelo y métalo a la cárcel, para eso hay leyes, para que los delincuentes estén en la cárcel y no para que los desaparezcan”.
De las personas que se encontraron en los entierros se dice que son el resultado de la lucha de grupos criminales, dando por hecho que sus ejecuciones se deben a ajustes de cuentas. Lo más impactante ha sido la revelación que hizo la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna, de que en la de Salvatierra se encontraron restos de adolescentes.
En 2016, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ya había alertado el incremento de desapariciones de personas menores de edad en Guanajuato. Incluso, Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de REDIM presentó el asunto en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana, destacando que “el 50% de los casos se acumulan entre Tamaulipas en primero lugar y en segundo Guanajuato y Estado de México”. Esa información fue desmentida rápidamente por el hoy fiscal Carlos Zamarripa, quien insistió en que en el estado sólo había personas ausentes.
La resistencia a llamar las cosas por su nombre tiene graves efectos: ha obligado a cientos de personas a buscar en hospitales, cárceles, anexos y cualquier otro sitio en el que creen que podrían encontrar a su familiar. Pero hay casos como el de Matilde, que durante 25 días buscó a su marido en varios municipios, para luego enterarse que un día después de que desapareciera, su cuerpo ya estaba en el Servicio Médico Forense y no fue notificada. Además, la negación del fenómeno atroz de la desaparición hizo que Guanajuato fuera uno de los últimos estados en homologar la ley local; a regañadientes nombraron a un administrador de empresas sin experiencia como comisionado estatal de búsqueda.
La noticia del hallazgo de 100 personas desaparecidas, torturadas y ejecutadas no mereció una sola palabra del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo –ante una de las fosas más grandes que se han encontrado en México y uno de los hechos que más han impactado a los guanajuatenses–, sino hasta cinco días después. El ejecutivo estatal se dedicó todo ese tiempo a dar entrevistas en medios nacionales y hablar de lo bien que nos va con la atracción de inversiones
Desde que asumió su cargo, en el último trimestre de 2018, Rodríguez Vallejo ha evitado hablar de la violencia en el estado. Sólo se reunió con las familias a raíz del escándalo nacional e internacional que se dio en julio de 2020 después de que varias mujeres fueran detenidas mientras protestaban para exigir que se investigaran las desapariciones. Tanto la ONU como Amnistía Internacional hicieron un llamado para que se liberara a las buscadoras guanajuatenses acusadas de obstruir las vías y de lesionar a elementos policiacos, y se atendieran sus peticiones.
Al gobernador no le quedó más remedio que reunirse con ellas unos días después, y ahí le hicieron saber la serie de obstáculos a los que se enfrentan para localizar a sus familiares. Al final del encuentro, Diego Sinhue se mostró conmovido, abrazó a las mujeres, dijo que atendería el asunto y todo siguió igual. Lo único que cambió es que las familias se dieron cuenta de que están solas: “sabemos que si no los buscamos nosotras, nadie los va a buscar”, dice Bibiana, ahora mostrando más desconfianza hacia las autoridades.
Rosa, cuyo hijo está desaparecido, dice que no sólo las investigaciones no avanzan, sino que además las han llevado a hacer “búsquedas simuladas”: llegan a algún lugar, rastrean un poco y luego les dicen que deben parar porque “ahí andan los malos”, y suspenden el operativo aún cuando van con protección policiaca. Otro colectivo denunció que la Comisión Estatal de Búsqueda encontró restos óseos, no le dio aviso a la fiscalía y optó por volverlos a enterrar, pues eran “de un cuerpo ya localizado”.
Hace unas semanas el fiscal Zamarripa le mostró al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, el edificio de Servicios de Investigación Científica en donde se encuentran los laboratorios forenses, “de los mejores del mundo”, con los cuales podrán identificar a personas fallecidas. Un par de días después del descubrimiento, más de 200 personas acudieron a la fiscalía a que les tomaran muestras de ADN para ver si en las fosas se encontraba su familiar, pero sólo les hicieron el examen a menos de la mitad pues no había el equipo suficiente para atenderlos a todos.
Los colectivos han denunciado que no se les informa qué pasa con los cuerpos encontrados en campo, si ya fueron identificados, entregados a sus familias, nada. Y no son los únicos dejados de lado. Según la comisionada Karla Quintana, la fiscalía ha obstruido su participación en los trabajos de la fosa de Cortázar. En cambio, el fiscal fue muy ágil en informarles a los líderes de las fracciones políticas del Congreso local y les aseguró que “es improbable que se encuentren nuevas fosas”. Los legisladores, encargados de supervisar el desempeño del fiscal, en vez de cuestionarlo optaron por celebrarle su cumpleaños.
Después de la captura de José Antonio Yépez, el Marro, el gobierno estatal dio por iniciada la fase ‘Guanajuato Seguro’, pues había sido capturado “el máximo generador de violencia en el estado”. Pero la tendencia de homicidios no baja y no se ve que la paz y la tranquilidad estén cerca. Independientemente del optimismo gubernamental, Guanajuato está de luto, por las 100 personas encontradas en las fosas, por los más de 2 mil desaparecidos, por los más de 3 mil asesinados y por los incontables negocios cerrados víctimas de extorsión que han dejado a otro tanto de familias sin sustento.
El gobernador del PAN dice que la etapa oscura del estado ya quedó atrás y que, a diferencia de gobiernos anteriores, el suyo sí actúa. ¿Cómo entender ese cambio cuando los responsables de la situación actual aún continúan en sus puestos? El secretario de seguridad pública Alvar Cabeza de Vaca tiene 8 años en el cargo y el fiscal Zamarripa lleva 11 años al frente de la procuración de justicia. Y mientras los guanajuatenses vamos descubriendo un nuevo nivel de horror, la federación y el gobierno estatal siguen sin coordinarse, en la diatriba política diaria y sin mostrar una estrategia para atender el infierno en que se ha convertido Guanajuato.
P.D. Al cierre de este texto se informó que el reportero Israel Vázquez fue asesinado por dos hombres en una motocicleta mientras reporteaba el hallazgo de restos humanos en la ciudad de Salamanca. En el gremio periodístico de Guanajuato exigimos a las autoridades justicia expedita para la familia Vázquez Rangel y seguridad para la realización de nuestro trabajo.
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Agradecemos a Poplab la autorización para retomar el articulo, el cual fue publicado originalmente en Connectas
