Las asimetrías que existen entre la economía norteamericana y la mexicana son inmensas; una de sus dimensiones se encuentra, por ejemplo, en los niveles de ingreso promedio que tienen las familias en ambos países. En México, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), estimó que el 44.5% de la población ocupada tenía ingresos por debajo del valor de la canasta alimentaria, es decir, eran ingresos por debajo de la línea de la pobreza extrema.
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Este solo indicador, permite poner en perspectiva los niveles de diferencia que existe entre lo que en México se considera como pobreza multidimensional, y las condiciones que en EU se consideran para determinar cuándo una familia estaría en esa circunstancia. En efecto, en el sitio www.povertyusa.org puede leerse lo siguiente, respecto de quiénes viven en la pobreza:
“Todos aquellos con ingresos por debajo del umbral oficial de pobreza del gobierno federal, que para una familia de cuatro personas es de unos $24,000 (dólares mensuales). Las personas que trabajan por un salario mínimo, aun con pluriempleo. Las personas mayores que viven de ingresos fijos. Los asalariados que, de pronto, se quedan sin empleo. Millones de familias en todas partes tanto en nuestras ciudades como en las comunidades rurales”.
Ahora bien, el nivel del salario para las y los trabajadores en el territorio de nuestro principal socio comercial, son mucho más elevados que los salarios vigentes en México. De acuerdo con el nuevo incremento anunciado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en el 2021 el salario mínimo general en el país será de 123.22 pesos por día (alrededor de 6.16 dólares, considerando un tipo de cambio de 20 pesos por dólar).
En contraste con lo anterior, a pesar de que hay variaciones relevantes entre los estados de la Unión Americana, las diferencias son mayúsculas. Así, por ejemplo, en el estado de Florida, el salario mínimo vigente en el año 2020 fue de 8.56 dólares por hora; en Illinois, de 9.25; el de Arkanzas es de 10 dólares por hora; en Alaska, fue de 10.19; mientras que en estados como Maine y Arizona fue de 12 dólares por hora. Es importante decir que estos datos son promedios estatales y que hay ciudades como Nueva York donde el salario mínimo es de 15 dólares por hora.
Tomando el nivel más bajo, que es el promedio del estado de Florida, una trabajadora o trabajador que en México recibe un salario mínimo, no alcanza, por una jornada de ocho horas, ni el equivalente al nivel de una hora trabajada por una persona que lo hace en aquel lado de la frontera. De esta forma, si se comparan una jornada promedio de salario mínimo en México, con una del estado de Florida, la diferencia es de 11.11 veces más allá que lo que se percibe de este lado del Río Bravo.
Sobre el tema, destaca la valoración que el titular del Ejecutivo Federal ha hecho respecto de las remesas que envían las y los mexicanos que viven y trabajan en los EU a sus familias en México. La posición es la misma que han asumido los gobiernos anteriores: se les da a las personas migrantes un trato discursivo de “héroes”, y se subraya la solidaridad y compromiso con nuestro país.
Sin embargo, esa posición contribuye a continuar ocultando la realidad relativa a que la economía mexicana no logra, vía el empleo formal, garantizar ingresos y prestaciones dignas para toda la población económicamente activa; y desde esta óptica, que el incremento en el monto de las remesas es una respuesta al llamado desesperado de millones de familias cuyos ingresos se han reducido drásticamente en la pandemia.
El hecho de que en 2020 hayan ingresado alrededor de 40 mil millones de dólares por remesas familiares, habla de la profunda fragilidad de la economía nacional, pues, sin ese dinero, habría muchos más hogares empobrecidos o en proceso de pérdida de parte de su patrimonio, es decir, de sus bienes durables (principalmente electrodomésticos y vehículos de motor), e incluso en los casos más extremos, de sus viviendas.
Por otro lado, no debe perderse de vista que a pesar de la inmensa cantidad de recursos recibidos en el país, las remesas están concentradas en pocas entidades de la República; por ejemplo, los datos del Banco de México muestran que, de enero a septiembre del 2020, los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato concentraron el 28.78% de las remesas familiares recibidas en el país; es decir, de cada 100 dólares que llegaron a México por esta vía, casi 29 se concentran en esos tres estados de la República.
Por su parte, siete entidades más concentran el 32.63% de los envíos de las remesas, en los que, en los primeros tres trimestres del año, se habían rebasado los mil millones de dólares, en cada uno de ellos, los cuales son, en orden descendente de magnitud: Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí.
Estos datos significan que el 61.4% de las remesas familiares que ingresan al país, llegan a 10 entidades de la República, que si bien algunas de ellas son de las más densamente pobladas, no concentran a una proporción similar de población.
Ahora bien, es relevante destacar que, de acuerdo con los datos del INEGI, el 15.4% de los ingresos totales de los hogares, antes de la pandemia (2018), provenían de las transferencias, es decir, de recursos tanto públicos, como de fuentes precisamente como las remesas. Es interesante observar que los estados con mayor proporción de ingresos de los hogares por transferencias son Zacatecas, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, Colima, Chiapas y Tamaulipas.
Es decir, entre los 10 estados con mayor proporción de hogares que dependen de las transferencias de ingresos, no se encuentran los principales estados receptores de las remesas, lo cual indica la enorme dependencia de las poblaciones más pobres en estos territorios, de los recursos que reciben de los gobiernos, principalmente del gobierno de la República.
De esta forma, si hay entidades donde uno de cada cinco pesos que reciben los hogares provienen del sector gubernamental, esto indica al mismo tiempo el enorme déficit de ciudadanía que se mantiene en el país, pues no puede haber una ciudadanía activa y plena, participativa y políticamente movilizada para la exigencia de sus derechos, cuando la preocupación principal está en lograr la supervivencia diaria.
El INEGI dio a conocer esta semana los resultados del Índice de Confianza del Consumidor; en el cual, todas las perspectivas económicas respecto de la capacidad de compra y gasto de los hogares se presenta a la baja, respecto del 2020; la CEPAL estima en 3% o menos el crecimiento económico del país para el 2021; y prácticamente todos los indicadores, ahora que atravesamos el peor momento de la pandemia, muestran que la recuperación del empleo digno será lenta, pero, sobre todo, dolorosa. Urge, por donde se vea, una nueva estrategia de desarrollo para el país.
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