por Eduardo Guerrero
Si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal. Así parece ser en los últimos tiempos en materia de seguridad. En lo que va del mes ya se registraron tres eventos de violencia de la mayor gravedad.
Primero una serie de hechos violentos en Sinaloa dejaron 34 muertos, incluyendo un enfrentamiento entre sicarios y autoridades en Villa Unión, una localidad cercana a Mazatlán. En dicho enfrentamiento resultaron heridos cinco elementos policiales y fueron abatidos 17 presuntos delincuentes (la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa ya investiga una posible ejecución extrajudicial). Posteriormente se registró un enfrentamiento entre dos grupos criminales en el municipio de Madera, la zona serrana del occidente de Chihuahua, con saldo de 15 personas fallecidas. Finalmente, el jueves de la semana pasada tuvo lugar una riña en el infame penal de Las Cruces, en Acapulco, donde perdieron la vida 28 internos. La misma historia que en otras tragedias al interior de centros de readaptación, donde grupos rivales terminan por pelear a muerte el ‘control’ de las instalaciones.
Lo más preocupante es que los primeros dos eventos –los enfrentamientos en Villa unión y en Madera– apuntan a una creciente conflictividad en las regiones de operación del Cártel de Sinaloa, y hacen que el riesgo de un conflicto a gran escala entre los hijos de El Chapo y una coalición de grupos rivales parezca cada vez más probable. Dicho conflicto sería desastroso en un contexto de cierre de sexenio que ya se anunciaba muy difícil en materia de seguridad. No hay que olvidar que el rompimiento en 2008 entre el Cártel de Sinaloa y la organización de los Beltrán Leyva generó una enorme espiral de violencia, con varios miles de muertos.
Ahora bien. Más allá de la difícil situación que reflejan los tres eventos de violencia de alto impacto de los últimos días, es necesario hacer una acotación: los gobiernos estatales han respondido de diferente forma, y dichas diferencias son reflejo de aproximaciones distintas a los desafíos de seguridad.
En un extremo tenemos el caso de Chihuahua. Uno de los tres estados que tienen una mayor importancia estratégica para el tráfico trasnacional de drogas (los otros dos son Baja California y Tamaulipas). Chihuahua fue también la entidad más duramente golpeada por la violencia del crimen organizado de 2008 a 2010. Desde entonces, en Chihuahua se ha registrado una importante labor de fortalecimiento institucional. La violencia en el estado, como en el resto del país, ha aumentado en el último año. Sin embargo, se mantiene a niveles moderados (sobre todo si se toma en consideración que el número de ejecuciones de enero a mayo de este año fue 80 por ciento menor al registrado para el mismo periodo de 2010).
A las pocas horas del enfrentamiento en Madera, la Fiscalía General del estado encabezó un operativo que permitió la captura de cinco probables responsables. El propio fiscal general del estado reconoció en entrevista que, en la sierra, la mayor parte de los municipios tienen sus policías “totalmente infiltradas” por el narcotráfico. Demandó más recursos para avanzar en las tareas de fortalecimiento institucional, y reconoció que serán necesarios muchos años para subsanar los rezagos que todavía se observan en el estado (en particular, incrementar de dos mil 400 a seis mil el número de elementos). Sin embargo, a pesar del déficit de elementos, la Policía Estatal de Chihuahua se encuentra entre las más consolidadas del país. Incluso en el contexto de una nueva ‘guerra’ entre el Cártel de Sinaloay sus rivales, el riesgo de una nueva epidemia de violencia que golpee a Ciudad Juárez o a la capital del estado es bajo.
En el extremo contrario, la masacre en el penal de Acapulco evidencia la enorme negligencia que por años ha caracterizado la actuación de las autoridades de Guerrero. El penal de Las Cruces tiene un largo historial de hechos irregulares: fugas, asesinatos, directores que son destituidos por organizar fiestas y hasta corridas de toros, cateos en los que se encuentra de todo. La tragedia de la semana pasada en Las Cruces es sólo un episodio más. La respuesta del gobierno del estado fue tardía. Originalmente se habló de un número mucho menor de muertos, lo que generó la sospecha de que se intentó ocultar o minimizar la gravedad de los hechos. También se especuló sobre una posible fuga. Las autoridades dejaron pasar tantas horas antes de informar sobre lo ocurrido, que los familiares de los internos intentaron irrumpir en el penal. Trascendió que tres custodios ‘facilitaron’ la riña. Como ya es costumbre, el gobernador Héctor Astudillo y su vocero en temas de seguridad lamentaron los hechos y prometieron investigaciones. No se avizoran, ni en el corto ni en el largo plazos, acciones que permitan recuperar un poco de la paz que tanto necesita Guerrero.
Twitter: @laloguerrero
México Social reproduce este artículo con autorización del autor para fines estrictamente de divulgación y sin ánimo de lucro. El artículo original fue publicado en el periódico El Financiero el día 10 de julio de 2017 y se puede consultar en la sigiente liga: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ley-de-murphy.html
exto publicado con autorización del Centro de Colaboraciones Solidarias
