En la teoría de la dominación de Max Weber se acuñó la idea multicitada relativa a que al Estado le corresponde el ejercicio del monopolio de la violencia legítima. Esto es así, porque se supone que, en un régimen racional-legal, como lo son los sistemas democráticos, la autoridad tiene la potestad de garantizar la convivencia pacífica de la ciudadanía, incluso ejerciéndola fuerza y la violencia, en contra de amenazas reales que pueden poner en riesgo al propio orden constitucional.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Por lo anterior es válido pensar que, en un Estado racional de derecho, no sólo es necesario, sino exigible que el Estado utilice todos los recursos legales a su alcance, incluido el uso de la fuerza, para combatir y procesar en el marco del orden legal, a quienes violentan el orden social; pero más aún, a grupos que pueden intentar disputarle al Estado el ejercicio de la violencia para establecer un determinado estado de cosas.
Ese es el contexto en el que se encuentra México; y por ello debe incluirse en la ecuación del debate sobre la seguridad pública, la distorsión que ha tenido el Estado, en el sentido de permitir, en un primer momento, la actuación de grupos delincuenciales que operaban con total impunidad al margen de la legalidad; pero que han transitado a una situación peor, que consiste en ser organizaciones criminales con la fuerza suficiente para disputar la imposición de decisiones que deben corresponder exclusivamente a la autoridad constitucional y legalmente establecida.
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La nota relativa a que la alcaldesa de Tijuana ha tenido que trasladar de forma permanente su residencia a un campo militar representa uno de los puntos más críticos de esta situación en los tiempos recientes en nuestro país; pues implica que la máxima autoridad de un municipio ha llegado a tal nivel de amenaza e inseguridad, que la garantía de su integridad depende de que se retire de la vida pública; es decir, que renuncie a la vida cívica, en el más amplio sentido de la palabra.
La cuestión cobra mayor relevancia si se considera la dimensión demográfica y económica de Tijuana; y más aún, su posición geográfica, pues en muchos rubros es la segunda ciudad fronteriza más importante de la República mexicana, si se considera el número de cruces de personas, pero también de intercambio comercial con los Estados Unidos de América.
Que una autoridad municipal se encuentre amenazada, lamentablemente ya no es una novedad en el país; pero sí lo es el hecho de que se trate de una autoridad de un municipio conurbado con San Diego, California; es decir, uno de los puntos fronterizos de mayor relevancia económica en el planeta.
La cuestión se torna cada vez más crítica, porque ya había antecedentes de alcaldes fronterizos que de día estaban del lado mexicano, y para incrementar sus niveles de seguridad personal y familiar, pernoctaban en ciudades del lado norteamericano; pero que ahora se tenga que buscar refugio en un campo militar habla del nivel de descomposición política y social de la región.
Pensando en la frontera sur, más allá de Tapachula y sus complejidades, la pregunta cobra igual pertinencia: ¿quiénes son quienes gobiernan, formalmente, pero también en términos fácticos en los municipios con puntos de cruce fronterizo a lo largo de los 600 kilómetros que comparte Chiapas con Guatemala? ¿Qué pasa en la otra frontera, la de Tenosique y Balancán en Tabasco?
La cuestión se complejiza más si se piensa en las aduanas como en “las otras fronteras”, que constituyen puntos de entrada y salida de mercancías. México tiene 50 aduanas, incluida la nueva que se encuentra en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero en 10 de ellas se concentra el 75% del valor total de las operaciones de comercio exterior del país: Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana; Veracruz; Manzanillo; Ciudad Reynosa; Colombia, Nuevo León; Piedras Negras; Nogales y la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Todas estas aduanas se localizan, como puede verse, en municipios que tienen o que, en diferentes momentos, han tenido momentos críticos de seguridad pública; a las cuales deben añadirse los llamados Puertos Interiores, que tienen justamente aduanas al interior del territorio nacional. Estas aduanas son 11, y además de las ya mencionadas de la Ciudad de México, se encuentran en Puebla, Aguascalientes, Torreón, Guanajuato, Chihuahua, Monterrey, Toluca, Querétaro y Guadalajara.
La administración de las Aduanas y Puertos del país ha sido trasladada a la Marina Armada de México; y desde que se tomó esa decisión no se han tenido aún cambios significativos, ya no se diga estructurales. Y es que debe recordarse que el argumento del Ejecutivo federal fue fundamentalmente que estaban en manos de criminales y personal corrupto.
Por eso la situación anunciada en Tijuana es de suma preocupación; porque no se sabe cuánto tiempo permanecerá; y porque no hay en las declaraciones públicas un horizonte plausible que le indique a la ciudadanía con certeza cuándo puede esperar que las cosas van a mejorar; porque el otro mensaje, el de la inseguridad permanente representa la claudicación ante el crimen y el abandono de las tareas y responsabilidades más básicas de todo gobierno.
De no cambiar radicalmente la situación, en Tijuana, pero en todo el país, el paradójico mensaje que se envía es que “ni la autoridad está a salvo”; y eso, en sentido estricto, implica que el vacío dejado por el gobierno ya ha sido ocupado por el crimen organizado.
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Investigador del PUED-UNAM
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