El reto de instrumentar la vorágine legislativa

Al gobierno del presidente López Obrador le quedan 36 días naturales. A juzgar por lo que se discute públicamente, la decisión del presidente ha sido concentrar toda su energía en concretar las reformas constitucionales que ha propuesto y que parece ser que serán aprobadas con relativa facilidad por la Legislatura que tendrá la responsabilidad de tomar las principales decisiones jurídicas del país para los próximos años.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

En ese sentido, el primer gran reto que habrá de enfrentar la presidenta Sheinbaum es instrumentar un proyecto que, por lo que se sabe, aunque comparte, no diseñó ni necesariamente imaginó en su génesis. Por lo que habrá de enfrentar enormes retos para conciliar las visiones que existen en lo jurídico; pero, sobre todo, al momento de que operen en el ámbito institucional.

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En el caso de la reforma al Poder Judicial de la Federación habrá adicionalmente un reto particular, pues, aunque es una reforma propuesta por el Ejecutivo, en realidad su instrumentación será llevada a cabo por un Poder que, al menos en teoría, deberá funcionar administrativa y orgánicamente de forma independiente al Ejecutivo y al propio Congreso. Esta característica hace pensar en una singular complejidad que, por el bien del país, es mejor que se lleve a cabo de manera ordenada y eficaz, porque lo que está en juego es mucho más que “intereses creados” como ha dicho el presidente López Obrador, sino la libertad, el patrimonio e incluso la vida de miles de personas.

Por otro lado, las reformas legales y constitucionales que están en marcha obligarán a muy importantes ajustes tanto presupuestales como funcionales al interior de las dependencias. Y aunque habrá funcionarias y funcionarios que ya cuentan con la experiencia de la presente administración, tendrán que ajustar sus actuaciones y decisiones al estilo personal de la dra. Sheinbaum; a sus propias visiones y posiciones; pero al mismo tiempo, a las coyunturas y los dilemas que tendrán que enfrentar en la coyuntura.

El tiempo que requerirán para conocer a sus dependencias; y, sobre todo, para ordenar la enorme desorganización que se percibe al interior de las mismas, será al menos de seis meses. Y ese es un tiempo muy largo para un país que tiene las urgencias y prioridades que tiene el nuestro. 

Preocupa que los primeres meses, quizá los primeros dos años del gobierno, tengan que invertirse en la implementación de reformas que la presidenta no decidió; y que no necesariamente se han hecho con base en diagnósticos convincentes respecto de que habrán de mejorar sustantivamente las condiciones de vida de las y los mexicanos. En ese sentido, la enorme expectativa que se ha generado mediáticamente respecto de que son estas las reformas que reconducirán al país al bienestar y el desarrollo podrían muy rápidamente enfrentarse con el muro de la realidad y generar un importante desencanto ciudadano.

Las restricciones presupuestales autoimpuestas por la negativa del partido en el poder de llevar a cabo una reforma fiscal, y las que surgirán de la responsabilidad de implementar las reformas mencionadas, reducen de manera sumamente importante los márgenes de la Presidenta para tomar decisiones y para establecer y mantener los equilibrios que se necesitan par aun gobierno estable y eficaz.

Eventualmente aprobadas las reformas prioritarias que se discutirán todo el mes de septiembre, comenzará el complejo proceso de diseño y aprobación del presupuesto; tarea que implicará una dura negociación con los estados de la República, con los cuales la presidenta tendrá el primer proceso de negociación real a través del cual se enviarán señales de dónde están las prioridades o preferencias regionales de la Dra. Sheinbaum.

Entre el realismo político y la compleja administración pública, que es una maquinaria no sólo lenta, sino con enormes márgenes de discrecionalidad e ineficacia, la presidenta Sheinbaum habrá de iniciar un gobierno del que se espera todo, y el cual tiene la responsabilidad ineludible de conducir a México hacia una nueva etapa de prosperidad y bienestar sustentados en la garantía universal de los derechos humanos y las libertades.

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