La Presidencia de la República ha anunciado un plan actualizado para llevar a cabo la aplicación de vacunas contra la #COVID19. Se estima que a mediados de abril de este 2021 se tendría cubierta a toda la población mayor de 65 años, con la optimista perspectiva de que esto permitirá reducir en hasta 80% la mortalidad por COVID19. También se espera que en marzo de 2022 se tendrán vacunados a 94 millones de personas mayores de 16 años.
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La Organización Mundial de la Salud ha alertado que, a pesar de lograr amplios niveles de vacunación, será muy difícil regresar pronto al estilo de vida que teníamos previo a la aparición del virus del SARS-COV-2, por lo que el uso de mascarillas, lavado de manos y el distanciamiento social seguirán siendo necesarios como medidas de prevención de más enfermedad y muerte.
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En este escenario, el horizonte de la vacunación universal para mayores de 16 años es literalmente de un año. ¿Qué debería pasar entonces? Los resultados del Censo 2020 indican rutas claras para la intervención del gobierno a través de cinco tareas prioritarias que deberán reflejarse en la estructura presupuestal, tanto de este año, como de los que le restan a la administración federal. Tareas que deben acompañar a las elativas a la reducción de la inseguridad y la pobreza.
Desde esta perspectiva, la primera gran meta debería ser garantizar la cobertura universal de acceso al agua potable. No es aceptable que México siga siendo un país donde una de cada cuatro viviendas carece de una llave al interior de su construcción para acceder al agua limpia, más aún considerando que se trata de uno de los derechos humanos fundamentales consagrados en el texto constitucional.
La segunda gran tarea se encuentra en lograr que en todas las viviendas donde aún se cocina predominantemente con leña se le sustituya como principal combustible doméstico. En el 2018, en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares se identificó que alrededor del 14% de las viviendas tenían esa característica, lo cual implica una alta incidencia de enfermedades respiratorias de mujeres, niñas y niños.
La tercera línea de acción se encuentra en la urgente erradicación del hambre y una sustantiva reducción de las tasas de obesidad. Se requiere de una nueva estrategia de seguridad alimentaria y de garantía del derecho a la alimentación que nos lleve a tener cero hogares con niñas y niños con hambre y a reducir al menos a la mitad, en los siguientes cuatro años, el número de niñas y niños obesos o son sobrepeso. Avanzar en ambos frentes permitiría reducir las otras epidemias: la de la diabetes y la hipertensión, las cuales provocan, en conjunto, alrededor de 250 mil defunciones por año, además de las decenas de miles de casos de discapacidad como consecuencia de estos padecimientos.
Un cuarto frente de intervención prioritario debe ser el mejoramiento de las precarias condiciones de equipamiento de los hogares, fundamentalmente en lo relativo a la disponibilidad de refrigerador y tecnologías para el aprendizaje, pues, en el escenario que enfrentamos, no puede seguirse confiando sólo en la televisión y la radio. Si en los siguientes años continuaremos, quizá con modelos híbridos de enseñanza, es urgente lograr que la mayoría de los hogares tengan acceso a computadoras e internet; y avanzar decididamente hacia la alfabetización digital, desde una perspectiva centrada en los derechos de la niñez.
Finalmente, una quinta línea de acción es garantizar la vacunación universal para todas las niñas y niños menores de cinco años; y lograr cobertura universal en todas las adolescentes en materia de prevención del cáncer de cérvix.
La pandemia nos enseñó que no hay política social que permita reducir la desigualdad y la pobreza sin pleno empleo en condiciones de formalidad y dignidad salarial, por lo que, en el centro de la discusión política del país, debe estar cómo logramos un nuevo estilo de desarrollo para la igualdad y el bienestar universal en México.
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Investigador del PUED-UNAM
Frase clave Las vacunas y cinco tareas prioritarias
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