Los periodistas y defensores de derechos siguen siendo muy vulnerables en nuestro país. Incluso en el contexto de la pandemia, los asesinatos y las agresiones por su labor persisten.
Asesinados por su labor
La organización Artículo 19, en trabajo conjunto con otras organizaciones*, presentó el informe: “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19”. Este análisis revela la gran vulnerabilidad en la que siguen viviendo los defensores de derechos y periodistas.
En el informe se reporta el asesinato de por lo menos seis periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos durante el año 2020. Siete eran mujeres y 23 hombres; y las casuas de estos homicidios están vinculadas a su labor en la defensa de derechos y al ejercicio de su profesión periodística.
Cuatro de los asesinatos fueron de personas defensoras de los derechos trans, Karla Valentina Camarena, María Elizabeth Montaño Fernández, Jeanine Huerta López y Mireya Rodríguez
Lemus. Esto convierte al 2020 en “un año particularmente crítico para la comunidad LGBTTTIQA+”; la cual aboga por los derechos de la comunidad transgénero, transexual, travesti, trabajadoras sexuales y personas con VIH.
Un ambiente deteriorado
“Aun cuando el contexto demanda el pleno ejercicio de la defensa de derechos humanos y la libre expresión, las condiciones para hacerlo se han deteriorado”, señala el informe, que presenta información de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), según la cual, 266 mujeres y 42 colectivos sufrieron alguna agresión por su labor entre enero y junio de 2020.
En cuanto a los periodistas, la información indica que estos fueron víctimas de 69 agresiones entre el 13 marzo y el 19 junio del año pasado. Estas agresiones estuvieron relacionadas con las cobertura de la pandemia: 25 fueron a hombres, 36 a mujeres y ocho a medios de comunicación. Las entidades con mayor cantidad de atentados contra periodistas fueron Ciudad de México, Puebla, Yucatán, Veracruz, Chihuahua y Coahuila.
Asimismo, ocho personas defensoras del medio ambiente fueron asesinados en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Baja California y San Luis Potosí, seis hombres
y dos mujeres.
“Al menos 5 de los asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente, responden a la labor que realizaban, en un contexto en que la COVID-19 ha profundizado las desigualdades y vulnerabilidades en las que se encuentran estas personas”, advierte Artículo 19.
Puedes ver el programa “A 10 años de la reforma en materia de derechos humanos”
Agresiones colectivas reiteradas
Señala que también se reportaron agresiones colectivas reiteradas. Un ejemplo de ello son las ejercidas por un grupo armado en contra de indígenas ikoots, en la comunidad Huazantlán del Rio, en Oaxaca; ellos han resistido más de diez años en su rechazo a la imposición de megaproyectos en sus territorios y la defensa de su sistema normativo tradicional.
De acuerdo con las organizaciones que participaron en la elaboración del informe, en el contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19 las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas mexicanos: “enfrentan nuevas condiciones de riesgo, además de limitaciones para desempeñar su labor debido a las medidas de distanciamiento social y confinamiento”.
Medidas que pueden tomarse
Se asegura que hay un deterioro de las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión. Por esto es indispensable contar con escrutinio público y controles colectivos frente a las medidas de los gobiernos que han restringido o violado derechos humanos, tales como:
-Políticas de austeridad, las cuales afectan a instituciones y fondos de atención a los derechos humanos. Por ejemplo, el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas
-Formalización del despliegue de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad.
-Un enfoque punitivo desproporcionado y las arbitrariedades cometidas por autoridades de distinto nivel.
-El uso de la fuerza para reprimir manifestaciones.
-La continuidad de las políticas de desarrollo extractivo a través de megaproyectos.
-Las medidas de control migratorio.
-La sostenida crisis de desapariciones en el país.
A través del informe, las organizaciones demandan al Estado acatar las recomendaciones internacionales sobre la protección de personas defensoras y periodistas durante la crisis por el COVID-19.
Instan, asimismo, a que las autoridades investiguen y sancionen a quienes resulten responsables de las agresiones contra personas defensoras y periodistas.
* Documento de Artículo 19, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Comunicación e información de la Mujer (CIMAC), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMDefensoras), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHMX) y Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ).
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