Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Sabemos que se trata de los comicios más grandes de nuestra historia política, por el número de cargos que se elegirán, y más allá o más acá de la relevancia cuantitativa, la movilización del próximo 6 de junio puede ser determinante para nuestro desarrollo y futuro democrático. ¿Qué papel tienen las plataformas electorales?
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En el caso de la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ¿qué están buscando los partidos y sus representantes?, ¿cuáles son sus iniciativas clave para el próximo trienio?, ¿qué acuerdos promoverán para sacar adelante sus ideas de cambio? Es difícil tenerlo claro, aunque se intente prestar atención.
Las campañas que están llegando a su fin emiten una cacofonía de mensajes, unos más desagradables que otros, pero es casi imposible hacerse una idea aproximada de lo que buscan difundir sobre la tarea legislativa para los siguientes años.
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Sin duda en las elecciones locales hay un grano más fino. Están de por medio 15 gubernaturas, 1063 diputaciones en los congresos estatales, y 1925 ayuntamientos (y alcaldías, en el caso de Ciudad de México), y muchas de las personas que se juegan esos cargos están tratando de convencer a su electorado con propuestas concretas. Por cierto, no he visto eso en los distritos y municipios en los que soy testigo directo.
Por lo general, las campañas son ingratas, poco propicias para divulgar ideas y propuestas, dependen de frases breves y efectistas. Ya era así antes de que las redes socio digitales y los llamados estrategas electorales acabaran por imponer el modelo dominante de la competencia electoral. Por eso hasta resulta extraño recordar que hay una plataformas concebidas como el sustrato programático de las disputas electorales.
Las plataformas son obligatorias, no optativas, se registran y aprueban como la base de lo que deben sostener los candidatos, y como manifestación del proyecto nacional que defienden los partidos. Contienen lo que se quiere discutir y exponer en las actividades previas a la elección. Sin embargo, algunos partidos ni se acuerdan de dar a conocer sus plataformas, a pesar de la difusión que lleva a cabo el INE.
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Ante la experiencia cotidiana de las campañas electorales, ante la política real, puede sonar tan ingenua como trasnochada la idea de que estas se basen en plataformas y declaraciones de principios. Puede ser, pero no tendría que ser así. De entrada, una buena formulación programática puede ser presentada y defendida de manera atractiva y efectiva, y eso se ha visto en los últimos años en otras partes.
Presentar propuestas y diagnósticos no es un requisito más, un engorro burocrático que se le exige a los candidatos para permitirles ir a las campañas, sino la muestra de que los partidos son entidades de interés público, son instituciones encaminadas a la transformación social, al desarrollo, y a la promoción y fortalecimiento de la democracia. Al paso del tiempo, por lo visto, nos hemos acostumbrado a que los candidatos hagan caso omiso de lo que dicen sus plataformas, no solo durante las campañas, sino también en el desempeño de los cargos para los que fueron elegidos. Ahí están los documentos, consultables fácilmente en el sitio del INE
No puede decirse que falten planteamientos, los hay, e incluso hasta se podría armar un ambicioso proyecto de cambio con elementos de plataformas diferentes.
Sin embargo, en sus plataformas algunos partidos obviaron la profunda crisis en la que continuamos, y sus textos pasan de largo por la pandemia, las urgentes necesidades de reforma a las instituciones de salud, las complejas perspectivas del desarrollo, las medidas para activar una genuina recuperación, entre otros grandes vacíos.
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Además, lo que menos se encuentra en sus documentos electorales son las acciones que piensan desarrollar, desde la Cámara de Diputados, para sacar adelante sus responsabilidades parlamentarias.
Solo un ejemplo de tantos: acerca de la necesidad de fortalecer las capacidades públicas de inversión, servicios de salud y educación, acción climática y otras. Los partidos voltean a otro lado o hablan de asuntos específicos, pero no de la reforma hacendaria.
Hay que discutir una nueva coordinación fiscal entre la Federación y los estados, cierto, pero eso no reemplaza el debate sobre los ingresos públicos, que debe ir primero.
Las campañas electorales están terminando y las plataformas servirán para la consulta, para historiadores e investigadores. Sirvieron muy poco para lo que se pensaron y para lo que deberían ser útiles: para promover ideas y propuestas de interés público.
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* Enrique Provencio Durazo: Es integrante del Comité de Evaluación Externa del Centro de Investigación en Geografía y Geomática Jorge L. Tamayo, Centro GEO, y del Órgano de Gobierno del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), ambos del sistema del Sistema de Centros CONACYT. Ha sido integrante de la Junta de Gobierno de El Colegio de Sonora; así como director de la revista Economía Informa de la UNAM (1990-1993). Fue integrante del Comité Editorial de la revista Investigación Económica de la Facultad de Economía de la UNAM. Fue constituyente de la Ciudad de México. Actualmente es Investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, y co-coordinador del proyecto “Informe del desarrollo en México”.
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