Debacle legislativa y democrática

Lo ocurrido entre el miércoles 27 de abril y la madrugada del sábado 29 en el Poder Legislativo al cerrar el periodo ordinario de sesiones, es un desastre que condensa la deriva que ocurre en México. Lo es para la división real de poderes y la capacidad de alcanzar acuerdos plurales, para ordenar con racionalidad la gestión pública, recuperar el acceso a la información y la transparencia, poner un alto a la militarización y para ejercer la función legislativa de forma independiente. Es, en resumen, un paso más en la debacle democrática que estamos viviendo.

Escrito por:  Enrique Provencio D.

 No fue solo el típico desarreglo y apresuramiento de los últimos días de sesiones, cuando se acumulan los dictámenes, las jornadas se prolongan y el reloj se suspende, los legisladores se desvelan y atropelladamente mandan sus minutas a la cámara revisora, luego de meses en los que se fueron posponiendo los trabajos de las comisiones, o llegaron iniciativas de última hora que fueron mal estudiadas o se llevaron a la aprobación del pleno sin dictamen previo. Fue todo esto, sin duda, como es la mala costumbre, signo y seña de la precariedad legislativa, del fracaso actualizado de la función central del constituyente permanente.

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Tampoco fue novedad la incapacidad de alcanzar acuerdos, de procesar las propuestas recibidas por el Congreso o las que presentan los propios diputados y senadores, de trabajar en función del interés colectivo y debatir con argumentos, con evidencias y con el mejor conocimiento discernible y disponible, de estudiar los marcos jurídicos comparables, de enmendar los problemas de argumentación de las exposiciones de motivos, de poner a prueba los criterios de factibilidad presupuestal de las iniciativas y dictámenes.

Ocurrió todo lo anterior, por supuesto, pero en este caso el lamentable cierre del periodo ordinario fue resultado inmediato de la decisión de un grupo parlamentario de neutralizar a un órgano del Estado, ni más ni menos. La función de aprobar o reformar le legislación fue víctima del deseo expreso de la mayoría parlamentaria por anular de facto el derecho a la información y a la transparencia, al plegarse a las instrucciones para dejar incompleto el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que este no pueda sesionar ni sea capaz de seguir ejerciendo sus funciones constitucionales.

Ya días antes una ministra, incondicional del Presidente, había negado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posibilidad de que el INAI pudiera trabajar con cuatro de sus siete comisionados, y el 27 de abril los senadores morenistas se negaron a nombrar a un nuevo integrante de dicho pleno para que pudiera funcionar con regularidad el órgano autónomo que tutela el derecho a la transparencia y el acceso a la información. Hicieron eco de la postura presidencial contra uno de los órganos autónomos, basada en la falsa razón de que el INAI no acabó con la corrupción y distrae fondos presupuestales que se deben dedicar a la población.

Al calor de la opereta el propio presidente del Senado presentó una iniciativa para extinguir el INAI, de tal modo que fuera asimilado por la Secretaría de la Función Pública, como olvidando que la Constitución establece que “La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna”.  El presidente del Senado proponiendo violentar la Constitución a través de un cambio en la legislación secundaria.

A partir de ahí se desencadenó una opereta que terminó con la mayoría de Morena y sus aliados en una sede alterna entre la noche del día 28 y la madrugada del 29 de abril, luego de reunirse con el Presidente, quien los urgió y alentó a la aprobación de los asuntos pendientes. Ahí, en el patio del antiguo Senado, acometieron un orden del día con 95 dictámenes a discusión y votación, además de 14 de primera lectura y los demás trámites usuales  https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/ .  Mientras tanto, la oposición seguía ocupando la sala principal de esa cámara, como reacción a la negativa a nombrar a un nuevo comisionado al Pleno del INAI, pero también, a esas alturas, como respuesta a lo que se apreciaba como una ruptura de las prácticas legislativas.

Lo que aprobó la fracción mayoritaria de senadores esa noche no fue bisutería. Lo mismo se sancionó la extinción de organismos públicos, como el INSABI o la financiera rural, que las reformas a la ley de minería, la autorización para que las fuerzas armadas operen una empresa de aviación y el Tren Maya, la nueva ley de ciencia, entre muchos otros asuntos clave para el funcionamiento de diversas áreas críticas del país, que demandaban, por lo menos, una revisión detenida en comisiones y en el pleno senatorial. Pasaron temas clave sin más trámite, despachados apresuradamente, junto con otros que ya habían sido aprobados a contrarreloj en la Cámara de Diputados, con dictámenes precarios que reprodujeron iniciativas y exposiciones de motivos que en la mayoría de los casos contenían argumentos contradictorios o falaces.

Los senadores de Morena y sus aliados proyectaron su sesión de la noche del 28 y la madrugada del 29 de abril en clave de gesta histórica, de lealtad patriótica con el Presidente. La oposición la cuestionó como una irregularidad, que dará paso a controversias constitucionales. En la lógica de la polarización, seguramente el Presidente sostendrá que sus propuestas pasaron a pesar de la resistencia conservadora de los senadores que boicotearon el funcionamiento regular de esa Cámara.

Lo que también puede olerse en este lamentable episodio, es el tufo de la descomposición democrática, el retroceso en la división de poderes, la decisión deliberada de violentar las normas básicas de la convivencia constitucional, la voluntad de acelerar la implantación de medidas y decisiones que no resisten la argumentación y que se promueven sin soportes racionales. Por eso se puede decir que se trata de una debacle legislativa y de la democracia.

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