La Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece, en su artículo 3º, Fracción XI, que una Norma Oficial Mexicana (NOM) es: “la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes… que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación”.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Estas normas son de suma relevancia porque en la vida cotidiana le garantizan a la población que los productos y servicios que adquiere, o a los cuales accede como garantía de un derecho, cumplen con requisitos mínimos de seguridad, eficiencia y calidad.
Por eso es tan grave la determinación del Poder Ejecutivo Federal, de eliminar, sin sustituirlas por otras de mayor calidad, 35 Normas Oficiales Mexicanas, que regulan los procedimientos, criterios y estándares en materias tan relevantes como la atención del cáncer de mama, el cáncer cérvico-uterino, acceso a varios servicios de asistencia social, entre otros.
Te invitamos a leer: La persistente crisis del campo mexicano
El argumento público de la Secretaría de Salud apunta a que la propuesta es que las normas no se necesitan pues siempre se brinda atención médica para atender a la población. Pero si ese fuera el caso, entonces podrían eliminarse todas las NOM, pues cada quien, en su ámbito de actuación, podría sostener que siempre ha hecho y continúa haciendo lo que debe hacer.
El artículo 40 de la citada Ley establece en su fracciones 1ª y 3ª que las NOM tiene como finalidad establecer: “Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales”; y “Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor”.
A la luz del contenido de nuestra Carta Magna, las NOM constituyen instrumentos que facilitan la progresividad en el cumplimiento de los derechos humanos, pues su actualización permite incorporar los mejores desarrollos de la ciencia y la tecnología en el establecimiento de estándares de calidad para garantizar el máximo nivel de disfrute posible de la salud, en el caso de que se trata.
Argumentar que las NOM no son necesarias implica la más radical posición neoliberal, pues supone que los individuos y el mercado cumplirán racional y eficientemente con sus deberes; renunciando con ello a la potestad del Estado de ejercer la Rectoría en los ámbitos que puedan afectar la salud, la integridad y la vida de las personas.
Las Normas que pretenden eliminarse dejan a la población indefensa al mero criterio de las y los médicos; los hospitales públicos y privados podrían implementar los procedimientos que a juicio de sus directivos o incluso del propio personal médico sean los más apropiados, sin que la población pueda exigir un mínimo de calidad y seguridad; y con ello se abre la posibilidad de profundizar las desigualdades de trato y acceso a servicios, procedimientos y medicamentos, pero sobre todo, puede justificar que el gobierno incumpla con la garantía, por ejemplo, de surtimiento de recetas o de contar con un cuadro básico integral.
Supervisar y verificar el cumplimiento del sistema normativo son facultades irrenunciables para el Sector Público; por lo que no es aceptable que, ante la incapacidad de hacerlo, simplemente se renuncie a contar con los instrumentos normativos. En el caso de la salud, es tan grave, que eliminar la Norma valida y coloca en el mismo nivel de validez la atención que puede ofrecer un curandero charlatán, que un médico de alta especialidad. Así de grave es lo que se ha propuesto.
También te podría interesar: La discriminación en México, un factor de desestabilidad social
Investigador del PUED-UNAM
