Las Reformas pendientes para la diversidad.Retos de la LXIX Legislatura en Durango

Imagen tomada de internet sin ánimo de lucro

El pasado 6 de junio se llevaron a cabo las elecciones de diputados locales en el Estado de Durango, contándose con una participación ciudadana de un 42%[1], obteniendo el mayor número de votos la Alianza “Va Por Durango” conformada por el PAN, PRI y PRD. Sin embargo, dentro de sus propuestas fueron pocas o nulas las que contemplaron la diversidad y, sobre todo, que hablaban de las reformas inclusivas para garantizar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ en Durango.

sigue al autor Claudia Elisa Martínez Castillo en Twitter: @ClaudiaMCstillo

En el Mes de la Diversidad, el trabajo de las asociaciones civiles se ha centrado en lograr la aprobación del matrimonio igualitario reformando el Código Civil vigente -y con ello- evitar que más personas deban recurrir a la figura del Amparo para el reconocimiento de su derecho. Sin embargo, existe toda una agenda de reformas pendientes para la diversidad entre las que podemos enumerar:

La falta del reconocimiento a la identidad de género; siendo necesaria una reforma en el Código de Procedimientos Civiles y el Reglamento del Registro Civil en Durango, armonizando la legislación local con la Constitución, Tratados Internacionales y las recomendaciones de la Corte IDH que obligan al Estado a que: todos los procedimientos de rectificación de actas de nacimiento por cuestiones sexogenéricas se realicen a través de procedimientos administrativos gratuitos, rápidos y no victimizantes. Situación que en Durango no sucede, ya que se obliga a las personas trans a promover un juicio en donde tienen que acreditar su identidad. En este sentido resulta necesario señalar que para la garantía íntegra de este derecho es necesaria la promulgación de la Ley de Identidad Sexogérica del Estado de Durango, que reconozca y garantice los derechos de las personas e infancias trans.
Reconocimiento de la adopción homoparental y de las personas de la Comunidad LGBTTTIQ+ como parte del Derecho del Bienestar Familiar; lo cual incluye que no necesariamente personas se encuentren casadas o en unión libre, sino que cubran los requisitos establecidos por la Institución correspondiente, puedan adoptar en igualdad de circunstancias.
Derecho a la salud pública, a través de la garantía en el sistema local de tratamientos hormonales cirugías de reasignación de sexo y estudios médicos que les permitan una vida digna y acorde a su identidad y expresión de género. En este sentido, la integración de Protocolos de atención médica para la población LGBTTTIQ+ en atención a las necesidades específicas de cada grupo poblacional a nivel local y que se implementen en las diversas unidades médicas del Estado y no sólo en las Institucionales Nacionales como el IMSS o el ISSSTE.
El ocultamiento del elemento de sexo en las licencias de manejo y otros documentos expedidos por el Estado, tal y como sucede con las credenciales de elector expedidas por el Instituto Nacional Electoral desde 2020, ello a fin de garantizar la expresión de género y evitar la discriminación o el señalamiento cuando no exista una con concordancia.
Aumento de penas y sanciones ante ataques por razón de género la cual pueda aplicar no solo a ciudadanos, sino a todas aquellas autoridades que -durante el ejercicio de sus actividades- cometan un acto discriminatorio y violatorio de Derechos Humanos.
La expedición de la Ley de Regulación, Supervisión y Monitoreo de campañas publicitarias que promuevan a la inclusión y el respeto a la diversidad a partir de la ruptura de estereotipos y prejuicios vinculados con el binarismo de género y, sobre todo, que perpetúen las relaciones negativas de poder entre lo femenino y masculino.

Todo ello implica, además, una capacitación a los servidores públicos a fin de modificar conductas que históricamente han colocado en desventaja a los grupos LGBTTTIQ+ y que han promovido su aislamiento y rechazo. Además, la generación de acciones afirmativas estatales como el fomento a la contratación laboral, a los créditos de emprendedores, a la desaparición de terapias de conversión, la adecuación de protocolos en instituciones educativas; en fin, un sin número de acciones que de realizarse colocarían a Durango en la vanguardia de los Derechos Humanos. Sin embargo, las legislaciones anteriores se han escudado en un rechazo a la sociedad a la aprobación de estas iniciativas, especialmente la del matrimonio igualitario, sin que se hayan realizado ejercicios de Parlamento Abierto o consultas que respalden las decisiones de unos cuantos.

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El congreso local estará conformado por 15 diputados de mayoría relativa y 10 diputados de representación proporcional de los cuales solo el 1% pertenece a la comunidad LGBTTIQ+. Sin embargo, debemos destacar que los pocos pasos que se han dado para la inclusión y respeto a la diversidad, se han realizado desde las bancadas del PRD y el PRI, los cuales actuaron en conjunto en estas elección. Sin embargo, ello no garantiza que en el ejercicio de sus funciones legislativas suceda lo mismo, especialmente cuando se han presentado diferencias y rupturas a partir de las entregas de constancias electorales.

Con un futuro incierto y una lucha legal por delante, lo cierto es que la comunidad LGBTTIQ+ seguirá buscando más espacios y luchando por la expedición de leyes que garanticen sus derechos y, sobre todo, que reconozcan el Bloque Constitucional existente sin necesidad de amparos ni otras figuras jurídicas; se avecina una lucha interesante para el 2022 donde cada vez más candidatos y exigencias de la sociedad buscarán figurar en el escenario político de Durango.

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Claudia Elisa Martínez Castillo Abogada litigante y comunicóloga especialista en género, Derechos Humanos, derecho civil y marketing político. Actualmente, cursando el Doctorado Institucional en Derecho del Programa Nacional de Posgrados de Calidad CONACYT, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). Docente en la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Durango (UAD) y asesora jurídica en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. Ha participado como ponente, tallerista y capacitadora en temas de feminismo, género, diversidad y derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Miembro de la mesa directiva del Consejo de Empresarios Jóvenes “CEJ Durango” A.C.; Consejera del Consejo Estatal Ciudadano de Durango con incidencia; Consejera suplente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Durango (CEDH) y Consejera suplente del Consejo Municipal Electoral de Durango.

[1] Cfr. https://www.prepdurango2021.mx/diputaciones

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