La Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños establece que se define como tal, a toda persona menor de 18 años. Desde esta consideración, es importante decir, frente al Día de Muertos, que en nuestro país debe ponerse mucha más atención a las tendencias de mortalidad en la niñez, pues constituye una de las agendas que requiere de mucho más acciones e intervención decidida del Estado.
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En efecto, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre las primeras cinco causas de mortalidad para las y los menores de 18 años se encuentran varias que son evitables en exceso, con mayor inversión y mejores políticas públicas. Por ejemplo, la tercera causa de muerte en menores de 1 año son la neumonía y la influenza, ambas prevenibles por vacunación o curables por detección y tratamiento oportuno. La cuarta causa de muerte en este grupo de edad son los accidentes y la quinta son las enfermedades infecciosas intestinales.
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Lo mismo ocurre para el grupo de 1 a 4 años. En éste, la primera causa de defunción son los accidentes, la tercera la influenza y la neumonía, la quinta las enfermedades infecciosas e intestinales, la sexta la COVID19, y la octava los homicidios.
Para el grupo de 5 a 9 años de edad, la segunda causa de muerte son los accidentes; la quinta la influenza y la neumonía, la sexta los homicidios, la octava la COVID19; y todavía en este grupo, las enfermedades infecciosas e intestinales son la 9ª causa de defunción. Para el grupo de 10 a 14 años, la primera causa de muerte son los accidentes; la tercera causa son los suicidios; la quinta los homicidios; la séptima la neumonía y la influenza; la 9ª la COVID19 y la 10 los eventos violentos de intención no determinada.
Entre quienes tenían de 15 a 17 años de edad, las tres primeras causas de muerte son los homicidios, los accidentes y los suicidios; la quinta causa son las enfermedades respiratorias agudas; la novena las enfermedades infeccionas y parasitarias; pero también, como 13ª causa general, se encuentra el embarazo, parto o puerperio, lo que le coloca muy cerca de las primeras 10 causas de mortalidad de las niñas y adolescentes en México.
Es cierto que el debate que debe darse se relaciona con la estructura del sector salud y la caída de la cobertura y acceso oportuno de niñas y niños al más amplio nivel de salud posible; pero también, a los determinantes sociales que están condenando a miles de niñas y niños a perder la vida, cuando esto podría evitarse si desde lo público y lo privado se hace todo lo que se puede y debe hacer.
Es duro decirlo, pero en México el derecho a la vida y a la supervivencia de la niña y el niño está severamente comprometido; y por ello preocupa el desdén de la presente administración a la agenda de la niñez, porque si en algún grupo de población puede hablarse de pobreza, marginación, rezago, violencia y desigualdades, es precisamente el de las niñas y niños mexicanos.
No debemos cansarnos en insistir que estas causas de mortalidad son excesivas, no sólo en cuanto a su número sino, ante todo, a la responsabilidad ética que nos debe interpelar como sociedad ante todo lo que se está dejando de hacer para proteger a las niñas y niños de lo más elemental: su muerte prematura y violenta y el abandono en que les dejamos desde las instituciones del Estado.
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes sigue acéfalo. El Sistema Nacional DIF está cada vez más desarticulado y ausente; la Secretaría de Salud está rebasada en sus capacidades de atención; y el interés superior de la niñez no es un eje transversal de toda la acción del Estado mexicano.
Así, la dura realidad en que estamos nos muestra que no podemos seguir así, y que la deuda ética con la niñez sigue creciendo.
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